El Gobierno valenciano garantiza que barcos como el Aita Mari podrán recalar "sin ningún veto"

Salvamento Marítimo Humanitario ha denunciado que el Gobierno valenciano reclame 63.000 euros a la embarcación Aita Mari por tasas portuarias, pero el Consell garantiza que barcos como este podrán recalar "sin ningún veto, pero cumpliendo la normativa".

Mientras la ONG asegura que la Generalitat Valenciana aplica retroactivamente la eliminación de la exención de tasas para estos barcos, el gobierno señala que las tasas portuarias se pueden recurrir y que "se analizará la situación caso a caso" tras las críticas que ha recibido.

Por su lado, la Generalitat muestra su "voluntad de diálogo permanente" con las embarcaciones humanitarias y asegura que "siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor".

De esta manera, han reaccionado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a la queja pública de que se le reclama al barco Aita Mari un total de 63.300 euros en concepto de tasas humanitarias, al "modificar el reglamento y suprimir la exención de tasas que existía hasta ahora" en la Ley 2/2014 de Puertos.

Pero según informa Salvamento en un comunicado, el Consell pretende aplicar con efecto retroactivo la modificación de la ley que elimina la exención de tasas para este tipo de barcos, que se aprobó en junio de 2024, y por tanto, debe realizar una liquidación de tasas de los últimos cuatro años.

En respuesta a esta crítica, fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus subrayan que "la Generalitat mantiene una estrecha relación con los diferentes actores portuarios, entre ellos embarcaciones de ayuda humanitaria, y se limita a cumplir la ley y la normativa en vigor".

Además, señalan que "siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Generalitat".

Desde Conselleria sostienen que el anterior gobierno del Botànic "decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades, pero lo hizo sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna".

"Por tanto, era una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes", recalcan. Así, defienden que "lo que se ha hecho ahora es regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma normativa que lleva en vigor durante los diferentes años".

Por último, Medio Ambiente indica que "en este caso particular se pueden recurrir las tasas que se han cobrado y se analizará la situación caso a caso".

Críticas de la ONG

Ante esta situación, la ONG advierte que la aplicación de las tasas dificultará "muchísimo" las próximas misiones del Aita Mari, la siguiente prevista para octubre.

La entidad critica que "era una vieja reclamación de Vox expulsar a los barcos de ayuda humanitaria de los puertos valencianos y una de sus primeras acciones -cuando formaba parte del Consell junto al PP antes de abandonar los gobiernos autonómicos el mes pasado- ha sido modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora".

Y reprocha: "Estos son los hechos concretos en los que se traduce la agenda racista y xenófoba de la extrema derecha. En ella todo vale para conseguir sus fines, ellos son los que deciden quién vive y quién muere, qué vidas se deben sacrificar, que ayuda humanitaria es válida y cuál se debe entorpecer y criminalizar".