Vox no se lo pondrá fácil al PP para aprobar los presupuestos autonómicos en las comunidades donde hasta el verano gobernaban en coalición.

La dirección nacional del partido aprobó este lunes, tras una reunión con los portavoces parlamentarios autonómicos, el documento marco para estas negociaciones, con la condición de "luchar contra la inmigración ilegal" como uno de los ejes principales.

La primera de las exigencias es la "lucha decidida contra la inmigración ilegal y las políticas de efecto llamada, promoviendo la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas".

Una iniciativa que el partido de Santiago Abascal ya presentó como propuesta de resolución en el debate de Política General y que el PP votó en contra.

El portavoz parlamentario popular, Juanfran Pérez Llorca, explicó en su momento que si el PP había rechazado esta propuesta entonces, la postura durante la negociación presupuestaria sería la misma.

El PP, según afirmaron desde el grupo, será inflexible en esta cuestión. En este sentido, expresaron sus dudas sobre cómo pretende Vox plasmar en las partidas presupuestarias estas medidas, ya que las cuentas no recogen partidas específicas sobre estas cuestiones que además, son competencia estatal. 

Negociación previa

El síndic de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, dio este martes un paso más al exigir al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, una negociación previa. "Esperamos recibir un borrador y no el anteproyecto de ley", afirmó en rueda de prensa.

La intención del Consell, sin embargo, es presentar el proyecto de presupuestos ante el Parlamento antes del 31 de octubre y después, iniciar la negociación con el resto de las fuerzas, sin centrarse exclusivamente en Vox.

Precisamente, la portavoz del Ejecutivo valenciano y consellera de Hacienda, Ruth Merino, afirmó este martes que "el Consell está abierto a negociar" los presupuestos autonómicos de 2025 con partidos y sindicatos.

La posibilidad de aprobarlos con el apoyo del PSPV-PSOE o de Compromís es en estos momentos bastante remota. Ambos partidos de la izquierda señalaron este martes que "mucho tienen que cambiar" para que pudieran apoyarlos y afirmaron que "Mazón aceptará sin problemas lo que les pida Vox".

Condiciones de Vox

Vox, en el documento aprobado, establece tres premisas para sentarse a negociar las cuentas. La primera es la reversión de las medidas de Vox que se hayan derogado o congelado tras la salida de los gobiernos de coalición que se produjo en julio.

La segunda premisa es el rechazo "explícito y claro" de los Gobiernos regionales "a las políticas de asentamiento y reparto de ilegales" de Pedro Sánchez.

La última es la "apuesta por planes efectivos, ordenados y completos de retorno que, dentro de sus competencias, permitan a las regiones responder a los repartos de ilegales impuestos por Sánchez y contrarrestar el efecto llamada que alientan la UE y Moncloa".

Además de estas tres condiciones, Vox aprobó 10 ejes. Reclaman la prioridad nacional en el acceso de a las ayudas públicas, una respuesta a la okupación a y los empadronamientos ilegales y rebajas fiscales "para todos".

También exigen medidas en favor de la familia, recorte del gasto superfluo, defensa del campo, derogación de las medidas incompatibles con la libertad educativa, más inversión en sanidad para "proteger la vida" y la "defensa de la unidad e integridad de nuestra nación".

Todas estas propuestas, exceptuando las relacionadas con inmigración, estarían en la línea del programa del PP, por lo que la incógnita será el peso que desde Vox le den a sus propuestas sobre inmigración, teniendo en cuenta que la competencia autonómica es la de acogida de los menores extranjeros no acompañados (menas).

En este sentido, desde el PP están a favor de reclamar al Gobierno de Sánchez más recursos para los centros de acogida, que calculan que están a un 170% de su ocupación. En este sentido, consideran que la política migratoria es un tema serio que hay que abordar "con rigor" y sin "demagogia".

Según datos del Consell, en la Comunitat Valenciana hay un total de 480 menores inmigrantes en los centros de menores valencianos, lo que supone una sobresaturación del sistema, que cuenta con 319 plazas.

"Somos coherentes, no decimos cosas distintas según en qué parte de España estemos", defendió este martes Llanos, quien añadió que esa "unidad" no significa que "los presupuestos se vayan a negociar desde Madrid".

En este sentido, aseguró que el resultado dependerá de cada autonomía y de las propuestas de cada Gobierno. En esta línea, consideró que en la Comunitat Valenciana no será tan complicado llegar a un acuerdo como en otras regiones como en Castilla y León, donde el PP ha dejado caer la Ley de Concordia. 

Si no logra el apoyo del que hasta ahora ha sido su socio, Carlos Mazón se verá obligado a prorrogar los presupuestos de 2024.