Isabel García en una imagen de archivo.
La exdirectora del Instituto de la Mujer sigue ganando contratos en pueblos del PSOE para gestionar Puntos Violeta
La alcaldesa socialista de Catarroja, Lorena Sirvent, adjudicó a la empresa de Isabel García la gestión de las fiestas de su municipio.
22 septiembre, 2024 21:00Isabel García Sánchez, la directora del Instituto de las Mujeres cesada el pasado mes julio por el Gobierno tras conocerse los contratos de su empresa con administraciones del PSOE, sigue imponiéndose en las adjudicaciones públicas para gestionar los Puntos Violeta contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo.
El Ayuntamiento de Catarroja, un municipio del área metropolitana de Valencia, ha adjudicado recientemente a Elig Consultoría de Igualdad, la sociedad que usaron García y su pareja para facturar por estos servicios, la gestión de los Puntos Violetas de las Fiestas Mayores, que se celebran durante todo el mes de septiembre.
La adjudicación se formalizó el pasado 4 de septiembre y el servicio se valoró en 1.680 euros (sin impuestos). Como órgano de contratación figura directamente la Alcaldía de Catarroja y la persona de contacto con la empresa es la propia García, según figura en la plataforma de contratación pública, consultada por EL ESPAÑOL.
La alcaldesa de Catarroja es la socialista Lorena Sirvent. La dirigente gobierna el municipio desde las elecciones municipales celebradas en 2023 tras llegar a un acuerdo con Compromís.
No es la primera vez que Sirvent recurre a los servicios de su compañera de partido. El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Catarroja adjudicó a García un contrato por valor de 1.000 euros por una conferencia de la socióloga Carmen Ruiz Repullo. En esa fecha, García todavía era la directora del Instituto de las Mujeres.
Desde mediados de 2022 y hasta el momento de su cese, la facturación de las empresas de la exdirectora del Instituto de las Mujeres y su pareja, asesora del PSOE en el Senado durante la pasada legislatura, sobrepasaron los 250.000 euros por adjudicaciones a dedo.
Los Puntos Violeta son un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para "implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres". También sirven como centro de ayuda a las víctimas.
Estos puntos de información son, en su mayoría, financiados con dinero de las políticas de Igualdad impulsadas por el Ministerio, del que García Sánchez era alto cargo.
Estas carpas (a veces sólo una mesa) se suelen colocar en las fiestas locales y se utilizan también como punto para recoger denuncias de intentos de agresiones sexuales en el ocio nocturno.
Concesión directa
La mayoría de los contratos adjudicados a la exdirectora del Instituto de las Mujeres son menores y de concesión directa, como el que ha obtenido recientemente en Catarroja, por lo que no precisan de presentar más ofertas: se dan a dedo y punto.
El pasado 23 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el cese de Isabel García, una dirigente cercana al exministro José Luis Ábalos, tras haberse lucrado con contratos adjudicados por administraciones socialistas para la gestión de los Puntos Violeta y en programas en materia de igualdad y feminismo.
Tras una semana en la que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió "tiempo y humanidad" para que Isabel García pudiera dar sus explicaciones, el Consejo de Ministros terminó cesando a la directora del Instituto de las Mujeres ante la rotundidad de las pruebas publicadas en exclusiva por EL ESPAÑOL.
La gestión de García al frente del Instituto de las Mujeres no llegó a siete meses y estuvo plagada de polémicas. En primer lugar, por sus opiniones contra la Ley Trans y también por las actividades empresariales junto a su esposa.
Tanto el Partido Popular como Podemos e incluso Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, exigieron su destitución.
Isabel García, en su respuesta a este periódico, afirmó que cumplía escrupulosamente con la ley y que sus empresas -de las que pasó a tener un porcentaje del 8% tras ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres- no entraban en conflicto de intereses con su cargo.
