El Gobierno valenciano reserva un 40% de las viviendas protegidas a jóvenes menores de 35 años

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que con el nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) se reserva un 40% de viviendas protegidas a jóvenes menores de 35 años y se ajusta la renta para facilitar el acceso a estos inmuebles.

Al inicio de su intervención, ha puesto de manifiesto que la falta de viviendas en la Comunitat Valenciana "ha llegado a un punto crítico y es especialmente preocupante para los jóvenes". "Es la legislatura de la vivienda", ha afirmado de manera contundente.

A través de esta norma, que tal y como ha señalado pronto se llevará al pleno del Consell para su aprobación, también podrán beneficiarse las familias monoparentales, familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o víctimas de violencia de género.

El reglamento también incrementará el nivel de renta máximo para acceder a una vivienda protegida para las familias que tengan mayores a su cargo o hijos con edades entre los 18 y 35 años. 

Carlos Mazón ha explicado que se da un paso más al aportar soluciones "reales y factibles" para incentivar la construcción de nuevas viviendas que faciliten el acceso a jóvenes y familias al mercado inmobiliario.

El presidente ha participado en la presentación del nuevo decreto de VPP de la Comunitat Valenciana en un acto en el que también ha asistido la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. 

El objetivo de este nuevo decreto, según ha apuntado, es "actualizar la normativa al escenario actual para favorecer que la vivienda de protección pública sea una opción posible para todos los valencianos, castellonenses y alicantinos que demanden una nueva residencia y corrija la situación del mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana tras años de inacción en esta materia".

Según ha indicado la responsable de Servicios Sociales, basándose en los expertos, "los alquileres suponen más del 60% de los sueldos de los jóvenes, que deben compartir con otros para poder costearlo, su emancipación se retrasa por la falta de vivienda y una construcción de su futuro se complica por estas razones".

En esta línea, ha asegurado que los españoles dedican el 43% de su sueldo bruto anual al alquiler de una vivienda. "Lo aconsejable es que se quedase en el 30%. Incluso para comprar un inmueble tienen que dedicar el 39% de sus ingresos brutos anuales. El mayor esfuerzo de la última década", ha insistido.

La legislatura de la vivienda

El jefe del Consell ha repasado la serie de iniciativas que el Gobierno valenciano ya ha puesto en marcha: "Ya están en vigor los avales de vivienda para los jóvenes, se ha alcanzado la cifra récord en ayudas en un 40%, también está en vigor la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en un 20% para este colectivo en la Comunitat.

"Además, 224 ayuntamientos ya se han adherido al plan Vive", ha afirmado Mazón. Este prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles.

Igualmente ha puesto en valor la línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para menores de 45 años, dotado con un presupuesto 20 millones de euros "ampliable si se agotan los fondos". 

Consiste en avalar a los jóvenes, sin límite de renta, para que determinadas entidades financieras les brinden hasta el 95% de la financiación hipotecaria, 15 puntos por encima del actual tope del 80% con el que suelen encontrarse.

La medida se sumó a la rebaja de un 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la autonomía. Solo en los primeros tres meses del año 2024 ya se presentaron 3.272 declaraciones acogiéndose a las nuevas tarifas, vigentes desde el 1 de enero.

Así para menores de 35 años, colectivos más vulnerables y compradores de viviendas de protección oficial de régimen general, se ha rebajado el ITP al 6%. En ambos casos con un valor de la vivienda de hasta 180.000 euros.

Del mismo modo, Susana Camarero se ha referido a la ampliación del Bono Alquiler Joven 2023-2024 que ha permitido beneficiar a 5.640 menores de 35 años, es decir, a un 44% más que la última convocatoria. Así, ha recalcado que el Consell ha incrementado las ayudas en un 40%, es decir, se han destinado 31,9 millones de euros.

Simplificación y seguridad 

El president ha puesto en valor la colaboración de instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil en la elaboración de este marco normativo que "impulse la construcción de viviendas asequibles y accesibles que revierta la carencia de oferta de vivienda de los últimos años y una política ineficaz".

De hecho, Mazón ha lamentado que el desequilibrio entre la oferta y la demanda haya hecho que entre 2015 y 2023 "el precio del alquiler aumentara en un 90% y el de compra en un 49%".

En este sentido, ha señalado que con este decreto pretenden incentivar a los promotores a construir más viviendas protegidas y apostar por una mayor simplificación normativa, garantizando la seguridad jurídica. 

El reglamento introduce medidas que facilitan y acortan los plazos para la obtención de calificaciones. Por otro lado, se va a mantener el carácter permanente para todas las viviendas de titularidad pública, al tiempo que establece distintos niveles de protección para facilitar la inversión.

Así, el periodo de protección podrá oscilar entre 30 años para las promociones en suelos calificados para VPP, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven. 

Además, el nuevo decreto va a desplegar un nuevo sistema para la fijación de precios máximos. Se trata de un "módulo dinámico pionero en España" que, en base a los costes de edificación, se ajustará de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en cada uno de los municipios de la Comunitat Valenciana.

El president ha explicado que "este módulo dinámico y de actualización anual, tendrá limitado su nivel máximo y permitirá abaratar las viviendas fijando un precio inferior en aquellos municipios en los que se den las circunstancias".

Igualmente, ha garantizado que el precio de venta para las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana "esté siempre situado por debajo de los precios de mercado para la vivienda libre".