La juez titular ha notificado su baja médica y ya no despacha los asuntos de su juzgado. Además, tampoco se ha nombrado un juez de apoyo. El Ministerio de Justicia no ha aprobado la dotación presupuestaria necesaria para nombrarlo pese a que lo solicitó la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el pasado mes de julio.

La designación de un nuevo juez en este juzgado habría permitido a la magistrada titular instruir en exclusiva la macrocausa de corrupción que investiga el presunto desvío de fondos públicos en varias instituciones públicas, un caso en el que figuran como investigadas más de 50 personas y suma un centenar de tomos.

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A la falta de presupuesto, se suma ahora la baja de la titular. Ahora, el juzgado se queda sin juez que lo gobierne y a la espera de que se pueda cubrir la plaza con un sustituto, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes judiciales.

No hay fechas ni calendario previsto para resolver esta situación. La única certeza que hay es que el nuevo juez que ahora llegue deberá ponerse al día en esta macrocausa de corrupción, además de asumir la carga diaria de trabajo.

La propia magistrada titular del juzgado de Instrucción 13 de Valencia solicitó ayuda para poder seguir investigando el Caso Azud sin que se vieran afectados el resto de procedimientos. En una reunión celebrada el pasado 10 de julio, el TSJ valenciano aceptó la solicitud.

"Esta sala de Gobierno estima conveniente el establecimiento de una medida de apoyo para el precitado órgano judicial, consistente en el nombramiento de un juez en comisión de servicio con relevación de funciones, por un plazo de seis meses en
su caso prorrogables", recoge el acta de la reunión, consultada por este periódico.

Las diligencias del Caso Azud se abrieron en 2017. Entre los investigados figura el cuñado de la exalcaldesa de Valencia, José María Corbín; el exvicealcalde del PP Alfonso Grau; además de los empresarios Jaime Febrer o Mónica Montoro.

También figura como imputado un exmagistrado de la Audiencia de Valencia vinculado al PSOE, José Luis Vera; el exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Rubio; o el extesorero del PSOE valenciano, José María Cataluña.

Red internacional

Esta semana se han conocido más novedades de la investigación después que se alzara el secreto de sumario de varias de las piezas que conforman el caso.

Tal y como ha venido publicando este periódico, la Guardia Civil ha localizado en seis países las cuentas que utilizaba Alfonso Grau para esconder el supuesto pago de comisiones millonarias a cambio de amañar planes urbanísticos de la capital del Turia.

Alfonso Grau desempeñó entre los años 2002 y 2015 el cargo público de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y fue presidente de la entidad pública Aumsa, la empresa pública de la vivienda y actuaciones urbanas de la ciudad.

En ese periodo de tiempo, "Alfonso Grau Alonso fue sobornado por varios empresarios que concursaban y licitaban para la obtención de adjudicación de obra y servicios públicos", según concluyó la magistrada instructora en un informe.

Los países utilizados por esta trama son Estados Unidos, Reino Unido, Panamá, Luxemburgo, Mónaco y Suiza.

Según esta información, uno de los principales empresarios que procedió al soborno de Grau con grandes cantidades de dinero en metálico como comisiones fue el valenciano Jaime Febrer. Este empresario también habría sobornado a cargos del PSOE para lograr sus objetivos, según el sumario.

Esta parte de la investigación se ha centrado en "la forma y modo en el que los fondos de dinero de procedencia ilícita, consecuencia de los sobornos, la está integrando en el circuito legal evitando así la acción de la Justicia por un delito de blanqueo de capitales".

Del estudio de todas los movimientos de las cuentas de todo tipo, declaraciones de renta, transferencias o abonos, "Alfonso Grau Alonso realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas y de su hija por un montante de 412.725 euros, siempre en cantidades, que por su importe no estaban sujetas a control financiero o administrativo (inferiores a 3000 euros)".

Por ello, "para guardar el dinero en efectivo que se le entregaba como pago de las comisiones ilícitas previamente pactadas, Alfonso Grau alquiló tres cajas de seguridad en las entidades bancarias BBVA y Bancaja, en las que autorizó a sus hijas".

Alfonso Grau y Rita Barberá en una imagen de archivo. EFE

Los fondos obtenidos en cuentas españolas eran derivados "realizando transferencias a una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos".

Dichas transferencias, según las evidencias halladas, "fueron ordenadas desde CitiBank Online y llevadas a cabo evidentemente bien por María Ángeles Grau bien para Kent Lawrence Baker".

A partir de aquí, "se realizaron varias transferencias y al facilitarnos la entidad bancaria su destino, resultó que el beneficiario de las mismas fue la entidad financiera Guardian Credit".

Además, dice la juez, "se nos ha informado que se trata de una entidad financiera cuya red principal de sucursales se encuentra en el estado de Wisconsin, estado donde reside María Ángeles Grau González con su marido".

Ambos son titulares de una cuenta abierta en Estados Unidos en la entidad JP Morgan Chase Bank.

Dicha cuenta "fue la utilizada por el empresario investigado Jaime Febrer para pagar a Alfonso Grau Alonso una comisión que por importe de 1 millón de euros, pactaron ambos para que Alfonso Grau propiciara una de las operaciones urbanísticas en las que favoreció al empresario en perjuicio de los intereses públicos".

"Ni su hija ni el ciudadano estadounidense con quien está casada tienen relación comercial alguna con el empresario, ni relación comercial en España que justifique la percepción de metálico", subrayó la juez.

La instrucción no está agotada y ahora hay que interrogar a las personas que aparecen en las nuevas revelaciones del sumario. Pero de momento todo queda interrumpida a la espera de que se resuelva quién dirigirá el juzgado.