El Ministerio del Interior mantendrá en su puesto de la embajada de España en Polonia al inspector de la Policía Nacional de Valencia condenado por agredir a dos agentes de la Policía Local de Benidorm hasta que finalice el expediente disciplinario que se abrirá cuando se comunique la firmeza de la condena.
El Tribunal Supremo (TS) ratificó hace unos días la condena de J.M.M.C. y la sentencia ya es firme, tal y como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL. Pero el funcionario policial podría presentar un recurso extraordinario de amparo ante el TS para que se vuelva a revisar el caso.
Por ello, Interior no actuará hasta que se agote definitivamente la vía penal y finalice el expediente disciplinario que se abrirá cuando se declare la firmeza definitiva de la resolución.
Así lo confirmaron fuentes de la Dirección General de la Policía Nacional a preguntas de este periódico. Por el momento, el agente seguirá destinado en la embajada española de Varsovia y con las mismas funciones.
J.M.M.C. aparece como miembro de la Agregaduría de Interior en la embajada que se encuentra en Varsovia, según recoge la página web. Desde el año 2022, el embajador es Ramiro Fernández.
El funcionario policial condenado era uno de los responsables de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Valencia, también conocidos como antidisturbios, y es la pareja de la agitadora ultra Cristina Seguí, una de las fundadoras del partido Vox.
Las Agregadurías de Interior, bajo la dependencia jerárquica del embajador, dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio del Interior, a quien corresponde su organización interna y dotación presupuestaria.
Los puestos en las embajadas suelen ser de los más demandados por agentes de Policía Nacional y Guardia Civil al Ministerio del Interior. Los jugosos sueldos son un gran incentivo para los agentes, dependiendo de la relevancia de la capital en la que finalmente recale el funcionario seleccionado.
En la mayoría de estos destinos, el sueldo mínimo suele rondar los 10.000 euros al mes. Los pluses de peligrosidad o distancia ayudan a incrementar esa cifra, que en algunos lugares del mundo puede superar los 20.000 euros mensuales, según detallan las fuentes consultadas.
En las embajadas, los funcionarios policiales hacen las veces de enlace de España con las autoridades policiales del país en cuestión, pero también pueden llegar a realizar labores de protección del edificio público.
En un principio, este funcionario policial fue condenado a tres meses de prisión por el Juzgado de Lo Penal Número 3 de Benidorm como autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad, además de ser considerado autor responsable de dos delitos leves de lesiones.
Pero el condenado recurrió la sentencia y la Audiencia de Alicante rebajó la pena al eliminar el delito de atentado contra agente de la autoridad y estimar parcialmente su recurso en una sentencia dictada el pasado mes de marzo.
Finalmente, la Audiencia eliminó la pena de prisión y estableció que el inspector era responsable de un "delito de resistencia a agentes de la autoridad previsto y penado en el artículo 556 del Código Penal". El agente fue condenado a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, "manteniendo el resto de pronunciamientos".
Ahora, el Supremo ha rechazado el último recurso ordinario de este agente de la Policía Nacional y la sentencia ya es firme. Pero podría presentar un recurso extraordinario para que el Tribunal vuelva a revisar su caso, una opción que le permitiría ganar tiempo.
Expediente
Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros del Cuerpo Nacional de Policía podrán ser muy graves, graves y leves. Las sanciones van desde la separación del servicio hasta la suspensión, traslados o pérdida de días remunerados.
En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrarán instructor y secretario, a cuyo cargo correrá su tramitación.
El nombramiento de instructor recaerá en un funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado. Si el nombramiento recae en funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, deberá tener, en todo caso, igual o superior categoría a la del funcionario sometido a expediente y, en caso de que fuese igual, deberá ocupar un número anterior en la relación escalafonal.
Además, podrá ser nombrado secretario cualquier funcionario destinado en el Ministerio del Interior.
Los hechos por los que ha sido condenado en firme el inspector tuvieron lugar el 10 de agosto de 2018 en Benidorm en torno a las 22:50 horas.
Ese día, los agentes de la Policía Local de Benidorm realizaron una intervención en relación con el acusado que estaba "en días libres con dos compañeros de trabajo".
Al parecer, la patrulla se personó en el lugar donde se encontraba ante la llamada de un taxista que se estaba viendo "vejado y amenazado" por el inspector.
"Yendo afectado por la previa ingesta de bebidas alcohólicas que le mermaba pero no anulaba sus capacidades cognitivas y volitivas, le requirieron para que se identificase, negándose el acusado en numerosas ocasiones", según consideró el juzgado de Benidorm.
Tras una discusión, "el acusado con ánimo de menoscabarlo físicamente y desconociendo el principio de autoridad se abalanzó con el agente de la Policía Local, al que propinó un bofetón en la cara que también le hizo caer al suelo, momento en el que sus compañeros intervinieron para reducir al ahora acusado, empleando para ello la fuerza mínima imprescindible".