La Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón (PP) anunció este martes una investigación interna por el contrato concedido por la administración autonómica para la gestión de puntos violeta en conciertos a Elig Consultoría. Se trata de la empresa de Isabel García (PSOE), la directora del Instituto de las Mujeres cesada este martes por el Gobierno de España, y su pareja, Elisabeth García.
La portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, manifestó en la rueda de prensa tras el pleno de su ejecutuivo que existen "indicios de trato de favor" por parte de la Generalitat de Ximo Puig hacia la dirigente estatal.
Como informó EL ESPAÑOL, la empresa de Isabel García recibió un contrato de la Generalitat por 12.000 euros (14.520 con IVA) para gestionar todos los Puntos Violeta durante cinco meses en los festivales musicales que tuvieran lugar en la Comunidad Valenciana.
Esta adjudicación fue dada por la Vicepresidencia de la Generalitat y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, en la que entonces estaba al frente Aitana Mas, la vicepresidenta de Compromís que relevó a Mónica Oltra cuando esta última dimitió.
Lo más relevante de esta adjudicación directa a Isabel García es que se produjo sólo una semana antes de que se celebraran las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 que ganó el Partido Popular. A través de este contrato, Elig Consultoría se aseguró gestionar todos los Puntos Violetas durante casi medio año en la Comunitat Valenciana.
No fue la única administración valenciana gobernada por el PSOE que contrató los servicios de Elig. Según ha podido constatar EL ESPAÑOL, también lo hicieron los ayuntamientos de Catarroja, Picanya, Burjassot, Moncada, Manises, Sueca, Godella, L'Eliana, Burjassot, Alcàsser, La Vall d'Uixó, Cullera, Alaquàs, Llíria y Foios.
Isabel García y su pareja, exasesora del PSOE en el Senado, han obtenido al menos 64 adjudicaciones de ayuntamientos socialistas para gestionar Puntos Violeta y para diversas actividades en materia de igualdad y feminismo. En total, más de 250.000 euros ingresados desde mediados de 2022 a través de sus empresas Elig Consultoría de Igualdad e IMBER Consultoría de Igualdad.
Este periódico también ha reseñado cómo se han amañado al menos dos contratos en San Fernando de Henares (Madrid) por valor de 23.000 euros. De hecho, María Tato, directiva de la RFEF y dueña de Afianza Global Services, ha denunciado ante la Policía Judicial que Isabel García y su mujer "usurparon la identidad" de su empresa para presentarla, sin su consentimiento, como comparsa a estas adjudicaciones.
El email que figuraba como contacto de la oferta simulada de Afianza Global Services era el personal de Isabel García Sánchez. La directora del Instituto de las Mujeres afirmó que ese "error" era culpa de las bases de datos de las administraciones locales. Sin embargo, Tato, que era amiga personal de Isabel García y su mujer, ha confirmado a este periódico que su sociedad nunca se ha presentado conscientemente a ningún concurso público.