Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha retirado la acusación contra tres de los acusados en el caso de Eduardo Zaplana y ha planteado una rebaja de la pena a los investigados que reconocieron los hechos durante el juicio celebrado en Valencia.

El ministerio fiscal ha iniciado la sesión de este martes anunciando la retirada de la acusación a la exdiputada popular Elvira Suances; a Pedro Romero, el peluquero del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana; y al empresario Ángel Salas.

La Fiscalía ha tomado esta decisión al concluir que "de la prueba practicada en la instrucción y en el acto de juicio" se haya considerado "insuficientes los indicios para mantenerles en el procedimiento".

[La sobrina del espía Paesa dice al juez que controlaba la empresa atribuida a Eduardo Zaplana en Luxemburgo]

En concreto, sobre Suances, a quien pedía cinco años de prisión inicialmente, el fiscal ha manifestado en el juicio que había indicios de su participación en un delito de blanqueo de capitales a través de conversaciones telefónicas con miembros de la trama.

Sin embargo, a la vista de la prueba, es "insuficiente" esta participación para atribuirle la cooperación necesaria en el delito "más allá de su relación personal con Zaplana".

Respecto a la rebaja de penas, el fiscal ha solicitado finalmente una condena de 2 años y 11 meses de cárcel para Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana. Además, tendrá que pagar una multa de más de un millón de euros por las comisiones que habría escondido en el extranjero.

Para Joaquín Barceló, conocido como Pachano, amigo de la infancia del político de Benidorm y testaferro confeso, solicita una pena de menos de dos años de prisión, 1 año y 8 meses de cárcel, por lo que no entrará en prisión. En un principio, Barceló se enfrentaba a 8 años por estos hechos.

También podrán eludir la prisión los empresarios José y Vicente Cotino, sobrinos del político valenciano del PP Juan Cotino, fallecido en 2020 por covid. 

Los dos familiares del exconsejero valenciano confesaron su participación en el amaño para la adjudicación de las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana.

Para Zaplana, a quien la Fiscalía reclamaba inicialmente 19 años de prisión, finalmente, la petición se queda en 17 años al retirar de la acusación un delito de falsedad documental.

Además, le solicita una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

Por otro lado, el ministerio público ha rebajado la pena para el que fuera presidente de la Generalitat José Luis Olivas, a quien reclama finalmente dos años de prisión al retirarle el delito de prevaricación y mantener el de cohecho.

El fiscal anticorrupción cifra en 20 millones de euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de supuesta corrupción por parte de Zaplana y su organización

De este importe, más de 6 millones de euros fueron hallados en cuentas suizas.

Investigación legal

Tras entregar al tribunal y el resto de las partes su escrito definitivo de acusación, el fiscal ha defendido en una extensa intervención su posición en el caso.

Respecto al empresario Fernando Belhot, testigo clave en la causa, reiteró la legalidad de su participación en la investigación tras llevar a la Guardia Civil hasta el dinero escondido en Suiza y que se atribuye al exministro del PP.

Por otra parte, ha defendido el trabajo de la Guardia Civil que permitió hallar de una manera casual los conocidos como papeles del sirio, la prueba que dio inicio a esta causa.

"Los agentes de Policía Judicial no pueden hacer oídos sordos ni cerrar la vista ante hechos nuevos que aparecen en una investigación".

Los papeles los encontró un ciudadano de origen sirio en un piso que había pertenecido a Zaplana y su mujer en Valencia.

El fiscal ha lamentado en su intervención que Zaplana no haya tenido la "honradez" suficiente para "haber reconocido su participación" en los hechos y "usar a tantos amigos" para su propio beneficio.

La Fiscalía ha hecho referencia a las palabras de Zaplana cuando aseguró que no pudo recibir dinero de Cotino porque en esa época, tras dejar de ser presidente, no se llevaba bien con él.

"Como dice la canción, 'las mulatas, cuando son de bandera, confunden el corazón con la billetera'. Aquí no hablamos de corazones, sino de negocio. No hablamos de amistad, sino de dinero, que no tiene ni patria ni color. Es, simplemente, dinero. No sé si Cotino se hablaba o no con Zaplana, pero no es lo relevante".

Eduardo Zaplana y Juan Cotino.

Propiedades

El fiscal también ha expuesto al tribunal que, tras la adquisición de inmuebles a nombre de diferentes sociedades "estaba Zaplana" y ha puesto el ejemplo de la vivienda comprada en Núñez de Balboa en Madrid.

"Pese a que aparecía a nombre de una sociedad, era suya. Él la reformó, llevó los muebles y la ocupó. Pero subía en montacargas para ocultarse porque no quería ni que se le viera como inquilino. Entraba en su casa como un hurón".

La exposición del ministerio público también ha abordado la celeridad con la que la Generalitat adjudicó los servicios bajo sospecha y ha cuestionado que la Mesa propusiese y adjudicase en el mismo día la contratación.

"Esto no es lo normal y no sucede nunca en otras Mesas de Contratación. Esto tiene mucha relevancia por la celeridad".

Tras la adjudicación, con el paso del tiempo, "se tenía que pagar la comisión".

Fue en ese momento cuando, según el fiscal, Juan Cotino se desplazó a Luxemburgo con 640.000 euros en metálico para constituir dos sociedades a través de una fiduciaria, Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa.

A través de estas empresas, y mediante otras sociedades y participaciones, se fue distribuyendo el dinero y reingresando en España con diversias operaciones.

El fiscal ha recordado que Zaplana tenía anotado en sus agendas reuniones con Juan Cotino, ha advertido el fiscal.

"Se activó entonces la maquinaria de transmisiones e inversiones y Zaplana puso a otras personas en las sociedades para gestionarlo".