"Se prevalió de la posición que ocupaba como Teniente de Alcalde para conseguir que las empresas que mantenían relaciones económicas con el Ayuntamiento por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con él (...), efectuaran las aportaciones económicas".

Ocho años después de estallar la Operación Taula, la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a las penas de cuatro años y medio de prisión, nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, otros dos años de suspensión de la misma naturaleza y al pago de una multa de cinco millones de euros al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

Se trata de una sentencia histórica que confirma la financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia para la campaña de las elecciones municipales de 2007 que encabezó la exalcaldesa Rita Barberá, fallecida en noviembre de 2016. La resolución atribuye a Grau el papel de centinela de la caja B municipal y confirma que se utilizaron recursos públicos para reforzar la imagen de Barberá frente a sus adversarios políticos.

La Sala le considera autor de los delitos continuados de malversación y cohecho pasivos cometidos con motivo de la financiación de la campaña electoral del PP para los comicios municipales de 2007. Grau deberá indemnizar al Ayuntamiento de Valencia con 388.150 euros.

Además, el Tribunal impone cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para el que fuera director de la fundación Valencia Turismo Convention Boureau (FTVBC), José Salinas, como cooperador necesario de un delito continuado de malversación, con la atenuante de dilaciones indebidas.

En su caso, deberá responder de forma solidaria al pago de 210.000 de los 388.150 euros de la responsabilidad civil a la que habrá de hacer frente Grau.

En cambio, el Tribunal ha absuelto por falta de pruebas de los delitos de cohecho, malversación y falsedad documental a los otros dos acusados en este procedimiento: la exsecretaria del Grupo Municipal Popular, Mari Carmen García Fuster y el exdirector de la Asociación Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.

La sentencia considera probado que el entonces concejal de Hacienda y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau desvió fondos de estas entidades, que recibían aportaciones económicas del ayuntamiento, para sufragar gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de 2007.

Así, según recoge la resolución, la fundación Valencia Turismo, entidad de carácter privado financiada con aportaciones municipales y destinada a la promoción turística de la ciudad de Valencia, abonó al menos 210.000 euros la empresa que gestionaba la campaña electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC).

Del mismo modo, CEyD, dedicada al desarrollo económico, cultural, social y tecnológico de Valencia y financiada mayoritariamente con dinero municipal, pagó 178.150 euros a la misma empresa. La sentencia mantiene que estos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau y que José Salinas colaboró en la ejecución de los mismos.

La resolución también considera probado que la agencia electoral del PP recibió aportaciones de diversas empresas contratistas con el Consistorio que se dedicaron a sufragar gastos de las actividades de la campaña electoral del PP de 2007. Estos abonos se habrían efectuado bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se habían realizado.

Esos empresarios hicieron dichos pagos para "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando (…)".

De este modo, podrían "beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales", según detalla la sentencia, de 370 páginas y que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El ascenso de Grau

La Operación Taula hizo saltar en pedazos la unidad en el partido que Rita Barberá manejó sin fisuras desde 1991 hasta 2015.

La exalcaldesa sólo confiaba en él, su mano derecha desde la primera mayoría absoluta del PP en Valencia, y García Fuster, ahora absuelta y representada en el juicio por el cuñado de Barberá, el abogado José María Corbín, que sigue investigado por el presunto cobro de comisiones a contratistas municipales.

Grau usó su poder esos años para lograr aportaciones económicas de "las empresas que mantenían relaciones económicas con la Corporación Local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento", según ha concluido ahora la Audiencia de Valencia.

Alfonso Grau tiene ahora 83 años y entró en el ayuntamiento en 1995, segundo mandato de Barberá. Fue concejal de Fiestas, Presupuestos y Hacienda y de Grandes Proyectos. Acabó convertido en un poderoso vicealcalde tras las municipales de 2011, las últimas elecciones en las que ejerció de jefe de campaña.

Su trayectoria es extensa en Valencia. Grau, cirujano en el Hospital General de Valencia, destacó primero en el sindicato CSIF, donde progresó desde la presidencia provincial hasta la autonómica y, después, a la vicepresidencia nacional del sindicato. En 1995, con el éxito electoral de Barberá, Grau se liberó de sus labores sindicales para dedicarse en exclusiva a la política.

En un principio, un casi desconocido y joven Francisco Camps era entonces en quien Barberá delegó todo el poder. Pero la marcha del que años más tarde sería presidente de la Generalitat hacia Madrid permitió la escalada de Grau.

Pero esa relación empezó a romperse por culpa de Iñaki Urdangarin y el caso Nóos. Las investigaciones por la contratación del yerno de Juan Carlos I no consiguieron sentar en el banquillo a Barberá, pero salpicaron de lleno a Grau, a quien el juez Castro sí llevó a juicio, pero resultó absuelto.

Aunque Barberá se resistió inicialmente a aplicarle las líneas rojas del expresidente valenciano Alberto Fabra, finalmente, la presión del partido acabó por forzar su dimisión meses antes de la celebración de las elecciones municipales de 2015. Se trataba de un mal necesario que se debía de asumir. "No contéis conmigo para nada", le dijo a Barberá tras la renuncia, según recordaron tras la sentencia distintas fuentes del PP consultadas por EL ESPAÑOL.

Alfonso Grau, de espaldas, en el juicio del caso Noós. EFE

Pero la ruptura definitiva llegó poco antes de las votaciones, con la confección de las listas electorales. María José Alcón, la mujer de Grau, ya fallecida, figuró en el número 15 de la lista y desató el enfado del exvicealcalde porque tenía muy pocas opciones de lograr el acta de concejal.

Finalmente, la revelación de unas grabaciones en las que se escuchaba a Alcón participar de una mordida desató la guerra total entre los dos. Alcón fue retirada de la candidatura y, meses después, la Guardia Civil desmanteló la estructura local del partido con la Operación Taula.

Esta investigación captó otra conversación de Alcón con su hijo en la que describía cómo el grupo municipal supuestamente blanqueaba fondos para la campaña tras la dimisión del que había sido el centinela de la caja B y el juez imputó a medio centenar de cargos locales. Pero finalmente la Audiencia de Valencia aceptó el recurso de los investigados y evitaron el juicio, acotando la responsabilidad en torno a Grau.

Tras estallar el escándalo, el PP de Barberá, hasta entonces unido sin fisuras, se sumergió en una profunda crisis que se prolongó hasta la victoria de la popular María José Catalá en las municipales celebradas el año pasado. 

Sin pruebas en 2011

El Tribunal ha dictaminado que esos pagos se hicieron a petición de Alfonso Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento" para conseguir aportaciones de grandes empresas

El Tribunal no tiene ninguna duda: las empresas pagaron "en atención a la posición de poder que él ocupaba y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desplegar para poder influir en la contratación municipal".

Según la Sección de la Audiencia de Valencia, en esa acción, "cuanto menos colaboró en la comisión de los hechos" el entonces director gerente de FTVBC, pues autorizó los pagos. Y puntualiza que "no cabe plantear como hipótesis razonable" que lo hiciera "por error o engañado", sino que su colaboración fue "necesariamente consciente de su finalidad".

No obstante, diferente conclusión alcanza el Tribunal respecto a la campaña de las municipales de 2011, que también eran objeto de acusación, pues entiende que no hay una prueba evidente del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales.

"La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados", precisan los magistrados.

Así, aunque el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del Grupo Municipal Popular se efectuó "al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral", esos hechos, cuando se cometieron, no eran constitutivos del delito de financiación ilegal, destaca el Tribunal.