Una investigación de la Guardia Civil por tráfico de drogas ha aflorado una supuesta red de corrupción en la Policía Local de Silla, un municipio del área metropolitana de Valencia. La operación se desarolló este verano y acabó con la detención de siete personas en relación con un punto de venta de drogas en una vivienda en Silla, un narcopiso donde se estima que acudían unas 50 personas al día para adquirir cocaína. 

La Guardia Civil intervino cerca de 300 gramos de cocaína. Esta investigación la dirigía un juzgado de Carlet y ordenó la intervención telefónica de los acusados. Al parecer, las escuchas recogían varias conversaciones que mostrarían la colaboración de los agentes de la Policía Local de Silla bajo sospecha con los traficantes.

Por el momento, el Ayuntamiento de Silla ha mostrado su apoyo a los agentes investigados y no tomará ninguna medida disciplinaria contra su comisario. Según fuentes municipales, la de Silla es la única plantilla en toda la Comunitat Valenciana que tiene competencias como Policía Judicial.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Carlet tenía abierta una causa por un delito contra la salud pública contra una mujer, quien colaboraría con los policías, y otros dos investigados. 

 

Una vez levantado el secreto que pesaba sobre esa causa, la juez acordó deducir testimonio del procedimiento al desprenderse de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación indicios de delito contra el jefe de la Policía Local del municipio valenciano de Silla y otros cuatro agentes municipales por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. 

 

Esa deducción de testimonio se ha remitido ahora al Decanato de los Juzgados de lo Carlet para su reparto y asignación a un juzgado, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Será ese juzgado el que reciba la deducción de testimonio, determine si incoa diligencias previas y por qué delitos concretos en relación con esas personas.

 

El juzgado también acordó deducir testimonio de las diligencias previas iniciales con respecto a otro investigado por delito contra la salud pública a los Juzgados de Paterna, según esta información.

Según publica este martes el diario Levante-EMV, la mujer con la que supuestamente colaboraban los agentes ha asegurado que la "presionaban" para dar con otros traficantes de la zona y proceder a su detención. Además, la mujer ha confirmado que llegó a reunirse con el mando polical en el retén y que le obligaron a dejar su teléfono fuera del despacho.

La operación inicial

La Operación Connivencia, que fue la que destapó esta presunta colaboración, comenzó con la entrada de dos denuncias que ponían de manifiesto la existencia de un punto de venta de cocaína en el municipio de Silla. 

Fruto de estas primeras gestiones, se pudo comprobar la existencia de un narcopiso en esta localidad, que cuenta con una población censada de más de 18.000 personas.

Además, se verificó un gran tránsito de personas que acudían al portal y, tras comprobar el teléfono móvil, accedían al mismo. De ese modo, una media 50 personas diarias visitaban el piso de 07.00 a 21.30 horas todos los días del año, detalló la Guardia Civil en un comunicado.

Tras controles posteriores, se comprobó que algunas de las personas que acababan de acceder al piso, portaban sustancias estupefacientes entre sus pertenencias. Con respecto al piso, era regentado por una mujer que se dedicaba a la venta de esta sustancia estupefaciente desde hace 6 años.

Los agentes iniciaron otra vía de investigación para tratar de averiguar cuál era el procedimiento de abastecimiento que seguía el punto de venta, según informó en su momento el Instituto Armado. El piso contaba con grandes medidas de seguridad y estaba lleno de cámaras de vigilancia.

Por otro lado, constataron la cercanía de un hombre con la propietaria del narcopiso. Este hombre era el que desviaba el patrimonio real de la regente del piso a su nombre para evitar vinculaciones y dificultar la investigación de los agentes.

Una persona era la encargada de abastecer de sustancia estupefaciente. Los viajes se realizaban de manera cíclica cada 10-12 días, saliendo de la localidad de Silla en dirección a Paterna, donde permanecía unos 15 minutos.

En un control rutinario en uno de estos viajes, se pudo aprehender la cantidad de 100 gramos de cocaína envasada al vacío y, de este modo, se logró la identificación del proveedor y se confirmaron las sospechas del hombre que realizaba las funciones de transportista desde Paterna hasta Silla, a poco más de 20 kilómetros de distancia.

Tanto la propietaria como el transportista, acudían reiteradamente a un garaje privado a escasos 200 metros, potencial lugar donde se guardaba la mayor parte de la droga y el dinero obtenido con las ventas.

Sin embargo, tras la aprehensión de la droga en el control rutinario, los detenidos cambiaron su modus operandi, trasladando la droga directamente a un chalet de la localidad de Picassent, donde se dejaba la mayor parte de la misma y se iba llevando en cantidades menores, en horarios más seguros y por caminos rurales.

Cuando la propietaria del narcopiso se iba de vacaciones utilizaba como instrumento a otras dos personas que hacían las funciones de comerciales de atención y venta.

Estas mujeres cobraban una comisión de 5 euros por cada venta que atendían. Para asegurar el stock, la propietaria dejaba grandes cantidades de dosificaciones preparadas y en manos de las comerciales.

Otra de las labores del hombre encargado del transporte de la droga, fue sacar una línea de teléfono a su nombre, pero en poder de la propietaria del narcopiso, que era quien realizaba el grueso de las ventas. De ese modo, se ofrecía a los clientes una única línea dedicada a la venta de cocaína.

Paralelamente, se abrió una investigación patrimonial de las personas implicadas, destinada a localizar el producto del delito y sus posteriores transformaciones para su aprehensión. Se intervinieron 10.015 euros e identificaron diversas cuentas bancarias para diversificación del producto del delito. 

Frutos de los cuatro registros practicados se incautaron: 290 gramos de cocaína, 10.015 euros en metálico, 1,2 Kg de marihuana, básculas de precisión para pesaje y dosificación, útiles para la dosificación, tales como gomas y alambres de cierre y terminales telefónicos.

 

En el operativo acabó con la detención de siete personas: cuatro mujeres y tres hombres, de edades comprendidas entre los 32 y los 63 años y de nacionalidad española.

Se les atribuyeron los delitos de organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales y el juzgado remitió los hechos que vinculan al comisario de Silla con la supuesta trama de corrupción.