La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este jueves que el Ministerio que dirige está estudiando, desde el punto de vista jurídico, si se pueden emprender "acciones penales" contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por no colocar la bandera LGTBI en el balcón de su Ayuntamiento con motivo de la celebración del Orgullo.
Catalá explicó este miércoles que el consistorio "no pone banderas en el balcón, pero no por el día del orgullo; no lo pone por el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del cáncer".
Explicó así que no coloca banderas ni pancartas en el balcón municipal desde el pasado mes de noviembre, cuando la ciudad instaló dos soportes digitales (mupis) que se usan para conmemorar los días internaciones, como es el caso del Orgullo.
Sus palabras, sin embargo, fueron aprovechadas por la oposición, que la acusó de homófoba por, a su juicio, equiparar la homosexualidad con una enfermedad. Compromís incluso acudió este jueves al balcón a colocar una bandera LGTBI, que fue retirada por la Policía Local de Valencia.
La ministra, preguntada al respecto en una entrevista concedida a Rac1 y recogida por Europa Press, ha dicho que se debe estudiar la posibilidad de emprender acciones penales porque son "declaraciones que nos interpelan a todos y nos sorprenden de esa manera tan terrible y desagradable". "Yo creo que hay algo más", ha aseverado.
"Contra el colectivo"
Redondo ha respondido tanto a lo ocurrido con Catalá como a las declaraciones del diputado de Vox en Extremadura Javier Bravo contra la implantación del número de teléfono 028 para informar de los derechos de las personas LGTBI.
Bravo había cargado contra la iniciativa. Cuestionó si las personas LGTBI tienen más derechos. "Pertenezco a la Asociación de Familias Numerosas y, a lo mejor, también queremos pedir un número para que nos asesoren y nos apoyen; o a lo mejor la Asociación de Bigotudos que Fuman también quieren otro número", manifestó.
"Yo creo que la del diputado es realmente constitutiva de delito, y la de la alcaldesa, hay que estudiarlo. Desde luego, desde el punto de vista jurídico, nada es blanco o negro, todo es interpretable", ha indicado al respecto Redondo.
En ambos casos, Redondo considera que "se está yendo contra un colectivo intentando limitar sus derechos y sus capacidades de desarrollar libertad y en igualdad sus vidas y sus proyectos de vida", por lo que se muestra convencida, textualmente, de que perfectamente se encuadran en el tipo penal.