El Gobierno central ha enviado este miércoles a la Generalitat Valenciana la propuesta para iniciar el proceso de negociación sobre la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana aprobada por PP y Vox horas antes de romper el gobierno de coalición.
Se trata del paso previo a denunciar dicha normativa ante el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez entiende que dicha normativa "al igual que la planteada por Aragón, ya suspendida por el Constitucional, invade competencias estatales, rompe el consenso internacional y no respeta la Constitución Española".
Precisamente este miércoles, el PP ha dejado caer la ley de Concordia que impulsó cuando gobernaba junto a Vox en Castilla y León. Los populares han justificado su voto en contra asegurando que la "prudencia" aconseja posponer la tramitación de la norma.
Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consideran que las similitudes entre ambas leyes "resultan claras".
"Similitudes que se traducen en la derogación de un régimen jurídico autonómico en materia de memoria democrática que antes, en ambos casos, se alineaba con la legislación estatal y con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia de memoria democrática", añaden desde este departamento.
Argumentos del Gobierno
Al respecto, afirman que "se sustituye la normativa anterior por normas que recortan la esfera de derechos y protección a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos, impidiendo además, la plena efectividad de la normativa estatal en ámbitos de competencia autonómica y local".
"La Ley de concordia interfiere en competencias estatales y no respeta el consenso internacional sobre víctimas de infracciones graves de derechos humanos", afirman.
Además, consideran que "el concepto de víctima, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a las garantías de no repetición, quedan comprometidos con esta ley".
Con todo, entienden que existe una "confrontación directa" entre la norma autonómica aprobada por las Cortes Valencianas y la ley estatal de memoria Democrática de 2022.
Vicente Barrera (Vox) y Carlos Mazón en las Cortes Valencianas
También aprecian estas fuentes una confrontación entre la ley de Concordia valenciana con principios del derecho internacional público, "en los que se refieren al derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a las garantías de no repetición, reconocidos a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas".
El Gobierno reitera además que el artículo 10.2 de la Constitución señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución Española reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, "algo que no respeta la Ley autonómica".
La comunicación remitida establece el plazo para aceptar o no la propuesta de diálogo hasta el próximo lunes 30 de septiembre, según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Negociación
El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha hecho suya la norma. En una entrevista a EL ESPAÑOL, defendió que lo que se ha hecho "básicamente fue continuar, que no enmendar, la ley del Botànic.
"A mí me llama mucho la atención cuando el PSPV o Compromís critican que hemos hecho una ley en la que se equiparan las víctimas del Franquismo con las de la Transición o las de la Democracia. Si ya lo hicieron ellos", añadió.
El respecto, defendió que hay que "respetar, mantener, consolidar todos y cada uno de los derechos adquiridos por las víctimas del Franquismo, desarrollarlos, consolidarlos y mantenerlos. Y ampliar una puerta que ya había abierto el Botànic".
En esta línea, el jefe del Consell está dispuesto a "mejorar" junto al Ejecutivo central la Ley de Concordia valenciana. La Generalitat acudirá a la comisión bilateral con el Ejecutivo dispuesta a "perfeccionar" el texto.