Javier Lorente es el responsable de Función Pública del Gobierno valenciano y, nueve meses después de aterrizar en una de las áreas más complejas (de él dependen todos los funcionarios autonómicos) tiene claro cuál es el reto al que se enfrenta: transformar la Administración para adecuarla a la realidad del siglo XXI. 

Es optimista, tiene ideas y varios proyectos en marcha. Sin embargo, el paso previo es parar, analizar y reflexionar. "Es muy importante que nos paremos un minuto a pensar lo que queremos hacer", afirma en una entrevista a EL ESPAÑOL en una semana que ha sido clave en materia de Función Pública.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, firmó este jueves con los sindicatos un gran acuerdo de legislatura. Además, también han presentado un gran plan de recursos humanos con el que pretenden mejorar la selección de personal, captar nuevos perfiles profesionales y evaluar el trabajo de los empleados públicos.

En este sentido, Lorente insiste en la importancia de que la Administración pública planifique. El primer paso es hacer un diagnóstico y analizar qué servicios será necesario prestar en los próximos años. "En la actualidad, no podemos nombrar para los próximos 35 años a un administrativo que gestione papel", explica. Además, considera que la formación es "clave". 

El presidente Carlos Mazón firmó este jueves con los sindicatos CSIF, UGT-PV y CCOO-PV un gran acuerdo en materia de función pública. ¿Cómo han sido las negociaciones?

Llevamos muchos meses trabajando para poder llegar a puntos en común, porque para las dos partes era clave que el acuerdo reflejara mejoras en el servicio público. No mejoras puntuales, por ejemplo, retributivas o de programas de teletrabajo. Pretendíamos que fuera un acuerdo amplio de cara a mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

Dicho acuerdo sienta las bases para implantar la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración valenciana, con dos condiciones: siempre que haya disponibilidad presupuestaria y que no afecte a la calidad de la prestación del servicio. 

Tenemos claro que hay que sentarse a negociar, hay que sacar números y hay que poner encima de la mesa los temas que importan a la ciudadanía y a los empleados públicos. En ese sentido, no huimos de hablar de la jornada de 35 horas ni del teletrabajo, pero tampoco huyen los sindicatos de hablar de la evaluación del desempeño o de las ausencias no justificadas y el absentismo laboral.

"Seguramente haya una parte de la jornada de 35 horas semanales que sea difícil de asumir con el presupuesto actual. Habrá que establecer estrategias económicas para ver si es posible".

Para nosotros, lo primero de todo es que exista consignación presupuestaria, dada la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, y lo siguiente, que seamos capaces de mejorar el servicio público.

Por lo tanto, dentro del marco de la evaluación del desempeño que se realizará a los empleados públicos con proyectos piloto, evaluaremos si es posible esa implantación tanto a nivel económico como de mejora de la prestación de los servicios públicos.

¿El Consell es partidario de ponerlo en marcha?

Estaríamos por labor en la medida en que mejoraran los servicios públicos y hubiera disponibilidad presupuestaria, que es lo que dice el acuerdo.

¿Han calculado el efecto presupuestario?

Ese cálculo todavía no está hecho y se hará en el marco de estas negociaciones que se inician ahora con los sindicatos. Nos sentaremos y decidiremos los plazos que nos marcamos para tener los números.

Tendremos que preguntarnos también qué plazo ponemos si hay infrafinanciación y vemos que es el coste de aplicarlo es excesivo porque seguramente haya una parte de las 35 horas que sea difícil de asumir con el presupuesto actual. Por lo tanto, habrá que establecer estrategias económicas para ver si es posible. Si no es posible, pues no se puede hacer, pero intentaremos que sea posible.

¿Se plantean aplicarlo de forma progresiva, por ejemplo, en unos cuerpos sí y en otros, no?

Es una posibilidad. Quizás en función pública es económicamente más sostenible y es más fácil que en educación o sanidad porque no tiene atención directa a la ciudadanía.

¿Cuál es el calendario?

Las negociaciones comienzan en 2024 y finalizan en 2026. Aún queda mucho margen de negociación y de trabajo.

¿Es optimista de que se llegue a un acuerdo?

Sí.

Otro de los puntos del acuerdo de legislatura es el teletrabajo. Los sindicatos han denunciado que su aplicación es desigual en la Administración valenciana, ¿cuál es la situación actual y cuál es el objetivo?

El problema del teletrabajo es que nace de la pandemia y la propia regulación refleja ese momento de la sociedad. Es un programa muy complejo, que es difícil de aplicar y que además no recoge las necesidades básicas de mejora de la prestación de los servicios públicos para la ciudadanía.

Por otra parte, el acuerdo marca que el teletrabajo tiene que ponerse en marcha en el marco de la sostenibilidad financiera porque es una inversión muy grande. Tenemos que evaluar si hoy somos capaces de prestar los servicios igual o mejor con el teletrabajo y si somos capaces de sostener financieramente todos los equipos informáticos y toda la inversión que hay que hacer.

En definitiva, la regulación del teletrabajo difiere de la realidad actual, por lo que hay que elaborar una nueva que permita establecer un nuevo sistema.

El Consell ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2024 con un porcentaje muy elevado de oposición libre y pocas plazas de promoción interna, algo que rechazaron todos los sindicatos. ¿Entiende su postura?

Los sindicatos sí que han firmado ahora, en el acuerdo de legislatura, que las ofertas de empleo público sean para reducir la temporalidad. Hemos conseguido ofertar más plazas de las que pedían los sindicatos y de las que permitía la tasa de reposición ordinaria, gracias a un estudio exhaustivo de la normativa.

La ley de presupuestos del Estado permite ampliar la oferta de empleo público siempre que se dirija a reducir la temporalidad, pero ninguna comunidad autónoma lo ha hecho, salvo nosotros.

"Tenemos que evaluar si hoy somos capaces de prestar los servicios igual o mejor con el teletrabajo y si somos capaces de sostener financieramente todos los equipos informáticos y toda la inversión que hay que hacer"

La propia esencia de la reducción de la temporalidad tiene que ser oposición por turno libre, porque la promoción interna no reduce la temporalidad y la tenemos cubierta con la tasa de reposición ordinaria. Hay que tener en cuenta que los porcentajes de aprobados en promoción interna son inferiores a las plazas ofertadas.

Además, el turno libre permite que haya incorporación de nuevo personal y que le digamos a la ciudadanía que hay plazas para todos, que entre el número de jubilaciones y la alta temporalidad que tenemos, hay plazas de sobra para todos.

¿Cree que el futuro de las oposiciones tiene que ir en esa dirección, sin tanto peso para los méritos?

La propia ley lo marca, no es que lo piense yo. La ley establece un porcentaje del 40% de promoción interna, que está bien. El otro 60%, marca que la oposición libre es prioritaria.

¿El principal problema de la Administración pública valenciana es la temporalidad?

A nivel de gestión de personas, sí, porque la temporalidad afecta directamente a la estabilidad en el empleo y en crear equipos, en conseguir sacar proyectos a largo plazo. Necesitamos reducirla por debajo del 8%, tanto porque lo marca la Unión Europea, como porque permite una mejor gestión de los servicios públicos.

¿Cuál es el porcentaje de temporalidad actual?

Estamos cerca de un 50%.

Eso hace prácticamente imposible cumplir con el plazo marcado por Europa de que sea inferior al 8% antes del 31 de diciembre de 2024.

Claro, no lo vamos a cumplir, porque las ofertas de estabilización impuestas por la ley 20/2021 del Estado están dirigidas a plazas que pueden ocupar otros funcionarios. No está dirigida a estabilizar a interinos, sino a estabilizar puestos. Y resulta que el 50% de los aprobados en esos procesos de estabilización por ahora están siendo ya funcionarios de carrera de cuerpos más bajos.

Es decir, ¿personas que tenían una plaza se han presentado a los procesos de estabilización, han aprobado y sus plazas han sido cubiertas con interinos? 

Efectivamente, se ha hecho promoción interna encubierta sin examen. Por ejemplo, funcionarios del grupo A2 han aprobado A1 sin hacer el examen de promoción interna, pero por estabilización [méritos] han aprobado. Entonces no se ha reducido la temporalidad.

¿Cuántos años tardará en cumplirse el objetivo del 8%?

Calculo que con la Oferta de Empleo Público de 2026 que finalizarán 2027, ahí ya deberíamos estar por debajo del 8%.

¿En esas ofertas se seguirá el modelo de este año?

Sí. Eso hemos acordado con los sindicatos. El propio acuerdo dice que el objetivo prioritario es reducir la temporalidad. 

¿Serán más de mil plazas anuales?

Sí.

En cuanto a la selección de personal, uno de los problemas a los que se enfrenta la actual Administración es el envejecimiento de las plantillas. ¿Cuál va a ser la estrategia para captar talento joven y nuevos perfiles profesionales?

Sí, la media de edad es de 59 años. Lo primero es hacer oposición libre para atraer a graduados universitarios interesados en el servicio público y transmitir el mensaje de la virtud que tiene el servicio público frente a otras salidas profesionales del sector privado.

Además, tenemos que establecer sistemas que se adapten a la actualidad. Ya no se centra única y exclusivamente en la memoria y en estar tres años estudiando la oposición. Ahora el sistema mide competencias, mide capacidades, mide destreza.

"Vamos a analizar cómo estamos trabajando hoy, en qué podemos mejorar y, posteriormente, evaluaremos. En esas evaluaciones hay que motivar al empleado público. Los mejores podrán tener promoción profesional y a los peores habrá que formarlos"

Ya se han puesto en marcha dos proyectos piloto, que empezaron en la legislatura anterior y los hemos mejorado. Hemos establecido, por lo pronto, arrancar en nada la comisión de selección permanente en la que incorporaremos psicólogos.

Analizamos, desde el punto de vista de la selección del personal, no sólo la memoria, a la que le damos toda la importancia que tiene, pero además analizamos el trabajo en grupo, la capacidad de análisis, la toma de decisiones en situaciones complicadas y le sumamos la realidad de cómo se trabaja en el puesto, con unas prácticas.

¿Si los resultados de estos proyectos piloto son positivos, prevén ampliarlo a otros cuerpos?

Sí, pretendemos ampliarlo en el futuro, cuando ya sepamos cuál es el sistema y cómo poder trasladarlo a otros cuerpos, queremos ampliarlo.

¿Será en esta legislatura?

Es probable.

El plan de recursos humanos señala la motivación de los empleados públicos como un aspecto fundamental, ¿cómo van a trabajar en este sentido?

Para nosotros es muy importante que los empleados públicos estén motivados en aportar valor público y servicio público. Este plan pretende un impulso y una dinamización de los servicios públicos a través de muchas medidas. Una de ellas, será la evaluación del desempeño, quién trabaja mejor y quién tiene que mejorar a través de la formación, pero no queremos centrarlo en el control del trabajo de los funcionarios públicos.

De hecho, dentro de esa evaluación del desempeño, tendremos muchas herramientas. Una será, por ejemplo, la carrera profesional, la promoción de los propios empleados podrá ser por mérito. Además, podrá controlarse el absentismo laboral o las ausencias en la jornada no justificadas y también establecer sistemas de formación que permitan que mejoremos en ciertas áreas.

Sobre todo lo que pretende la Generalitat es dotar de las mejores herramientas a los funcionarios para que lo puedan hacer lo mejor posible. También somos conscientes de si no damos los medios, es difícil ser los mejores.

¿A qué medios se refiere?

A medios de digitalización, de formación, de mejora de los equipos. Al final, la Administración tiene un compromiso con sus propios empleados públicos, porque tiene un compromiso con la ciudadanía para prestar los mejores servicios. Y es todo una cadena, vamos todos de la mano, las organizaciones sindicales incluidas.

Vamos a impulsar y dinamizar el servicio público a través de las mejoras de las condiciones de trabajo de los propios empleados, pero también evaluando lo que falla. Vamos a ver si somos los mejores trabajando. Tenemos que medirlo.

Hay un decreto aprobado sobre la evaluación del desempeño al que le daremos una vuelta y después pondremos en marcha un proyecto piloto que, por cierto, evaluará si podemos implementar la jornada laboral de 35 horas o el teletrabajo.

¿Puede avanzarnos algo de este proyecto?

Sobre todo lo que no queremos es que parezca que son medidas de control. Son medidas de impulso, de dinamización, de mejora. Evidentemente dentro de esa evaluación que haces, como tienes que medir, puede parecer que haya más controles pero no es lo que se pretende. El objetivo es el impulso y la dinamización del servicio público.

Vamos a ver cómo estamos trabajando hoy, vamos a ver en qué podemos mejorar y, posteriormente, evaluaremos. En esas evaluaciones, evidentemente, hay que motivar al empleado público. Los mejores podrán tener promoción profesional y a los peores habrá que formarlos.

"El valenciano se queda como está, que es como un mérito a la hora de acceder a la Función Pública. Y los propios sindicatos han aceptado no ponerlo en el acuerdo de legislatura"

Uno de los organismos públicos suprimidos por Mazón ha sido la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP). ¿Cree que era una estructura innecesaria?

La finalidad de la EVAP era importantísima y, de hecho, hemos asumido el reto de llevar a cabo sus funciones con nuestra estructura actual. Estamos infrafinanciados por el Estado y eso implica que nos obligamos a gestionar los recursos que tenemos lo mejor que podemos. Hay que asumir que era un gasto muy grande crear un organismo autónomo con toda su estructura y presupuesto y no lo podemos asumir.

Desde la Dirección General de Función Pública hemos establecido el órgano de técnico de selección permanente, hemos mejorado los procesos selectivos, estamos en plena negociación de las bolsas de empleo temporal, de la clasificación de puestos, lo tenemos todo en marcha, pero con nuestros propios recursos.

¿La reforma de la Ley de Función Pública respecto al requisito lingüístico está encima de la mesa?

No se plantea un cambio normativo porque está fuera del acuerdo de legislatura. Los propios sindicatos aceptan que no se va a hablar del valenciano, por lo tanto, el valenciano se queda como está, que es como mérito. Y los propios sindicatos han aceptado no ponerlo en el acuerdo de legislatura.

¿Se ha encontrado una Administración obsoleta y sobredimensionada?

Sobredimensionada no. Antigua en algunos aspectos. La Administración de la Generalitat funciona, pero puede funcionar mejor, y para eso tenemos que implicarnos y entre todos adaptarnos a las nuevas realidades, que implican liderazgo público, evaluación, digitalización o inteligencia artificial, por ejemplo.