La pareja valenciana retenida en Singapur por protestar contra el dueño del Valencia CF, el empresario de ese estado asiático Peter Lim, ya ha recuperado sus pasaportes y regresará a casa "en el primer vuelo disponible".
Así lo han hecho público este jueves las familias de Dani y Mireia en un comunicado, en el que han informado de que el asunto ha quedado "en una amonestación".
La pareja recién casada viajó en su luna de miel a Singapur, donde además de hacer turismo, aprovechó para expresar su rechazo a la gestión de Lim al frente del club de fútbol.
Dani Cuesta, valencianista y muy activo en redes sociales en contra del empresario de Singapur, ya avisó de su intención de exhibir en el país asiático la bandera amarilla con el lema "Lim Go Home".
Cuesta además colocó una pegatina en la puerta de un edificio propiedad del magnate en la que podía leerse 'Lim out'.
Fue el viernes 4 de octubre, cuando se disponían a abandonar el país para viajar a Bali cuando dos hombres los detuvieron, les retiraron la documentación y les obligaron a regresar al hotel.
La asociación Libertad VCF, entidad contraria a Peter Lim, denunció esta situación y exigió a las autoridades que actuaran para liberar a la pareja valencianista retenida en el país asiático.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, confirmó los hechos denunciados y señaló que estaban en contacto con la Embajada de España en Singapur para solucionar lo ocurrido.
Manifestación sin autorización
La pareja desconocía de qué se le acusaba hasta este jueves, cuando los medios de dicho país señalaron que estaban siendo investigados por participar en una reunión pública sin autorización previa.
Este delito consiste en celebrar una reunión o manifestación sin aviso previo ni permiso para demostrar apoyo u oposición a opiniones o acciones de un tercero o dar publicidad a una campaña.
Esta información cita la Public Order Act 2009, el código por el que está siendo investigada la pareja, que habría podido atentar contra el apartado 2 del artículo 16.
Según la versión en línea de la página del Gobierno de Singapur respecto a la Public Order Act, esta ley recoge que la mayor pena con la que podrían contar los españoles sería de 3.000 dólares singapurenses.
Así, esta ley recalca que se multará a "cada persona" que participe en una reunión pública o manifestación en caso de que se hubiera permitido dicha reunión o en el caso de que esta manifestación se realizara en una hora, día o lugar que difiriera respecto a la convocada.
Este mismo miércoles, la familia de los dos aficionados del Valencia retenidos pidió "discreción" para poder resolver su situación cuanto antes y con las menores consecuencias posibles.
En su comunicado de este jueves, las familias agradecen "a todas aquellas personas e instituciones que se han preocupado" y lamentan "el ruido generado por otras que ha retrasado, por intereses personales, la resolución de esta pesadilla".
También piden que se respete la intimidad de la familia para "poder volver a la tranquilidad y recuperar la normalidad del día a día".