El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Policía Nacional.
Anulan los nombramientos a dedo de Marlaska para cubrir 4 puestos en la unidad policial de la Generalitat Valenciana
El TSJ de Valencia concluye que no "ha existido publicidad en la oferta de las comisiones" para cubrir jefaturas y estima el recurso de Jupol.
5 octubre, 2024 01:00La Justicia ha anulado finalmente el nombramiento "arbitrario" de cuatro puestos vacantes en la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana de la Policía Nacional, un nuevo varapalo de los jueces al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska por su particular estilo para elegir a los mandos policiales.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso interpuesto por el sindicato Jupol contra estas designaciones y ha anulado la resolución de la Generalitat Valenciana. El proceso tendrá que iniciarse de nuevo cuando la sentencia sea firme.
Además, impone "las costas a la administración demandada", es decir, la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, según especifica la resolución, dictada el pasado 26 de septiembre y consultada por EL ESPAÑOL.
Es la segunda sentencia del Alto Tribunal valenciano que cuestiona las designaciones de esta Unidad Adscrita. Hace unos meses, avaló otro recurso interpuesto por Jupol en relación con una serie de puestos de trabajo de jefe de Grupo que habían sido asignados a dedo, sin la perceptiva convocatoria pública.
Los nombramientos de Marlaska, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, han sido polémicos y censurados.
El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo (TS) estimó parcialmente el recurso del coronel Diego Pérez de los Cobos contra los reales decretos de los nombramientos de tres generales de la Guardia Civil.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo volvió a apoyar las peticiones de Pérez de los Cobos tras ser apartado por el responsable de Interior en 2020.
El guardia presentó este recurso después de que el Consejo de Ministros volviera a nombrar el pasado mes de diciembre a los tres generales de la Benemérita cuya designación ya había sido cuestionada anteriormente.
Ahora, el TSJ de Valencia da la razón a Jupol por segunda vez y anula las cuatro comisiones de servicio nombradas a dedo. Por ello, quedan anulados los nombramientos para cubrir los puestos de inspectores jefe en la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana.
Las plazas afectadas por esta resolución judicial son la de adjunto a la Jefatura de la Unidad, jefe Provincial de Castellón, jefe provincial de Alicante y la de la jefa de la Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en el TSJ valenciano o directamente en el Supremo.
Los nombramientos
El sindicato argumentó en el juicio que mediante un correo electrónico de fecha 28 de enero de 2021 se comunicó, sin trámite previo alguno, por el gabinete de despacho de la Unidad del Cuerpo de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana "el nombre de los inspectores jefes que se incorporaban en comisión de servicio".
La orden se dio pese a que no existía "ningún proceso de convocatoria ni tampoco habiéndose seguido los principios generales de cualquier concurso para suplir los puestos de trabajo vacantes, ni justificada urgencia o circunstancia alguna que dé soporte a una falta de publicidad y transparencia como la seguida".
La Administración se opuso y defendió que se había tratado "de un supuesto muy específico, excepcional, y por ello temporal, de nombramientos de personal en comisión de servicios en situaciones de urgencia".
El Tribunal concluye que la jurisprudencia "es clara en cuanto a la necesidad de publicidad de las comisiones de servicio, sin que la urgencia en la cobertura del puesto pueda excluir aquella, en tanto se configura como garantía del principio constitucional de igualdad en el acceso al desempeño de cargos públicos (Art. 23 CE)".
En este caso concreto, "no es controvertido que no ha existido tal publicidad en la oferta de las comisiones, siendo la resolución y adjudicación de las mismas la primera noticia que el propio sindicato actor ha tenido de su existencia".
Esta circunstancia determina, subraya la Sala, "la estimación del recurso, sin que las alegaciones de la administración demandada tengan peso para llevar a una conclusión contraria, pues contrapone la misma la comisión de servicios a otros procedimientos de provisión de puestos llevando el debate a una cuestión que en realidad es ajena al mismo".
"No se trata aquí de impugnar el sistema de provisión del puesto elegido, su conveniencia o necesidad, sino la publicidad dada al mismo. Y ésta ha sido sin duda insuficiente y contraria a las normas que se han citado en el fundamento anterior", concluye la sentencia.
"Lucha permanente"
Tras conocerse la resolución, desde Jupol apuntaron que mantienen "una lucha permanente contra la Dirección General de la Policía en favor de la igualdad y transparencia en la asignación de puestos de trabajo".
"Estos puestos deben ser ofertados y convocados de forma pública y transparente, basado en el principio de igualdad, de tal forma que puedan optar y participar a dichos puestos en igualdad de condiciones todos aquellos funcionarios que pudieran estar interesados en los mismos", declaró la organización
No obstante, y a pesar de las sentencias en este sentido, "sigue siendo una práctica habitual por parte de los responsables policiales el nombrar de forma arbitraria y opaca a aquellos funcionarios que a ellos les interesa, privando al resto del derecho
que les corresponde a la promoción horizontal y al principio constitucional de igualdad".
Según Jupol, existen en estos momentos "en trámite dos comisiones de servicio exactamente iguales a las recurridas, para las que la Jefatura de la Unidad Adscrita ha vuelto a designar a dedo a dos funcionarios (una inspectora jefa y un inspector) sin previa convocatoria pública".
Por ello, desde la organización advirtieron que, de seguir adelante con estas nuevas comisiones, sus "servicios jurídicos estudiarán la posibilidad de denunciar por prevaricación administrativa a los responsables de las mismas".