El VII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana ha puesto punto y final con el reconocimiento los avances en materia sanitaria tras la pandemia del COVID-19 y con la necesidad de concienciar sobre los problemas que sufre el sector.
Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, ha clausurado evento junto a la vicerrectora de Investigación del CEU Cardenal Herrera, Alicia López.
El acto ha contado también con la intervención de la Secretaria Autonómica de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Begoña Comendador, y la Presidenta del TSJ de la Comunitat, Pilar de la Oliva.
Durante la clausura, Fornes ha reconocido el avance de la política sanitaria española tras la crisis de recursos y planificación evidenciada con la pandemia del COVID-19.
Además, el presidente de la ADSCV cree que "además de avanzar en la concienciación de los problemas, la administración debe encontrar y ejecutar las soluciones; de pasar del diagnóstico al tratamiento".
El acto de clausura ha contado con la presencia virtual del President de la Generalitat Carlos Mazón, quien ha cerrado el evento con un mensaje en vídeo porque se encontraba fuera de la ciudad.
El presidente de la ADSCV agradeció a Mazón el mensaje de apoyo e instó a los responsables políticos a seguir trabajando en coordinación con los colegios profesionales y asociaciones del sector "para poner el foco en las necesidades que los propios profesionales detectan".
El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, Carlos Fornés, durante su intervención en el acto inaugural del VII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana. Efe / Biel Aliño
Pacto Sanitario
En este sentido, Fornes recordó que en el congreso del año pasado se le entregó al President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, una propuesta de Pacto Sanitario.
Esta propuesta surgió de manera consensuada con casi todo el sector sanitario de la Comunitat Valenciana que, doce meses después, tiene ya un grado de ejecución del 50%.
En este sentido, "la Asociación de Derecho Sanitario seguirá demandando las propuestas pendientes del Pacto Sanitario que entregamos a la Administración el año pasado", ha recordado Fornes.
Por todas estas razones, el presidente de la ADSCV cree que "es justo reconocer los avances que en materia sanitaria se han producido en la Comunidad Valenciana en el último año".
La Asociación confía en que se consolide en 2024 con el presupuesto autonómico en materia sanitaria más alto de la historia de la Comunitat con un total de 8.504 millones de euros invertidos.
Este presupuesto incluye incrementos del 10% en gastos de personal, inversiones de más de 100 millones de euros en infraestructuras sanitarias y 143 millones específicos para el desarrollo del Plan de Salud Mental en su primer año.
Salud mental
Respecto a la Salud Mental, tema central del Congreso de Derecho Sanitario de este año, Fornes también ha valorado el Plan de Salud Mental 2025-2027 que prepara el Ministerio de Sanidad, y el específico aprobado recientemente por la Generalitat Valenciana.
Para el presidente de la ADSCV, este proyecto sitúa a la Comunitat Valenciana "a la vanguardia en las acciones preventivas, asistenciales, de rehabilitación y de reinserción social, que se necesitan para promover una Salud Mental positiva y prevenir la Enfermedad Mental, los Trastornos Adictivos y el Suicidio".
Además, ha resaltado que "vigilará la ejecución del Plan de Salud Mental de la Comunitat, y estará a disposición de cualquier colectivo para analizar cualquier medida que beneficie a las profesiones y prestaciones sanitarias".
En relación con la Salud Mental, en el acto previo a la clausura del VII Congreso de Derecho Sanitario, la ADSCV ha entregado este año su Premio de Derecho Sanitario a la Confederación Salud Mental España.
Entrega del Premio de Derecho Sanitario a la Confederación Salud Mental España. EE
Se trata de un reconocimiento y un apoyo al trabajo de la entidad en sus más de 40 años de existencia, que ha permitido integrar a 18 federaciones autonómicas y asociaciones uniprovinciales.
Entre todas agrupan a unas 340 asociaciones y suman más de 60.000 socios y socias en todo el territorio nacional, y persiguen el objetivo común de mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de Salud Mental y la de sus familias.