La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido cautelarmente la denuncia de la Generalitat Valenciana de los acuerdos suscritos por ella misma con los sindicatos en junio de 2023, con el anterior gobierno del socialista Ximo Puig, en la Mesa Sectorial de Educación.
Además, ha paralizado las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas de profesorado en los centros educativos.
El Tribunal considera que no está constatada la pretendida nulidad de aquellos acuerdos, pues no se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat "resolución judicial o administrativa" que así lo declare.
Del mismo modo, tampoco se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat una impugnación que cuestione su legalidad, según consta en la resolución notifica por el TSJCV este miércoles.
Además, la denuncia en mayo de 2024 de esos acuerdos de la Mesa Sectorial, sobre la que se fundamentan las instrucciones posteriores de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, podría ser "manifiestamente extemporánea" conforme al artículo 38 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Los autos pueden ser recurridos en reposición y, en el caso de que devengan firmes, serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
El plan
El pasado mes de junio, la Conselleria de Educación informó que envió a los centros educativos de la Comunitat Valenciana las instrucciones para la determinación de plantillas del curso 2024-2025.
La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Personal Docente, ha enviado este martes a los centros educativos de la Comunitat Valenciana las instrucciones para la determinación de plantillas del curso 2024-2025.
La información que recibieron los centros, tanto Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIPS) como Institutos de Educación Secundaria (IES), era un punto de partida inicial que se iba a actualizar con el tiempo.
Entre estas se encontraban las dotaciones como el profesorado del Programa de Actuación para la Mejora de los centros (PAM), los maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, el profesorado de nuevos Ciclos Formativos de Formación Profesional y otras dotaciones "imprescindibles para llevar a cabo una inclusión real del alumnado".
"Este incremento se ha previsto de acuerdo con las necesidades reales de cada centro y se ha prestado especial atención a las sugerencias que hicieron los sindicatos en Mesa Sectorial. Se va a apoyar de forma especial al alumnado con necesidades especiales", explicó en un comunicado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.
"Lo más importante es que no va a haber ningún recorte de personal, sino todo lo contrario: se va a hacer una buena distribución y se prevé un aumento de 1.000 docentes a final de curso, hasta alcanzar un total de cerca de 69.000 docentes, tal y como ya se informó a los sindicatos", añadió.
Además, estaba previsto un incremento de personal no docente en los centros educativos: educadores de educación especial, técnicos de gestión educativa, fisioterapeutas, educadores sociales, auxiliares de gestión en CEIPS y personal de administración y servicios en IES, lo que supondrá un aumento de personal de 465 puestos de trabajo.