El Ayuntamiento de Valencia concedió este viernes al Valencia CF una licencia para retomar las obras del Nou Mestalla, si bien la misma introduce importantes condicionantes al club no previstos hasta la fecha. Pese a tal circunstancia, la entidad deportiva aplaudió el movimiento de la concejalía de Urbanismo (PP) y manifestó que espera iniciar las obras en un plazo máximo de seis meses. Vox, socio de gobierno del PP, se desmarcó de la decisión y la rechazó.

La licencia de obras concedida exige un estadio de setenta mil espectadores y que el club lo acabe en un plazo máximo de treinta meses desde el momento en que retome las obras. En caso contrario, o si paraliza las obras, el consistorio le retiraría los beneficios urbanísticos que tiene concedidos el club.



Desde el consistorio, según las declaraciones recogidas por la agencia Efe, aseguran que la licencia "cuenta con todos los informes técnicos que avalan su completa viabilidad jurídica" y que, una vez se le notifique al club, tendrá tres meses para presentar un proyecto de ejecución "para un estadio de fútbol de 70.000 espectadores" y un "calendario vinculante con hitos parciales", entre otros documentos.

El Gobierno local realizará entonces una auditoría externa e independiente del coste total de la obra y de la inversión que necesita cada una de las etapas, tal y como se aprobó en la comisión de urbanismo hace unas semanas.



Una vez concedida la licencia definitiva, el club tendrá seis meses para iniciar las obras, salvo motivos de fuerza mayor. Si no lo hace, tendrá quince días desde que se lo notifique el consistorio para presentar una garantía por el 100% del precio que haya determinado la auditoría. Si las inicia y las para sin motivo de fuerza mayor, igualmente tendrá esos quince días para presentar una garantía por el dinero que quede por invertir para acabar el estadio.



Fuentes municipales explicaron que en ambos casos, el Ayuntamiento ejecutaría esa garantía y procedería a finalizar el estadio. Al mismo tiempo, caducaría la licencia a favor del Valencia y derogaría la parte el Plan ATE que sigue en vigor, lo que supondría que el club perdería los beneficios urbanísticos que mantiene en la parcela del Nou Mestalla y del actual estadio.



Además, el consistorio procedería a la resolución de los convenios suscritos en 2005 y 2007 por el Ayuntamiento con el Valencia por "incumplimiento grave de las obligaciones" y exigiría "la indemnización que proceda por los daños y perjuicios efectivamente causados".



Fuentes del gobierno que dirige María José Catalá calificaron como "muy exigentes" las condiciones establecidas y recordaron que el Valencia pedía entre 30 y 42 meses para acabar y que solo se le conceden 30.



Según esas mismas fuentes esos condicionantes establecidos protegen el interés de la ciudad "por encima de todo" y la blinda "ante posibles incumplimientos de la propiedad del Valencia". Además, aseguran que las penalizaciones por incumplimientos tienen "máximas garantías legales".



También remarcan que se evita que el Valencia "pueda aprovechar las plusvalías urbanísticas" que aseguran que tendría reconocidas de manera automática el 3 de agosto sin acabar el estadio y que se cumple con el acuerdo de una auditoría externa e independiente para evaluar el coste de las obras de conclusión.



El equipo de Catalá defiende que con esta licencia el consistorio va "un paso más allá de las condiciones que exigían los grupos de la oposición al incluir la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas al Valencia en caso de incumplimiento".

Seis meses

Durante horas se generó expectación sobre la reacción del club, que finalmente aplaudió la licencia municipal pese a las exigencias introducidas. La consideró "un primer hito necesario y un paso fundamental" para "convertir en realidad" el estadio.

La entidad aseguró que trabaja ya tanto "con la empresa constructora como con el estudio de arquitectos para reiniciar las obras del Nou Mestalla dentro del plazo máximo de seis meses".

"Esta decisión supone el primer hito necesario para que se retomen los trabajos de construcción del futuro estadio valencianista", recalcó el club, que dijo que "la obtención de la licencia de obras supone la confirmación del compromiso mostrado y el trabajo realizado por el club a lo largo de estos últimos años para que el equipo y los valencianistas puedan trasladarse al nuevo estadio".



El Valencia está "convencido de que el Nou Mestalla se convertirá en un símbolo de orgullo y modernidad para la ciudad, un referente en lo deportivo, y un espacio que sea un ejemplo del espíritu valencianista" y por ello insistió en que este es "un paso fundamental en el camino emprendido por el club con el objetivo de convertir el Nou Mestalla en realidad para todos los valencianistas".

En cambio, el grupo municipal de Vox en el ayuntamiento, que forma parte del gobierno de María José Catalá, expresó este viernes su oposición a la licencia de obras. Dijo que no la comparte y que rompe la posición conjunta en la que trabajaban.



Esta situación sembró cierta alarma al llegar el mismo día en el que Vox marchó de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP. Por el momento, esta ruptura no se ha extendido a los ayuntamientos.



En un mensaje publicado en las redes sociales, el portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, afirmó que se trata de una "acción unilateral" de la Concejalía de Urbanismo que le concede al Valencia "y a otras empresas relacionadas" con el club derechos urbanísticos.



"Ha sido una decisión unilateral del Partido Popular que no ha sido consultada con nosotros. Esta decisión se ha tomado cuando llevábamos varias semanas, casi mes y medio, tratando de resolver la cuestión de presentar una moción conjunta por parte de los dos socios de gobierno, que no diera derechos urbanísticos al Valencia CF el día 3 de agosto", lamentó.



"El Partido Popular ha roto con esta posición, concediendo una licencia con derechos urbanísticos a Peter Lim. Nosotros no podemos estar a favor de ello", concluyó.