Estudiantes de Castellón se suman a las acampadas por Palestina y ven "insuficiente" la postura de los rectores

La Assamblea d'Estudiants per Palestina de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón se suman a partir de este lunes a las acampadas en solidaridad con el pueblo palestino.

La entidad ha exigido a la universidad que "rompa inmediatamente" todos los contratos y convenios con "cualquier entidad relacionada con el genocidio".

El colectivo valoró el pronunciamiento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

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Este órgano se comprometió a revisar y suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes, aunque lo consideró "insuficiente" porque utiliza "un lenguaje gris que equipara las dos partes del estado colonial y colonizado".

En este sentido, hicieron hincapié en que las universidades "no solo tienen que cortar vínculos con el estado sionista", sino que también tienen que "suspender las relaciones directas e indirectas con la industria armamentística que fabrica y vende las armas con que se sostiene el régimen de apartheid y se perpetra el genocidio palestino".

Por ello, la comunidad universitaria de Castellón ha convocado una segunda asamblea abierta que tendrá lugar este lunes a las 15.00 horas en el Ágora y, después de esta, se organizará una acampada en solidaridad con el pueblo palestino.

Los estudiantes han pedido al Gobierno de España el fin de la compraventa de armas con Israel, la adhesión al procedimiento judicial iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, el reconocimiento del genocidio y la ejecución de las obligaciones legales, como "recomienda el informe de la relatora de las Naciones Unidas".

Y han demandado la recuperación de la jurisdicción universal, puesto que, a su juicio, los tribunales españoles "juzgan los responsables de crímenes de lesa humanidad y genocidios".

También han solicitado la derogación de la ley de Extranjería y la ley Mordaza como medida para "poner fin a la criminalización de los movimientos pacíficos en solidaridad con el pueblo palestino".

Otras demandas pasan por la liberación de "todas las personas encarceladas por motivos étnicos y políticos" en Israel y la liberación de "todos los retenidos o encarcelados en todo el mundo por haberse solidarizado con el pueblo palestino y contra el estado genocida y de apartheid de Israel".

Asimismo, han exigido a la UJI que rompa "inmediatamente" todos los contratos y convenios con "cualquier entidad relacionada con el genocidio del pueblo palestino".

También han demandado el "reconocimiento oficial de que el genocidio es una etapa de escalada de un proceso colonial de ocupación y de limpieza étnica de larga duración, la facilitación de los programas de becas y acogida para el estudiantado palestino y la creación de espacios de debate y aprendizaje en la universidad sobre el genocidio".