El texto fue publicado este mismo lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y ese formalismo ha abierto un plazo de 20 días para que el Gobierno central, tal y como anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), la recurra ante el TC.

El Ejecutivo considera que el texto "iguala a las víctimas de 40 años de dictadura con las víctimas o supuestas víctimas de la República". La Generalitat, en cambio, destaca sobre la misma que "amplía derechos al proteger también a las víctimas de ETA".

Se trata de una ley impulsada por Vox en todas las autonomías donde formaba parte del Gobierno. Mazón la hizo suya, y subrayó desde el principio que extendía la protección más allá de las víctimas del franquismo, la cual se mantenía intacta.

En cambio, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, aprovechó la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos para considerar que el texto ya no era "una prioridad". En la Comunitat se dio la circunstancia de que la Ley fue votada y aprobada en las Cortes Valencianas justo el jueves en que, ya por la noche, Santiago Abascal anunció su ruptura con el PP.

En la mesa bilateral, el Gobierno de España aspira a cercenar la Ley. Está por ver si el Gobierno de Mazón accede a suavizar un texto ideado por Vox y, de paso, evitar un incómodo litigio. Los verbos empleados por las fuentes de la Generalitat Valenciana consultadas este lunes fueron "mejorar" o "perfeccionar" la norma.

La aprobación de la Ley de Concordia provocó una gran bronca en el parlamento valenciano. Se trata de un texto que deroga la Ley de Memoria Democrática de 2017 y que reconoce a las víctimas desde 1931.

Los diputados del PSPV-PSOE levantaron carteles con el lema "verdad, justicia y reparación". Los de Compromís alzaron libros relacionados con la memoria democrática.

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Tanto PSPV como Compromís advirtieron de que la recurrirán ante "cualquier estancia", tanto estatal como internacional, mientras el PP les acusó de querer judicializar la política.

En la sesión de control, Mazón destacó que "la diferencia" entre la Ley de Memoria Democrática del anterior gobierno de PSOE y Compromís y la de Concordia de PP y Vox, es que la segunda condena "los derechos de todas las víctimas de violencia política".

Mazón aludió al edil del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en julio de 1997, justo hace 27 años. Dijo que si hubiera nacido en Castellón, con la Ley de Memoria "no sería víctima de violencia política", algo que sí que se le reconocería con la Ley de Concordia.

"Dentro de tres días se cumple el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Nació en Ermua, como todos saben. Si Miguel Ángel Blanco, en vez de nacer en Ermua, hubiera nacido en Castellón, con su ley, no sería víctima de violencia política. Con la mía, sí", manifestó textualmente.

Por su parte, el portavoz de Vox, José M.ª Llanos, afirmó que era "un día histórico para el histórico reino de Valencia". "La Ley está muy bien redactada y defiende la libertad y la igualdad de todos, de los que fueron víctimas y de los culpables", dijo.