Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato a Mari Carmen, la mujer de Valencia acusada de matar a su pareja sentimental tras administrarle una gran cantidad de laxantes y de desvalijarle sus cuentas hasta dejarlas en números rojos durante los seis meses en los que la víctima estuvo hospitalizada.
Así se desprende del veredicto del jurado emitido este martes, un día después de que el magistrado le entregara el objeto de lo que debían dilucidar para determinar la responsabilidad de Mari Carmen.
La acusada, que ha acudido a la vista acompañada de sus dos hijos, ha escuchado la decisión del jurado con semblante serio y cabizbaja.
Tras el veredicto de culpabilidad -por ocho votos a favor y uno en contra- Fiscalía ha pedido al magistrado que condene a la acusada a 28 años de prisión por un delito de asesinato, estafa y falsedad, mientras que las acusaciones particulares han elevado la petición a 31 años.
La defensa ha anunciado que recurrirá la resolución y ha pedido que se imponga a su representada la pena mínima por cada delito.
Además, tanto el ministerio público como las acusaciones particulares han pedido el ingreso inmediato en prisión para la mujer, algo que decidirá el magistrado a lo largo de esta jornada.
La acusada estaba en libertad puesto que, tal y como ha explicado a los medios uno de los abogados de la acusación particular, Andrés Zapata, cuando se le detuvo por estos hechos todavía quedaban muchas diligencias por practicar con lo que se decidió no apurar las 72 horas para ser puesta a disposición judicial y se le dejó en libertad a la espera de juicio.
Hechos probados
El jurado ha dado como probado que la acusada, de 49 años cuando inició la relación, administró en verano de 2020 a su pareja, Salvador, un viudo de 68 años que tenía diagnosticados varios trastornos médicos, laxantes sin que él lo supiera.
El paciente fue ingresado en septiembre del mismo año y pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos.
Al volver a casa, Mari Carmen continuó dándoselos, lo que provocó un nuevo ingreso en el que siguió administrándolos a pesar de que era consciente que podían causarle la muerte.
Durante el tiempo de hospitalización hasta su muerte llegó a comprar más de 1.000 comprimidos de Dulcolaxo, más de 500 unidades de Evacuol y otras 500 de Seguril.
La víctima desarrolló una diarrea crónica funcional y refractaria a cualquier tratamiento y una deshidratación y deterioro progresivo hasta que falleció el 16 de abril de 2021 por un shock séptico severo -afirmación sostenida por el jurado por unanimidad-.
Además, entre octubre de 2020 y hasta la muerte del hombre, la procesada realizó hasta 152 extracciones de dinero de cuentas corrientes de la víctima y compras con tarjetas de crédito del hombre por valor superior a los 120.000 euros.
También solicitó dos créditos a nombre del enfermo que suscribió telefónicamente simulando la intervención del hombre.
El jurado ha dictaminado por unanimidad que la acusada se aprovechó de la situación de desvalimiento de Salvador y de la relación de confianza que ambos mantenían.
Además, han reclamado que no se aplique ningún beneficio a la acusada y que no se proponga al Gobierno el indulto de la pena que le sea impuesta.
Andrés Zaplana ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que para el veredicto de culpabilidad ha sido "fundamental" el testimonio de los forenses.
Al respecto, el letrado ha resaltado que pese a que en este procedimiento no había prueba directa, sí existían muchos indicios "potentes".
"Aquí el problema era la dificultad de detectar el laxante pero desde el hospital también hicieron una labor muy buena al eliminar prácticamente todas las causas posibles de la diarrea y, sin embargo, seguía produciéndose".
Por su parte, Víctor González, abogado de otro de los hijos, ha recordado que en 200 días en los que la víctima estuvo hospitalizada, la acusada hizo 155 extracciones de dinero en cajeros por valor de más de 88.000 euros.
También gastó otros 32.000 euros de una tarjeta Visa y pidió dos préstamos de 10.000 y 3.000 euros. Además, se gastó entre 3.000 y 4.000 con una tarjeta de un establecimiento comercial. Así, en seis meses defraudó cerca de 130.000 o 140.000 euros.
Preguntado por si la familia luchará por recuperar el dinero defraudado, el letrado ha indicado que "la familia quiere descansar y que esto sea cuestión del pasado".