Carlos Mazón, en Les Corts Valencianes. EE
Mazón replica a la ONU que su Ley de Concordia "no excluye", sino que "amplía" a víctimas como "las de ETA"
Naciones Unidas cree que "invisibiliza las graves violaciones del franquismo", y la Generalitat subraya que ha iniciado 422 exhumaciones desde 2023.
3 mayo, 2024 12:40El Gobierno de Carlos Mazón se ha pronunciado este viernes sobre la petición de la ONU al Gobierno de España de "adoptar las medidas necesarias" contra las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox en autonomías como la Valenciana. El Ejecutivo autonómico ha manifestado que la nueva norma "no excluye a nadie, sino que amplía a la totalidad de víctimas los mismos derechos". Entre ellas, las de la banda terrorista ETA.
"El gobierno del presidente Mazón ha iniciado 422 exhumaciones", han subrayado fuentes de Presidencia de la Generalitat preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL. "No nos sentimos concernidos por las filtraciones de una respuesta a una denuncia de Pedro Sánchez, porque nuestra ley no excluye a nadie", han agregado.
Por el contrario, según han defendido, el espíritu del nuevo texto es "recordar y homenajear a las víctimas del pasado, pero que eso no sirva para enterrar un presente en el cual hay partidos políticos -en los que se apoya el mismo Sánchez- que niegan la existencia del terrorismo de ETA y las víctimas valencianas de ese terrorismo".
[La ONU pide a España 'adoptar las medidas necesarias' contra las leyes de concordia de PP y Vox]
"Tienen el mismo derecho que las restantes víctimas a ser reconocidas y resarcidas por su pérdida y su dolor", han concluido en un breve escrito. Sus consideraciones, según han expuesto, no fueron más allá por carecer del informe y desconocer su contenido.
La ONU ha pedido a España que adopte "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica", según un informe de la organización.
La advertencia llega tras la revisión de las llamadas leyes de "concordia" de los gobiernos de coalición de PP y Vox de la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla y León que pretenden reemplazar las normas preexistentes de memoria democrática.
El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, advierte de que las iniciativas de los gobiernos regionales "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Asimismo, también denuncia que podrían "invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista".
La ONU señala que las leyes de concordia de PP y Vox "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento" de la ley de memoria democrática aprobada en 2022.
Ocho páginas
El informe, de ocho páginas y firmado por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, analiza por separado las leyes de concordia de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana.
Sobre la autonomía valenciana, en línea con Aragón y Castilla y León, el informe considera que la ley de concordia de PP y Vox "amplía el periodo de la norma a los años de 'profunda crisis' incluyendo la Segunda República, la guerra civil, la dictadura y el 'terrorismo etarra e islámico'. Una modificación que Naciones Unidas no considera correcta.
El informe lamenta que la iniciativa del Gobierno valenciano pretende "reconocer el mismo régimen de protección a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico" que a las víctimas de la ley de memoria histórica de 2022, lo cual para la ONU "desvirtúa el objetivo" de la legislación actual de atender las necesidades y derechos de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
En definitiva, el informe de Naciones Unidas considera que la iniciativa de PP y Vox podría llevar a mezclar los crímenes cometidos durante el franquismo y la Guerra Civil con los perpetrados en diferentes épocas o por otros actores como ETA, el terrorismo yihadista o la Segunda República.
El informe recuerda el obligado cumplimiento de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1977 y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2009.
Igualmente, pide "evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas respecto de tales violaciones" como las cometidas durante el franquismo.
"Todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel -nacional, regional o local-, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humano", insiste la ONU.
El Gobierno de España recurrió a principios del mes de abril ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa las leyes de concordia de PP y Vox. La primera respuesta ha venido de Naciones Unidas apenas un mes después. Ahora se esperan las de las instituciones europeas.
