Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.
Interior envió a la embajada de Polonia a un inspector de Policía de Valencia condenado por agredir a dos agentes
El funcionario era uno de los responsables de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y pareja de Cristina Seguí, fundadora de Vox.
El Ministerio del Interior sacó de la Comunitat Valenciana al inspector de la Policía Nacional de Valencia que fue condenado por agredir borracho a dos agentes de la Policía Local de Benidorm, en la provincia de Alicante, tras hacerse público el caso.
El Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de J.M.M.C. y la sentencia ya es firme, tal y como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL. Mientras se ha estudiado su recurso, el funcionario policial ha estado ejerciendo funciones de seguridad en la embajada de España en Polonia.
J.M.M.C. aparece como miembro de la Agregaduría de Interior en la embajada que se encuentra en Varsovia, según aparece en la página web. Desde el año 2022, el embajador es Ramiro Fernández.
El funcionario policial condenado era uno de los responsables de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Valencia, también conocidos como antidisturbios, y es la pareja de la agitadora ultra Cristina Seguí, una de las fundadoras del partido Vox.
La Embajada de España en Varsovia se halla situada junto al Parque Lazienki, en el barrio de Powisle, a tan solo 10 minutos en coche del centro histórico de la ciudad, en una zona en donde se ubican también embajadas de otros países, según informa en su web.
En la Cancillería de la Embajada se encuentran emplazadas todas las Consejerías de la misma excepto las de Turismo, Educación y la Oficina Económica y Comercial, que están situadas en locales separados.
Las Agregadurías de Interior, bajo la dependencia jerárquica del embajador, dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio del Interior, a quien corresponde su organización interna y dotación presupuestaria.
Los puestos en las embajadas suelen ser de los más demandados por agentes de Policía Nacional y Guardia Civil al Ministerio del Interior. Los jugosos sueldos son un gran incentivo para los agentes, dependiendo de la relevancia de la capital en la que finalmente recale el funcionario seleccionado.
En la mayoría de estos destinos, el sueldo mínimo suele rondar los 10.000 euros al mes. Los pluses de peligrosidad o distancia ayudan a incrementar esa cifra, que en algunos lugares del mundo puede superar los 20.000 euros mensuales, según detallan las fuentes consultadas.
En las embajadas, los funcionarios policiales hacen las veces de enlace de España con las autoridades policiales del país en cuestión, pero también pueden llegar a realizar labores de protección del edificio público.
En un principio, este funcionario policial fue condenado a tres meses de prisión por el Juzgado de Lo Penal Número 3 de Benidorm como autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad, además de ser considerado autor responsable de dos delitos leves de lesiones.
Pero el condenado recurrió la sentencia y la Audiencia de Alicante rebajó la pena al eliminar el delito de atentado contra agente de la autoridad y estimar parcialmente su recurso en una sentencia dictada el pasado mes de marzo.
Finalmente, la Audiencia eliminó la pena de prisión y estableció que el inspector era responsable de un "delito de resistencia a agentes de la autoridad previsto y penado en el artículo 556 del Código Penal". El agente fue condenado a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, "manteniendo el resto de pronunciamientos".
Ahora, el Supremo ha rechazado el último recurso de este agente de la Policía Nacional y la sentencia ya es firme.
La agresión
Los hechos por los que ha sido condenado en firme el inspector tuvieron lugar el 10 de agosto de 2018 en Benidorm en torno a las 22:50 horas.
Ese día, los agentes de la Policía Local de Benidorm realizaron una intervención en relación con el acusado que estaba "en días libres con dos compañeros de trabajo".
Al parecer, la patrulla se personó en el lugar donde se encontraba ante la llamada de un taxista que se estaba viendo "vejado y amenazado" por el inspector.
"Yendo afectado por la previa ingesta de bebidas alcohólicas que le mermaba pero no anulaba sus capacidades cognitivas y volitivas, le requirieron para que se identificase, negándose el acusado en numerosas ocasiones", según consideró el juzgado de Benidorm.
El acusado defendía que era inspector del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia e instó "al agente de la Policía Local con el que se entrevistaba para que le diera su número de placa", según el relato de los hechos probados.
Cuando el condenado requería el número de placa a los agentes que patrullaban la ciudad de Benidorm, "agitaba su teléfono móvil hasta que chocó con la mano del agente de la Policía Local, cayendo éste al suelo".
En ese momento, "el acusado con ánimo de menoscabarlo físicamente y desconociendo el principio de autoridad se abalanzó con el agente de la Policía Local, al que propinó un bofetón en la cara que también le hizo caer al suelo, momento en el que sus compañeros intervinieron para reducir al ahora acusado, empleando para ello la fuerza mínima imprescindible".
Como consecuencia de estos hechos, uno de los agentes de la Policía Local "sufrió lesiones consistentes en arañazos en brazo derecho, bofetada en oído otoscopio sin lesión interior timpánica y contusión en antebrazo".
El segundo policía sufrió "lesiones consistentes en escoriación por fricción en antebrazo", recoge la resolución.
En el juicio celebrado en Benidorm declaró como testigo el taxista que sufrió el comportamiento violento del inspector condenado.
Este testigo dio "cuenta de un comportamiento irregular, descortés, violento, injustificado del que después pasó a ser acusado: insultos y de todo".
Según su testimonio, el "acusado estaba algo afectado por el alcohol, con baja tolerancia a la frustración (no tolera que el taxi, con tantos como hay no le dé servicio), y con escaso control de los impulsos".
