Punto final. La Audiencia Nacional ha acordado absolver al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps del delito de tráfico de influencias, en concurso con el delito de prevaricación, del que se le acusaba en el último juicio que quedaba pendiente de la Gürtel valenciana y que ha juzgado los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, el brazo del grupo Correa en Valencia.
El veterano político del PP, presidente del Gobierno valenciano entre los años 2003 y 2011, ha terminado de esta forma su calvario judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que ha sido investigado y juzgado.
Así, con este capítulo se cierran 15 años en los que ha estado vinculado a 9 procesos por corrupción y ha afrontado 5 imputaciones.
Camps sale absuelto otra vez de un juicio de Gürtel pese a las confesiones que la Fiscalía Anticorrupción arrancó de varios acusados.
El expresidente se la jugó y se negó a reconocer los hechos en este juicio y en el de los trajes celebrado en 2011 en Valencia, del que también resultó absuelto, aunque en esa ocasión por un jurado popular compuesto por 9 ciudadanos anónimos.
En aquel momento, el exvicepresidente valenciano Víctor Campos y el exjefe de Turismo Rafael Betoret firmaron su reconocimiento de los hechos, lo que suponía aceptar su culpabilidad y asumir el pago máximo de la multa solicitada por la acusación.
Todo estaba pactado y previsto para que acudieran también Francisco Camps y Ricardo Costa, como reveló Víctor Campos en el juicio, pero Camps cambió de decisión a última hora y optó por anunciar su dimisión esa misma tarde como un "sacrificio político y personal" para no perjudicar a Mariano Rajoy.
En este último caso, todos los integrantes del grupo Correa y varios funcionarios señalaron a Camps como la persona que supuestamente influyó en las contrataciones.
Pero el Tribunal cree que, pese a su relación con miembros de la trama, no hay pruebas de que favoreciera a sus empresas, unas sociedades que ya fueron condenadas en el juicio de la financiación irregular del PP valenciano.
Faltan pruebas
"No se ha probado concierto alguno de Francisco Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del stand de Grandes Proyectos fuera directamente adjudicado a Orange Market SL, sin que conste que él mismo se inmiscuyera, o diera orden verbal o escrita en la tramitación de procedimiento de contratación alguno de los aquí juzgados", recoge la sentencia, consultada por EL ESPAÑOL.
Según la Sala, "no se puede fundamentar una condena de Camps en la única declaración del Álvaro Pérez Alonso", conocido como El Bigotes, quien reconoció en el juicio los hechos y que obtuvo los contratos por su amistad con el político valenciano.
La sentencia subraya que la declaración "no consta corroborada por otras pruebas o indicios, por más que tuviera una relación de amistad o profesional, como también se ha dicho, que en modo alguno puede servir para deducir en una especie de diabolicus deductio sus responsabilidades por los hechos de un hipotético amigo".
Alvaro Pérez en una declaración en el TSJ de Valencia.
Y cierra la reflexión para justificar la absolución con la siguiente frase: "Pues como escribió Benjamin Franklin en 1875, es preferible que cien personas culpables puedan escapar, a que una solo inocente sufra".
Así, entonces y ahora, solo han sido condenados los acusados que decidieron abrir un proceso para conformarse y mostrar arrepentimiento a cambio de no entrar en prisión.
No obstante, en otra pieza separada sobre contratos de Fitur, fue condenada a 9 años de prisión sin reconocer los hechos la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes, la alicantina Milagrosa Martínez.
El expresidente Camps ha acumulado en estos últimos años un continuado proceso de investigaciones judiciales contra él y todos han sido archivados pese a las condenas de algunos de sus colaboradores.
Nóos y la caja B
Tras la causa de los trajes, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de Camps en Nóos, el caso que llevó a la prisión a Iñaki Urdangarin, exmarido de la infanta Cristina de Borbón y Grecia.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que recibió la petición a través del juez instructor, no encontró indicios de delito ni en el dirigente valenciano ni en la entonces alcaldesa de Valencia y diputada autonómica Rita Barberá, fallecida en 2016.
Años después, también fue citado como testigo, y señalado por varios de los procesados, en una causa por la supuesta financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2011, otra de las piezas separadas de la Gürtel valenciana.
Camps era el presidente del partido en la Comunitat, pero toda la responsabilidad penal recayó en Ricardo Costa, ex secretario general del PP.
El testimonio de Costa fue clave para reabrir el caso Gürtel contra Camps en 2018, aunque no ha sido suficiente para condenarlo ahora.
Imagen de archivo de Ricardo Costa.
En 2014 también se analizó su posible vinculación con decisiones ilícitas adoptadas en el marco de la tramitación del proyecto del Centro de Congresos de Castellón que el Gobierno valenciano encargó al arquitecto Santiago Calatrava. No obstante, este asunto fue sobreseído sin llegar ni siquiera a juicio.
También evitó la celebración del juicio tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que se investigó la organización y creación de los cinco grandes premios de Fórmula 1 que acogió Valencia entre los años 2008 y 2012.
La investigación se dividió en tres piezas y en dos de ellas constó como principal investigado Francisco Camps. La primera pieza estaba relacionada con los contratos efectuados para la construcción del trazado urbano. La segunda, por el aval y la posterior compra -por un euro- de la empresa Valmor, organizadora inicial de los grandes premios.
Visita de Benedicto XVI
Los grandes eventos celebrados en la Comunitat Valenciana durante su mandato fueron objeto de escrutinio judicial en los años siguientes, como lo fue la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.
Camps y otras siete personas, entre ellas el entonces obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero, estuvieron procesados por prevaricación, malversación y fraude por los contratos realizados por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la preparación de la visita papal.
Pero esta causa también fue archivada al concluir el juzgado que la Fundación, pese a estar nutrida mayoritariamente de dinero público, se regía por el derecho privado.
Es decir, aunque los contratos fueran concedidos a dedo o amañados, no hay delito porque el ente, según consideró la Justicia, no tenía por qué aplicar las normas de contratación pública.
También acudió como testigo al juicio celebrado en la Audiencia Nacional sobre los contratos efectuados con la trama Gürtel para la instalación de pantallas y megafonía durante esa visita de Benedicto XVI a Valencia.
En este caso, sí fueron condenados los altos cargos juzgados, entre ellos Pedro García, ex director general de la televisión pública valenciana.
Al tiempo que se conocía la absolución de Camps, la Audiencia Nacional ha notificado otra resolución en la que confirma la suspensión del ingreso en prisión de García por su "esfuerzo reparador".
Pedro García en las Cortes Valencianas.
En este caso, la Audiencia Nacional sí considera que hubo una adjudicación directa por parte del director de Canal 9 a favor de la empresa interpuesta por el grupo Correa, Teconsa, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa con una clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste pagado, que ascendió a 3,2 millones de euros.
El contrato se firmó "por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo" con la colaboración de empleados públicos de la televisión pública, y se alteraron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de legalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa.
Se da la circunstancia de que este tribunal estuvo presidido por el mismo magistrado que ahora ha absuelto Camps, el juez valenciano José Antonio Mora.