Los 40 diputados populares no son suficientes para sacar adelante la que es la ley más importante del año, por lo que necesita al menos el apoyo de al menos 10 diputados de otro grupo parlamentario. 

Toda la atención está, por lo tanto, en Vox, que hasta hace dos meses formaba parte del Consell. Sin embargo, la decisión sobre el sentido del voto para las cuentas que elabore el PP en los territorios donde antes gobernaban en coalición parece que no se tomará en el seno del grupo de Vox en las Cortes Valencianas.

Efe/Biel Aliño

[Vox pone como líneas rojas para apoyar las cuentas de Mazón los tres temas que el PP votó en contra]

Será una decisión estratégica que adoptará la dirección nacional de la formación de Santiago Abascal, igual que cuando rompieron con el PP en todas las autonomías donde gobernaban juntos.

El motivo fue la acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) por estos territorios. Desde entonces, el partido ha endurecido sus posturas sobre inmigración y han presentado una serie de medidas en esta materia, unas propuestas que hasta la fecha han sido rechazadas por el PP valenciano.

Llanos durante su intervención en el debate de Política General José Cuéllar/Corts Valencianes

El secretario general del partido, Ignacio Garriga, que visitó Valencia un día antes del debate de Política General para reunirse con los parlamentarios valencianos, afirmó que Mazón "no va por buen camino" y subrayó que Vox "no es la muleta de nadie".

Al respecto, recordó que la postura sobre las cuentas se tomará "en el seno del partido" y situó como líneas rojas la lucha contra la inmigración ilegal, la libertad lingüística, la bajada de impuestos y la reducción de la burocracia en la administración.

Competencia estatal

Las competencias en cuanto a la inmigración, sin embargo, son estatales, por lo que el Ejecutivo valenciano tiene poco margen de actuación al respecto. De lo único que se encarga es de la atención a los menores migrantes no acompañados, que acogen en los centros de menores. 

Además, los presupuestos autonómicos no recogen partidas presupuestarias específicas sobre esta cuestión, más allá de líneas de subvenciones a las que asociaciones y ONG que trabajan con personas en situación de exclusión social pueden presentarse en concurrencia competitiva.

La mayoría de las partidas de las que se pueden beneficiar las personas en situación irregular en la Comunitat Valenciana es de las ayudas vinculadas a las rentas bajas.

En este contexto político, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha ido desgranando en las últimas semanas sus propuestas concretas para luchar contra la inmigración ilegal. 

Qué pide Vox

La primera batería de medidas, a través de una propuesta de resolución en el debate de Política General, reclamaba una "prioridad nacional" en la concesión de ayudas públicas, una propuesta que podría ser inconstitucional.

Además, exigían al Consell eliminar las subvenciones a las asociaciones que "colaboren con el tráfico ilegal de personas" e impedir que sus barcos "atraquen en puertos de titularidad autonómica". 

Otra de sus propuestas era impedir que las "personas que hayan entrado ilegalmente" puedan acceder a las ayudas recogidas en la Ley de Derechos y Garantías para la Infancia y la Adolescencia, así como eliminar todas las ayudas sociales a "inmigrantes ilegales".

Esta proposición fue rechazada de plano por el grupo popular, al entender que "son personas a las que no se puede abandonar". 48 horas después de este debate y votación, Vox volvió a registrar otra propuesta sobre inmigración ilegal, en este caso una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá en el pleno de las Cortes Valencianas.

El portavoz parlamentario de Vox, José María Llanos, en una imagen de archivo José Cuéllar/Corts Valencianes

En esta iniciativa, van un poco más allá. Acusan al PP de "alentar y promover" una política de "puertas abiertas a la inmigración ilegal" y reclaman a Mazón que exija al Gobierno central "la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales" que haya en la Comunitat Valenciana.

Además, rechazan la apertura de "cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales en la Comunitat Valenciana y plantear el cierre de los que estén en funcionamiento". "En caso de que existan", añaden.

En esta línea, proponen destinar el importe de las ayudas públicas sobre integración para "trasladar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen o a Bruselas".

Además, Vox reclama medidas para "evitar que los barcos de aquellas oenegés que colaboren con el tráfico ilegal de personas atraquen en puertos de titularidad autonómica" y eliminar las subvenciones a estas asociaciones.

También propone que "las personas que hayan entrado ilegalmente" puedan acceder a "las ayudas para la transición a la vida independiente y emancipación recogida en la Ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia". En esta línea, aboga por que se "suprima todo beneficio o ayuda social a los inmigrantes ilegales".

Postura del PP

¿Cuáles de estas medidas podría aceptar el Partido Popular para lograr convencer a sus exsocios del Consell para que dé el visto bueno a sus presupuestos?

El portavoz del grupo parlamentario popular, Juanfran Pérez Llorca, contestó a esta pregunta de forma tajante. Afirmó, tras la junta de síndics del pasado martes, que si las exigencias de Vox en materia de inmigración van en la línea de lo que han presentado hasta la fecha, la postura del PP será la misma, es decir, en contra.

En este sentido, fuentes del grupo parlamentario aseguran que el PP será inflexible en esta cuestión y expresan sus dudas sobre cómo pretende Vox plasmar en las partidas presupuestarias medidas sobre la inmigración, que es competencia estatal. 

De hecho, solo una de las 50 medidas del pacto de gobierno de ambos partidos trataba sobre este tema. "La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas".

Junta de síndics del pasado martes en las Cortes Valencianas José Cuéllar/Corts Valencianes

Desde el grupo popular están a favor de reclamar al Gobierno de Sánchez más recursos para los centros de acogida, que calculan que están a un 170% de su ocupación. En este sentido, consideran que la política migratoria es un tema serio que hay que abordar "con rigor" y sin "demagogia". 

Al respecto, señalan que la Comunitat Valenciana está haciendo un "sobreesfuerzo extraordinario" y que el Gobierno tiene que aportar los recursos que corresponden y "no mirar hacia otro lado".

"Este Consell destina más servicios y plazas para tratar con dignidad a los menores migrantes pese a la poca implicación del Gobierno central que es experto en lavarse las manos y mirar hacia otra parte", añaden dichas fuentes.

En el programa electoral con el que Mazón ganó las elecciones había un apartado titulado "nuevos valencianos" que recogía medidas con el objetivo de "mejorar la inclusión y la convivencia con los migrantes".

Carlos Mazón con la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en las Cortes Valencianas. EE

Se comprometían a dar una respuesta rápida y efectiva para "los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad" y a desarrollar una estrategia valenciana de migraciones para "responder de forma eficiente a las necesidades de las personas migrantes y que tendrá como eje vertebrador el cumplimiento de los Derechos Humanos".

Si no logran el apoyo del que hasta ahora ha sido su socio, Carlos Mazón se verá obligado a prorrogar los presupuestos de 2024. En cualquier caso, la negociación con el resto de fuerzas políticas comenzará después de que el proyecto se presente en el Parlamento valenciano, antes del 31 de octubre.

Será entonces cuando los populares se sentarán con todos los grupos con el objetivo de "sacar el texto con el mayor consenso posible". "No nos cerramos a ningún apoyo", defienden desde el PP.