Los hechos por los que fueron procesados y juzgados estaban relacionados con el ejercicio del cargo público que ocupaban. El Tribunal juzgó los contratos de la Generalitat Valenciana adjudicados a Orange Market, el brazo del grupo Correa en Valencia, y consideró que los altos cargos no tenían responsabilidad penal en las irregularidades.

La mayoría de acusados solicitó tras su imputación ser asistidos por la Abogacía de la Generalitat, pero todas las peticiones fueron rechazadas porque la Administración estaba personada como perjudicada.

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Ahora, a la espera de que la sentencia sea definitiva y que se aclare si la Fiscalía Anticorrupción recurrirá la resolución de la Audiencia Nacional, varios de los cargos absueltos ya han trasladado a sus abogados la intención de reclamar una indemnización a la Generalitat Valenciana, según apuntaron fuentes de las defensas a EL ESPAÑOL.

El pago de esta indemnización está regulado en la ley de asistencia jurídica de la Generalitat, del año 2005, pero actualizada a lo largo de los últimos años por los múltiples sumarios abiertos contra cargos públicos.

Se trata de una ley que el Consell que presidió Alberto Fabra (PP), entre los años 2011 y 2015, tuvo que modificar para actualizarla tras ordenar que la Generalitat se personara como acusación en casos de corrupción.

El texto se modificó tras la imputación del exconsejero valenciano de Cooperación Rafael Blasco (PP), condenado finalmente por el desvío de las ayudas públicas al desarrollo.

En ese juicio, celebrado en 2014, los acusados pidieron el procesamiento de dos abogados de la Generalitat por ejercer de defensa al inicio de la instrucción y de acusación en el juicio.

El Tribunal no aceptó los argumentos, pero el temor se extendió entre los abogados de la Generalitat por si los imputados en otros casos seguían denunciando un doble juego en la Abogacía.

Así, los cambios se introdujeron para que la Generalitat Valenciana sólo aprobara una indemnización en el supuesto de que resultaron absueltos, como ha ocurrido ahora. Para que se valore el pago de la indemnización, es imprescindible que al inicio del procedimiento judicial quedara registrada la petición.

El texto recoge que "siempre que la asistencia jurídica haya sido solicitada y ésta sea denegada", que es lo que pasó con Camps y otros procesados, "el interesado, si finalmente resulta absuelto (...) , podrá solicitar en concepto de indemnización especial, que correrá a cargo de la conselleria en la que prestará servicio en el momento de producirse los hechos, el reintegro de los gastos de defensa y representación".

Para calcular la indemnización la Generalitat Valenciana se basa en el baremo oficial de costas del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav).

Se trata de una medida de la que también podrán beneficiarse otros cargos investigados cuyas causas han sido archivadas, como es el caso de la exvicepresidenta y dirigente de Compromís, Mónica Oltra.

Coste de la imputación

En este caso se encuentra el propio Camps y otros altos cargos absueltos. El expresidente de la Generalitat declaró en su momento el conflicto porque la Abogacía acusaba en Gürtel y ahora podrá ser recompensado cuando la sentencia sea firme.

Según las fuentes consultadas, el coste de una imputación por estos hechos oscila entre los 20.000 y 50.000 euros en función del prestigio del despacho y si el abogado cobra por horas o por los recursos que presenta y las diligencias que practica.

Las minutas varían si el caso lo dirige un juez ordinario o el Tribunal Superior. O según el número de sesiones que se celebren en el juicio y si hay recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En este caso concreto, en el que el juicio se celebró en Madrid y algunos de los imputados llevaban 10 años figurando como investigados, los abogados consultados por este periódico estiman "en 1 millón de euros" el coste de las defensas de los altos cargos absueltos.

Solo en billetes de AVE y gastos de hotel, algunas defensas aseguran que han gastado "más de 7.000 euros".

En la sentencia, el Tribunal establece el reparto del pago de las costas procesales.

La Sala entiende que "debido a que este proceso ha sido largo y complejo para todos, y que a la vez todos los acusados se han visto obligados a defenderse de acusaciones por delitos complejos, es razonable la división en 1/26 parte de costas".

La división "se corresponde con el número de los enjuiciados en el proceso, sin perjuicio de que se declaren de oficio las de las personas que sean absueltas".