El Ayuntamiento de Valencia ha a cordado designar a Ana María Gil Jiménez, hasta ahora gerente de la empresa pública Actuaciones Urbanas Municipales (Aumsa), directora general del Sector Público con efectos desde el 30 de septiembre de 2024 por su "perfil profesional, la experiencia y los conocimientos suficientes para el ejercicio del cargo".

El nuevo cargo, creado por resolución del pasado 18 de septiembre, dependerá directamente de la Alcaldía de Valencia, se encargará del análisis del sector público local e impulso de medidas de reforma.

El Ayuntamiento de Valencia ha considerando "que es la persona idónea para el mismo", porque confluyen "los requisitos legales y la experiencia y capacidad suficiente para desempeñar las tareas propias de la citada Dirección General, debido a su especial conocimiento y experiencia en la materia desde el punto de vista profesional y laboral", según consta en la resolución, consultada por EL ESPAÑOL.

El documento destaca que es "Licenciada en Derecho, cuenta con un amplio currículum professional, enmarcado principalmente en su experiencia como gerente de la Sociedad Municipal Actuaciones Urbanas de València, en el ámbito el Derecho urbanístico y del Derecho Administrativo".

También cuenta con experiencia en "la gestión de arrendamientos y compraventa de viviendas, construcción de edificios, concesiones administrativas, servicios de asistencia técnica o tramitación de subvenciones".

Todo ello, "unido a su experiencia como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Valencia durante más de diez años como experto en el ámbito del Derecho inmobiliario, concursal, mercantil y testamentario, permite concluir que dispone de la capacidad necesaria para dinamizar la gestión administrativa de este Ayuntamiento".

El objetivo es "implementar técnicas del sector privado que mejoren y agilicen la actividad administrativa con el objeto de lograr una mayor eficiencia".

Las retribuciones vigentes asignadas al puesto de director General son de 5.188,17 euros mensuales y 72.634,38 euros anuales.

Por el momento, el cargo de gerente de Aumsa queda vacante y se nombrará a un nuevo responsable próximamente, según confirmaron a este periódico fuentes conocedoras de lo decisión.

Gil, que representó al PP en el caso de corrupción que afecta al hermano del expresidente valenciano del PSOE Ximo Puig, deja el cargo en la empresa pública Aumsa antes de que se cumpla el primer aniversario de su nombramiento y en plena investigación por el Caso Azud, la trama de corrupción que ha sacado a la luz 20 años de pillaje en el Ayuntamiento de Valencia.

El Consejo de Administración de la empresa municipal Aumsa, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, aprobó a mediados del mes de octubre del año pasado la designación de Gil como gerente de esta entidad por "su formación, conocimientos y experiencia profesional".

La designación salió adelante con los votos a favor de PP, integrante del ejecutivo local, y el PSOE, uno de los tres grupos de la oposición. Compromís, también fuera del gobierno, se abstuvo, mientras que Vox, en ese momento la oposición, votó en contra.

La entonces portavoz del grupo municipal socialista y exedil de urbanismo, Sandra Gómez, ahora eurodiputada, subrayó que su formación votó a favor de la renovación en la gerencia de Aumsa de manera "puntual y excepcional" para no bloquear la política municipal.

Caso Azud

El nuevo destino de Gil se conoce la misma semana en la que se ha conocido gran parte del Caso Azud tras alzarse el secreto de sumario después de 7 años de investigación.

El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia tomó declaración en julio en calidad de testigos a trabajadores de Aumsa y denunciaron la situación de "acoso laboral" y "amenazas" que sufrieron por oponerse al desarrollo de planes urbanísticos con "irregularidades".

Una de esas comparecencias tuvo lugar el pasado 5 de julio en el propio juzgado. La trabajadora trasladó que "ha cogido miedo por si pudiera ser sujeto de algún tipo de represalia" después de trascender en verano que los investigadores estaban interrogando a empleados.

La empleada compareció en julio para "entregar aquellos documentos que guardaba porque eran papales del trabajo", unos documentos que no fueron sustraídos de la empresa pública, matizó. Los guardó porque eran "papeles propios de trabajo y alguna carta" que detallaban una serie de irregularidades.

Según esta testigo, empleados de Aumsa han estado "sufriendo en los últimos tiempos una situación de acoso laboral y están moviéndose para presentar la preceptiva demanda".

Además, dijo que los días previos a su comparecencia, "tuvieron una reunión para ver si se ponía solución a la situación, sin que se les haya dado una solución aunque fuera transitoria".