El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha tomado declaración a trabajadores de Aumsa, la empresa pública municipal investigada en la trama de comisiones del Ayuntamiento de Valencia, y han denunciado la situación de "acoso laboral" y "amenazas" que sufrieron por oponerse al desarrollo de planes urbanísticos con "irregularidades".
Parte de la plantilla fue citada a declarar por la Guardia Civil y el juzgado en el marco de las diligencias del Caso Azud, la causa que ha sacado a la luz 20 años de pillaje en el Ayuntamiento de Valencia.
Una de esas comparecencias tuvo lugar el pasado 5 de julio en el propio juzgado. La trabajadora trasladó que "ha cogido miedo por si pudiera ser sujeto de algún tipo de represalia" después de trascender que los investigadores estaban interrogando a empleados de esta empresa pública.
No obstante, la testigo confirmó que no había "recibido llamada alguna ni indicación" antes de acudir al juzgado a declarar.
La empleada compareció en julio para "entregar aquellos documentos que guardaba porque eran papales del trabajo", unos documentos que no fueron sustraídos de la empresa pública, matizó. Los guardó porque eran "papeles propios de trabajo y alguna carta" que detallaban una serie de irregularidades.
Según esta testigo, empleados de Aumsa han estado "sufriendo en los últimos tiempos una situación de acoso laboral y están moviéndose para presentar la preceptiva demanda".
Además, dijo que los días previos a su comparecencia, "tuvieron una reunión para ver si se ponía solución a la situación, sin que se les haya dado una solución aunque fuera transitoria".
Entre la documentación que entregó a la instructora se encuentra "un documento de un escrito que le dirige a la declarante un abogado del Estado de fecha 22 de mayo de 2015".
En ese documento, se amenaza "a la manifestante y a otras personas de que sería posible exigirles directamente que respondieran de los daños y perjuicios que se ocasionaran", en relación con un informe negativo que elaboró.
Este informe advertía de una serie de irregularidades en las actuaciones que iba a llevar Aumsa en el PAI del Grao, una ambiciosa actuación urbanística de la capital valenciana que todavía no se ha ejecutado.
Pliegos
Una de las líneas de investigación seguidas en esta causa es la relativa al desarrollo por parte del Grupo Axis, del empresario Jaime Febrer, de una línea de negocio relacionada con la construcción y explotación de vivienda protegida en el término municipal de Valencia.
El sumario del Caso Azud ha revelado que Febrer envió a EEUU hasta un millón de euros para sobornar a Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia con la alcaldesa Rita Barberá y uno de los ejes de la trama.
Esta trabajadora detalló que Febrer visitaba con "asiduidad la sede de Aumsa" para reunirse con Carlos Masiá, exgerente y Grau, exgerente, y Grau.
A partir de ese momento, la empleada expuso una serie de irregularidades en el proyecto del PAI del Grao.
"En ese momento Carlos Masiá ya no era el gerente, sino que era José Antonio Martínez Roda. Que con la llegada del nuevo gerente y siguiendo instrucciones de Alfonso Grau, se pretendió por parte de Aumsa vender todo el parque de viviendas en alquiler que tenía para obtener fondos", dijo, según consta en su acta de declaración, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El destino de esos fondos era el desarrollo del PAI del Grao, llegando a licitar dos concursos públicos que no llegaron a adjudicarse por importe de 28 millones de euros.
En relación con este concurso, declaró que "se produjeron numerosas irregularidades".
"Recuerda que incluso en una reunión en la que se estaban desarrollando los pliegos para el concurso, aparecieron personal del despacho de abogados Broseta y Jaime Febrer, aspecto que a la declarante le llamó la atención dado que podía ser incluso un potencial licitador y estaba auxiliando en la confección de los pliegos", recoge el acta de su declaración.
Jaime Febrer "opinaba y realizaba aportaciones" y ella confeccionó un dosier que presentó por registro de entrada de Aumsa y del que guardaba una copia. Esa copia es la que aportó al juzgado y que estaría motivando los problemas laborales que ha denunciado parte de la plantilla.
Esta versión fue confirmada por otra testigo que aseguró que "los comentarios en esa época en Aumsa eran del tipo que "abrías un papel y salía Jaime Febrer", expresión que "viene a reflejar la cantidad de proyectos que tenía con Aumsa".
La testigo reiteró que "le llamaron la atención algunas cosas que sucedieron en relación con el desarrollo del PAI del Grao por parte de Aumsa y que fueron las que le generaron a la declarante una serie de problemas que acabaron provocando su despido en el año 2022".
Así, relató que "en el año 2014 se inició la primera licitación, a través de procedimiento abierto" y que "se presentaron dos sociedades, Rover-Alcisa e Iberfil Capital".
Se comprobó que la segunda sociedad "no tenía solvencia económica" y, una vez analizadas sus cuentas, "pudo comprobar que era una empresa sin actividad".
La plantilla informó de esta irregularidad y, a raíz de ello, esta segunda testigo dijo a los investigadores que "fue amenazada por el gerente de Aumsa", José Antonio Martínez Roda.
Martínez Roda ocupaba la gerencia de la entidad desde 2013, durante el último mandato de Rita Barberá en el gobierno municipal.
Con la entrada en 2015 del gobierno de izquierdas, conformado por Compromís, PSPV y València en Comú, la concejalía de Desarrollo Urbano y la presidencia de Aumsa, recayó en los socialistas, en concreto en el concejal Vicent Sarrià, ahora diputado del PSOE en el Congreso. Sarrià decidió mantener en su puesto al gerente de la mercantil pública que continuó hasta el año 2021.
Según este testimonio, este gerente "le expuso que le iba a abrir un expediente si no justificaba bien la ausencia de solvencia".
"Posteriormente y en relación con esta ausencia de solvencia, para intentar justificarla, la empresa aportó un seguro" y la aportaron de este asunto. Aumsa rechazó las advertencias de la plantilla, se consideró que contaba con solvencia y el procedimiento continuó.
Al igual que denunció la primera empleada que declaró, explicó que "en ese proceso llegó a existir incluso un informe de un abogado del Estado en el que se decía que no era necesario acreditar o aportar aval y que contenía en su apartado final una advertencia a los técnicos de Aumsa relativa que se podrían iniciar actuaciones concretas contra ellos".
Finalmente, a Rover-Alcisa se le dejó fuera del procedimiento por un defecto de forma,
quedando por lo tanto únicamente la empresa sin solvencia, que "no pudo conseguir el aval y el concurso se declaró desierto".
Nueva adjudicación
Meses después, se convocó un segundo procedimiento, en este caso a través de
un procedimiento negociado sin publicidad.
Se invitó a una serie de empresas, pero ninguna de ellas ofertó y, posteriormente, presentó una oferta la mercantil Valnimo al Mar, una sociedad "que se había constituido unos días antes pero que no había sido invitada al procedimiento".
Finalmente, no se adjudicó y se llevó el caso al Consejo de Administración. Este órgano determinó que no correspondía ninguna indemnización a la empresa.
Sin embargo, unos meses después, en octubre de 2016, ya con la izquierda en el ayuntamiento, José Antonio Martínez envió un "correo electrónico (a su correo personal) diciendo que estaba negociando una indemnización a esta sociedad por los gastos en los que había incurrido en el marco de este procedimiento".