La Policía Nacional ha detenido en Valencia a la exjueza de nacionalidad argentina Alejandra Claudia Velázquez, sobre la que constaba una Orden Internacional de Detención decretada por las autoridades de este país sudamericano por supuestamente vender bebés a familias ricas en procesos irregulares de adopción.

Al parecer, la magistrada identificaba a mujeres vulnerables de Argentina en estado de gestación, dispuestas a entregar en adopción a los hijos que esperaban, para facilitar así los procesos de adopción a matrimonios adinerados de la zona, de quienes recibía ventajas económicas.

A Alejandra Claudia Velázquez se le atribuye la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y falsedad documental público, hechos por los que se le solicita una pena máxima de prisión de seis años, según informaron fuentes policiales tras conocerse su arresto.

La Policía descubrió que la fugitiva estaba oculta en España, en concreto en la Comunitat Valenciana. Una vez comprobada la vigencia de la orden que le constaba a la detenida, se realizaron gestiones de investigación, dando como resultado una posible ubicación de la exjueza en la provincia de Valencia. 

Finalmente, la exmagistrada fue detenido en la capital valenciana el pasado lunes en una calle del distrito de Extramurs, según avanzó el diario Levante, y fue trasladada a la Audiencia Nacional, con sede en Madrid.

Las autoridades argentinas cursaron esta orden de detención ante la imposibilidad de notificarle una citación por los graves cargos penales que se le imputan.

Al no poder localizarla en el domicilio declarado, en Acasusso, una localidad situada en el partido de San Isidro, en el área metropolitana de Buenos Aires, se pidió su detención.

En un primer momento, "el juez de Garantías número 6, Nicolás Zeballos, rechazó la detención, pero Velázquez debía presentarse ante las autoridades en cinco días". La exmagistrada no lo hizo y la solicitud de detención fue cursada, según informaron las autoridades del país tras hacerse pública la detención en España.

Inhabilitación

La ahora arrestada, mientras desempeñaba la titularidad de un Juzgado de Familia de Pilar (Argentina), supuestamente se lucraba económicamente con su trabajo, al haber propuesto a las asistentes sociales, integrantes del equipo técnico del Juzgado a su cargo, acudir a los barrios pobres de la ciudad argentina a "conseguir panzas".

La jueza Velázquez fue apartada de sus funciones en 2016 y destituida del cargo definitivamente en septiembre 2017 tras la celebración de una vista por la "intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer". 

"Por unanimidad resolvimos destituir a la magistrada e inhabilitarla para ejercer en adelante función judicial. La gravedad de los cargos imputados que fueron acreditados con la prueba producida a lo largo del procedimiento, fundaron la toma de esta decisión", concluyó la portavoz de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta Provincial tras revisar el caso, según informaron diversos medios argentinos.

"A pesar de la gravedad que significa para el Estado de derecho el apartamiento de un juez, y ante la comprobación de las faltas y delitos cometidos, se avanzó en la decisión correcta. No hay duda de que el apartamiento dictado por unanimidad en el jury, habla de dar un paso concreto en pos de recuperar la transparencia, eficiencia y eficacia judicial", destacó entonces la portavoz.

Tras la destitución, quedaba pendiente el proceso penal que se sigue por la Fiscalía de Argentina, que ahora podrá continuar adelante tras su localización.

Velázquez estuvo al frente de este juzgado de Pilar, una ciudad del norte de la provincia argentina de Buenos Aires, desde su creación hasta su cese en el cargo por suspensión.  

Entre los cargos que acumuló se encontraban "datar falsamente sentencias e interlocutorios o irregularidades en el procedimiento, como permitir que, mientras estaba en viaje fuera del país, en muchos casos sin autorización de la Corte, sus auxiliares firmaran 600 expedientes durante los años que estuvo en el cargo".

Velázquez también fue acusada de "intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer; acoso laboral; incumplimientos reiterados en materia de adopción; actos de parcialidad manifiesta", entre otros cargos.

Amenazas

Velázquez habría pedido a sus trabajadores sociales que buscaran mujeres embarazadas entre familias pobres de esta región argentina, para a continuación acelerar el proceso de adopción de menores a matrimonios acaudalados. A cambio, la exmagistrada recibía importantes pagos de dinero. 

Una de las testigos que declaró en el juicio por inhabilitación, trabajadora social de los juzgados, confirmó que los hechos denunciados empezaron en 2011. La jueza "les habló sobre la escasez de niños en la zona de Pilar frente a la gran cantidad de matrimonios con deseos de adoptar", según consta en la resolución por la que fue apartada de la carrera judicial, consultada por EL ESPAÑOL.

Así, les propuso que "buscaran chicos en estado de abandono, puesto que había muchos matrimonios adinerados con deseos de adoptar esos niños. Les pidió que lo pensaran y que le dieran una respuesta".

La jueza fue "muy clara" cuando les sugirió que podía ser "una buena changa", es decir, "un buen trabajo". Los trabajadores sociales se opusieron y empezó un "maltrato" por parte de esta magistrada. 

Tras saltar el escándalo, el Colegio de Trabajadores Sociales local y la Asociación Judicial Bonaerense departamental San Isidro, entidades que presentaron la denuncia inicial, aseguraron en un comunicado conjunto que "los profesionales le contestaron por nota a la magistrada de su negativa y explicitando cuáles eran las tareas propias de su actividad".

La negativa, según denunciaron, tuvo consecuencias. "Debido a esta negativa comenzaron a sucederse distintas situaciones de violencia laboral, asignación de tareas administrativas (que no le corresponden a los peritos) y malos tratos", exponía la nota, reproducida en diversos medios de Argentina.

Según consta en la resolución, "en ningún momento Velázquez tuvo en cuenta el registro de pretensos adoptantes, valiéndose únicamente de los matrimonios que llegaban a su despacho".

"Directamente llamaba a un trabajador social y un psicólogo para que sean evaluados sin certificar que estuvieran inscritos en el Registro".

La jueza no tenía ningún "criterio fundado" a la hora de seleccionar a las familias y "en varios procesos los pretensos adoptantes eran de extraña jurisdicción y ni siquiera tenían domicilio en Pilar, muchos tenían domicilio en Tigre u otras jurisdicciones que no eran competencia del Juzgado de Familia de Pilar".

Madres sin abogado

Los testigos que declararon en este proceso relataron la oscura trama vinculada a esta jueza.

"Se entregó una guarda de una persona por nacer. No se le dio el derecho a la madre a elegir, ni a ser madre".

Mientras, otra trabajadora declaró que "fue dura en relatar la forma en que se llevó a cabo esa audiencia con la madre biológica, no tenían siquiera la certeza de que iba a nacer con vida y ya había una persona que se iba a hacer cargo del bebé. Además, la madre biológica se encontraba sin letrado".

En otro caso, la entonces magistrada "hostigó" a una mujer para que "entregue la criatura, esto marca la ausencia de un consentimiento libre y voluntario en un acto tan trascendental como la entrega de un niño", según aparece en la resolución.

Velázquez llegó a delegar en sus subordinados "incluso la propia función jurisdiccional: no redactaba ni interlocutorios, ni sentencias; se ha llegado a decir que la PC de la magistrada estaba virgen".

"Las garantías de los particulares quedaron delegadas. Empleados y funcionarios recibían órdenes telefónicas impartidas desde el exterior. Está acreditado que estaba fuera del país. Esto es de extrema gravedad. Se libraron órdenes judiciales, muchas con el uso de la fuerza pública, sin contar con la resolución pertinente", recoge la resolución por la que fue apartada del juzgado.

Velázquez seguirá detenida en España a la espera de que se complete el proceso de extradición a Argentina para continuar con el proceso por los cargos penales que arrastra.