El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha localizado en seis países las cuentas que utilizaba la mano derecha de la alcaldesa Rita Barberá, Alfonso Grau, para esconder el supuesto pago de comisiones millonarias a cambio de amañar planes urbanísticos de la capital del Turia.
Alfonso Grau desempeñó entre los años 2002 y 2015 el cargo público de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y fue presidente de la entidad pública Aumsa, la empresa pública de la vivienda y actuaciones urbanas de la ciudad.
En ese periodo de tiempo, "Alfonso Grau Alonso fue sobornado por varios empresarios que concursaban y licitaban para la obtención de adjudicación de obra y servicios públicos", según concluyó la magistrada instructora en un informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Los países utilizados por esta trama son Estados Unidos, Reino Unido, Panamá, Luxemburgo, Mónaco y Suiza.
Toda esta información forma parte de los tomos del sumario del Caso Azud, la investigación que afloró 20 años de pillaje en el Ayuntamiento de Valencia, cuyo secreto se acaba de alzar tras responder estos países a las comisiones rogatorias enviadas por la juez.
Según esta información, uno de los principales empresarios que procedió al soborno de Grau con grandes cantidades de dinero en metálico como comisiones fue el valenciano Jaime María Febrer Rovira.
En la lista también aparece la empresaria valenciana Mónica Montoro y la estructura que habría usado desde Mónaco, otro de los paises investigados, para esconder los sobronos.
La investigación ha podido constatar la participación de Alfonso Grau "en al menos 8 tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario Jaime María Febrer Rovira y de empresas de su grupo (Grupo Axis) desde el año 2003 al año 2013".
Por tal actividad, "Jaime Maria Febrer Rovira abonaba a Alfonso Grau Alonso grandes cantidades de dinero de origen oculto y cuyo destino ocultaban para no detectarse la actividad delictiva que ambos llevaban a cabo".
En la investigación resulta que "el empresario cohechador Jaime María Febrer no sólo realizaba los sobornos a Alfonso Grau, sino que dichos sobornos alcanzaban a otros funcionarios públicos o intermediarios en el amaño de las contrataciones públicas".
Los investigadores descubrieron que, a través de manifestaciones testificales, como las de su secretaria, "que el investigados Febrer poseía dinero y cuentas en el extranjero".
Para ello, "tanto Jaime Maria Febrer Rovira como Alfonso Grau Alonso se servían de sus familiares directos".
Así, "Alfonso Grau Alonso hacia participar en la tarea de ocultación y transformación del dinero procedente de los sobornos a sus hijas y los maridos de estas, a saber, María Ángeles y Sofia Grau González y a Kent Lawrence Baker y a Eugenio Cámara Alberola".
Y Jaime María Febrer Rovira utilizaba a su esposa y sus hijos.
"Como consecuencia de la recepción por parte de Alfonso Grau de esos sobornos o comisiones ilícitas, éste faltando a su deber de lealtad como funcionario público, procedió a amañar varios concursos logrando que la adjudicación de terrenos públicos o derechos sobre terrenos públicos recayera en alguna de la empresas propiedad de Jaime María Febrer", denuncia la juez.
Fondos en el extranjero
Esta parte de la investigación se ha centrado en "la forma y modo en el que los fondos de dinero de procedencia ilícita, consecuencia de los sobornos, la está integrando en el circuito legal evitando así la acción de la Justicia por un delito de blanqueo de capitales".
Del estudio de todas los movimientos de las cuentas de todo tipo, declaraciones de renta, transferencias o abonos, "Alfonso Grau Alonso realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas y de su hija por un montante de 412.725 euros, siempre en cantidades, que por su importe no estaban sujetas a control financiero o administrativo (inferiores a 3000 euros)".
Por ello, "para guardar el dinero en efectivo que se le entregaba como pago de las comisiones ilícitas previamente pactadas, Alfonso Grau alquiló tres cajas de seguridad en las entidades bancarias BBVA y Bancaja, en las que autorizó a sus hijas".
Los fondos obtenidos en cuentas españolas eran derivados "realizando transferencias a una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos".
Dichas transferencias, según las evidencias halladas, "fueron ordenadas desde CitiBank Online y llevadas a cabo evidentemente bien por María Ángeles Grau bien para Kent Lawrence Baker".
A partir de aquí, "se realizaron varias transferencias y al facilitarnos la entidad bancaria su destino, resultó que el beneficiario de las mismas fue la entidad financiera Guardian Credit".
Además, dice la juez, "se nos ha informado que se trata de una entidad financiera cuya red principal de sucursales se encuentra en el estado de Wisconsin, estado donde reside María Ángeles Grau González con su marido".
Ambos son titulares de una cuenta abierta en Estados Unidos en la entidad JP Morgan Chase Bank.
Dicha cuenta "fue la utilizada por el empresario investigado Jaime María Febrer para pagar a Alfonso Grau Alonso una comisión que por importe de 1 millón de euros, pactaron ambos para que Alfonso Grau propiciara una de las operaciones urbanísticas en las que favoreció al empresario en perjuicio de los intereses públicos".
"Ni su hija ni el ciudadano estadounidense con quien está casada tienen relación comercial alguna con el empresario, ni relación comercial en España que justifique la percepción de metálico", subraya la juez.