Los acusados por el denominado cártel del fuego, el grupo de personas y empresas investigadas por amañar las contrataciones públicas de aeronaves destinadas a la extinción de incendios forestales en España, han admitido este martes en la Audiencia Nacional todos los delitos a cambio de una reducción de la petición de penal

Entre estos acusados se encuentra el exconseller valenciano del PP Serafín Castellano, ex secretario general de la formación en esta comunidad y uno de los dirigentes que más poder acumuló durante años en la política valenciana.

La petición de pena para Castellano pasa de los 21 años de prisión a 2 años y siete meses. "Ratifico todos los escritos de acuerdo al escrito que presentamos el 22 de septiembre", ha manifestado a preguntas de la Fiscalía. El exdirigente del PP no entrará en prisión.

El empresario valenciano Vicente Huerta, propietario del grupo Avialsa, también ha admitido los hechos y la petición de pena se queda en tres años y cinco meses de prisión.

La Fiscalía ha informado que Castellano y Huerta han consignado en la cuenta del juzgado los 904.407,28 euros defraudados que reclamaba la Generalitat Valenciana por las irregularidades en los contratos de extinción de incendios entre la Conselleria de Gobernación y la empresa Avialsa.

Castellano fue detenido por estos hechos en 2015 cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Casi 10 años después, ha admitido finalmente los hechos.

Los acusados se hacían llamar el "Grupo 6" y durante 20 años dominaron las contrataciones públicas de aeronaves destinadas a la extinción de incendios forestales en España. Lo hicieron con el PP, el PSOE y CIU.

La organización, constituida por un grupo de empresas del sector de la aviación y apoyados por funcionarios y políticos de diversas administraciones y partidos, logró influir en el precio final de los contratos.

El funcionamiento de este grupo fue estable y permanente en el tiempo. A través de pactos clandestinos, muchos de ellos cerrados durante la celebración de cacerías en Andalucía y Castilla-La Mancha, imponían a las administraciones precios superiores por el uso de aviones en los incendios.

¿Cómo? Pues con un reparto fraudulento del mercado y ofertas previamente pactadas entre ellos con bajas insignificantes. Así obtuvieron a lo largo de dos décadas precios máximos y sin alternativa a cambio de entregas de dinero en metálico, regalos y el pago de cacerías o viajes.

La investigación acreditó que se pudieron concertar contratos por al menos 151 millones de euros y la trama se extendió por Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña. 

Origen

Este grupo "delictivo" se fundó en 2001 en el municipio cordobés de Palma del Río. Allí pactaron compartir de manera común la flota de aviones de extinción de incendios, incluidos los de reserva, para aumentar el margen de beneficios.

Para ello, crearon una "asociación clandestina" tras una reunión celebrada en la sede social de la empresa FAASA. Esta empresa es la que contrató el PSOE de Andalucía en 2010 para el traslado en avioneta de José Antonio Griñán, presidente de la Junta entre 2009 y 2013, a un acto del partido en Roquetas de Mar.

Las empresas acordaron repartirse España geográficamente y los concursos de manera rotatoria. En cada ocasión, se decidía qué compañía de las investigadas podía acudir al concurso y predeterminaban los criterios para licitar a través de una UTE.

En las reuniones también se establecía la contribución de cada compañía al mantenimiento de gastos de la flota y de los aviones de reserva. Además, fijaban las compensaciones posteriores de gastos entre ellos y por posibles incidencias que pudieran surgir cuando se negociaba con personal de las administraciones.

Este reparto del negocio se desarrolló al menos entre los años 1999 y 2018. La investigación comenzó en Valencia porque un colaborador cercano al propietario del grupo Avialsa, Vicente Huerta, y uno de los cabecillas, Francisco Alandí, se personó en la Fiscalía con un dispositivo informático con miles de documentos y material fotográfico que comprometía a la organización. 

Anticorrupción iba tras los pasos del exconseller valenciano de Gobernación, Serafín Castellano (PP), y entre esa documentación apareció la factura de un rifle Browning de 1.900 euros que la trama le regaló. 

El importe de todos los regalos que recibió Castellano, según la Fiscalía Anticorrupción, ascendió a "no menos de 167.177,02 euros", e incluye sesiones de SPA con noches en hoteles exclusivos. A esta cantidad hay que sumar las entregas puntuales de dinero en metálico.

Más allá de Valencia

Los investigadores tiraron del hilo y descubrieron que la red iba mucho más allá de Valencia y alcanzaba a contratos públicos en todo el país con "técnicas fraudulentas de elevación de los costes de contratación". Como el grupo estaba presente en casi toda España, el caso pasó a la Audiencia Nacional. 

El cártel también pactó los topes salariales a abonar a los pilotos de las aeronaves, tarifas por hora de vuelo y otras materias relacionadas con la extinción. En los pactos sobre turnos y sistemas rotatorios, se tomaban también en consideración, además de los concursos en España y Portugal, los puntuales servicios, desplazamientos o utilización de aeronaves en Italia.

En uno de los contratos ganados en Portugal, la investigación ha constatado que el Gobierno luso pagó hasta tres veces más de lo que realmente costaba el servicio contratado.

Los empresarios acusados delimitaron para cada uno de los años el total de la flota de aviones disponibles para el conjunto de los socios y se estableció un estricto turno rotatorio para optar a incrementar las contrataciones con Administraciones públicas.

Además, se fijaron zonas de influencia y de adjudicación de cada compañía, de forma que si se convocaba un concurso en un territorio sobre el que una empresa tenía ya contratadas aeronaves, sería esta empresa la que ofrecería el servicio en condiciones de éxito, pero utilizando el avión de la empresa que tenía adjudicado el turno rotatorio en ese momento.

De este modo, Avialsa tenía la preferencia en las comunidades de Valencia y Cataluña; el Grupo Ridao en las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; FAASA en Castilla y León y Andalucía, y CEGISA en Portugal.

Los asociados realizaban "ajustes anuales entre ellos" como consecuencia de la utilización de estos aviones por turno, y por el hecho de fijar la existencia de dos aviones de reserva, que cubrirían las posibles averías u otros incidentes que sufriera la flota común.

Así, las empresas establecían al final de año un precio por avión, que se calculaba en función del total facturado a la Administración correspondiente. Una vez descontados los gastos, se fijaba la cantidad de referencia para establecer unas compensaciones entre el grupo

Cuando una empresa entrase por turno de contratación, tenía la opción de comprar o alquilar la aeronave, si no disponía de una, en cuyo caso debía hacerlo a otra empresa del grupo que estuviera sin contrato para compensar. 

También fijaron y ejecutaron acuerdos para llevar a cabo las adjudicaciones, acudiendo únicamente la sociedad que tuviera asignado ese territorio. Incluso en algunos casos, se decidía que no acudiese nadie a ofrecer o licitar, para ocasionar que, en una nueva convocatoria, se inflase el precio final por la Administración a través de ofertas cebo para obtener mayores beneficios.

Todos se ajustaron a los pactos indicados. El empresario valenciano Vicente Huerta aseguraba la eficacia del reparto y provocó la elevación de los costes, según ha concluido el Ministerio Público.

En Cataluña, al igual que sucedía en la región valenciana, Huerta controlaba con funcionarios del sector el desarrollo de la actividad delictiva. 

Ramón Dinarés, jefe de medios aéreos de la Generalitat de Cataluña, indicaba a Avialsa cómo debía presentarse a los concursos a cambio de "entregas de dinero en efectivo, regalos, servicios de hostelería y hospedaje, así como instrumental electrónico, técnico e informático".