El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, aprobada por PP y Vox en Les Corts antes de romper el gobierno de coalición. Esta ley, propuesta por Vox, salió adelante el pasado julio en plena incertidumbre política entre ambos partidos.
Al respecto, ha asegurado -en tono irónico- que está convencido de que el Gobierno quiere negociar sobre esta norma "de buena fe, sin buscar rédito político y seguro que sin ánimo de inmiscuirse en el autogobierno ni en la plena capacidad legislativa de les Corts Valencianes".
Así se ha manifestado Mazón en rueda de prensa, preguntado sobre la comisión bilateral propuesta por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática respecto a la Ley de Concordia, tras la presentación de la campaña del 9 d'Octubre.
"Estamos dispuestos a dialogar y a explicar las cosas", ha aseverado. Y ha garantizado estar dispuesto a "volver a explicarlo" al Gobierno porque "a lo mejor hay gente que no lo ha entendido o no lo ha querido entender bien".
"Esta norma busca compatibilizar que la consolidación de los derechos adquiridos y que el blindaje del tratamiento adecuado a todas las víctimas del franquismo es perfectamente compatible con ampliar derechos a otras víctimas de violencia política", ha insistido el presidente.
Precisamente, el pasado miércoles 25 de septiembre el PP de Castilla y León dejó caer la ley de Concordia que impulsó cuando gobernaba junto a Vox. Los populares justificaron su voto en contra con el argumento de que "la prudencia aconseja posponer la tramitación de la norma".
En este sentido, Mazón ha respondido: "Estoy convencido de que el Gobierno lo plantea de buena fe y seguro de que, como lo plantea así, estará dispuesto a escuchar y a entrar en razón con respecto al blindaje de los derechos existentes y a su ampliación".
Así, el jefe del Consell ha sostenido que "conviene recordar que si Miguel Ángel Blanco -asesinado por ETA en 1997- hubiera nacido en Castellón, no hubiera sido declarado víctima de violencia política" con la anterior Ley de Memoria Democrática de 2017, lo que considera "una barbaridad desde el punto de vista de los Derechos Humanos". "Con esta ley, sí", ha afirmado.
Argumentos del Gobierno
El Ejecutivo de Pedro Sánchez entiende que esta normativa "al igual que la planteada por Aragón, ya suspendida por el Constitucional, invade competencias estatales, rompe el consenso internacional sobre víctimas de infracciones graves de derechos humanos y no respeta la Constitución Española".
Con todo, entienden que existe una "confrontación directa" entre la norma autonómica aprobada por las Cortes Valencianas y la ley estatal de memoria Democrática de 2022.
También aprecian una confrontación entre la ley de Concordia valenciana con principios del derecho internacional público, "en los que se refieren al derecho a la verdad, el derecho a la reparación y a las garantías de no repetición, reconocidos a las víctimas de vulneraciones graves de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas".
El Gobierno reitera que el artículo 10.2 de la Constitución señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución Española reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España; "algo que no respeta la Ley autonómica".
La comunicación remitida estableció el plazo para aceptar o no la propuesta de diálogo hasta este lunes 30 de septiembre, según indicaron fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.