La Guardia Civil de Valencia ha inmovilizado 80 toneladas de aceitunas y encurtidos de la empresa Olives Corbí y ha detenido a su gerente, de 42 años y nacionalidad española, por un supuesto delito contra la salud pública y otro relativo al mercado y a los consumidores, según informó este miércoles el Instituto Armado en un comunicado.
Los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos gracias a la colaboración ciudadana. La Guardia Civil descubrió que podían estar cometiéndose irregularidades en esta empresa de productos alimentarios con sede en Carcaixent, una localidad a unos 70 kilómetros de la ciudad de Valencia, y abrió una investigación.
Tras la apertura de diligencias, los agentes realizaron una inspección en la sede de la empresa en colaboración con la Conselleria de Sanidad.
Durante el registro, la Guardia Civil comprobó que en las instalaciones de la empresa se encontraban almacenados productos identificados como no aptos destinados al consumo humano sin ninguna otra etiqueta, en latas oxidadas o con fechas de consumo recomendado sobrepasados ampliamente los cinco años.
Además, también se detectaron bidones identificados como "producto no apto". Al parecer, la investigación verificó que la empresa mezclaba aproximadamente entre un 5% y un 10% de producto no apto para el consumo humano con otro sí autorizado, según la información difundida por el Instituto Armado.
El producto final era distribuido para su comercio en el mercado mayorista, en restauración, tiendas y grandes superficies tanto del mercado nacional -Cataluña, Comunitat Valenciana, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha- como de terceros países y algún otro de la Unión Europea.
Según un documento que portaba la empresa, el producto clasificado como "no apto" se tenía que destinar a eliminación a través de un gestor autorizado de residuos. por tanto, no podía utilizarse en ningún caso para consumo humano ni animal.
Olives Corbí es una empresa familiar dedicada durante más de 70 años a la "elaboración y envasado de manera artesanal" de aceitunas y encurtidos. El gerente fue detenido a finales de abril y las autoridades emitieron una alerta para evitar su consumo.
El pasado mes de mayo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) tuvo conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunitat Valenciana.
Esta alerta informaba de la presencia de ingredientes no aptos para consumo en varios encurtidos de la marca Corbí.
En concreto, estaban afectados todos los lotes del cóctel de aceitunas en todos sus formatos (9 kilos, 4,5 kilos, 2,25 kilos, 2,4 kilos, 600 gramos, 500 gramos, 400 gramos y 250 gramos). También todos los lotes de aceitunas partidas Jaén en su formato de 9 kilos, y las piparras dulces en aceite de oliva en envases de 1,6 kilos y 200 gramos.
La Aesan recomendó a las personas que tuvieran en su domicilio alguno de los encurtidos de la marca Corbí afectados por esta alerta que se abstuvieran de consumirlos.
La empresa valenciana destaca en su página web que "con más de 17.000 metros cuadrados de instalaciones, 5 muelles de carga y una capacidad de almacenamiento de 4, 5 millones de kilos de aceitunas y encurtidos, nuestra planta está dotada con maquinaria y tecnología de última generación que da respuesta a la creciente expansión que día a día nos demanda el mercado".
"Nuestra constante preocupación y compromiso por el servicio y la calidad ha derivado en importantes acuerdos comerciales que nos permiten vender productos Corbí en todo tipo de mercados de la geografía española".
Resultado de la operación
En total, por estos hechos, se han inmovilizado 80 toneladas de aceitunas y encurtidos y se ha detenido al gerente de la empresa, un hombre de 42 años y nacionalidad española por el delito contra la salud pública y otro relativo al mercado y a los consumidores, al poner en riesgo la integridad de éstos.
La Conselleria de Sanidad ha emitido una alerta rápida a nivel europeo a través del sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) para controlar los productos de esa empresa que se encuentran en circulación.
Mientras, según informó la Guardia Civil, la empresa se ha comprometido, de forma voluntaria, a la retirada del producto del mercado. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alzira, en Valencia.