Uno de los emprendedores que prometía resucitar muertos, denunciado por la gestión de una urbanización

El administrador es Rubén T., un emprendedor que estuvo relacionado con Cecryon, la empresa que prometía resucitar a los muertos a cambio de 200.000 euros tras someter los cuerpos a un tratamiento de congelación y que fue expedientada por la Generalitat Valenciana.

A principios de este año, la empresa de este administrador asumió la gestión de Masía de Traver, en Riba-roja del Túria, la urbanización más grande de la comarca del Camp del Túria en la que se gestionan 839 viviendas y una población de más de 3.000 vecinos, con un presupuesto anual de casi 600.000 euros.

EFE / MANUEL BRUQUE

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Desde el primer momento, en la misma asamblea electa, el administrador se enemistó con los propietarios al afirmar que los "vecinos son borregos", según apuntaron fuentes de los afectados al periódico EL ESPAÑOL.

Los vecinos descontentos con su gestión denuncian que, "desbordado y sin las capacidades suficientes", el administrador ha ido acumulando errores que ha afectado a la gestión de los fondos y promovieron su cese, una decisión que está pendiente de confirmar.

"Papeles que no se presentan a Hacienda, vecinos que, de golpe a repente pasan a ser morosos porque no se les ha girado el recibo que tenían domiciliado, redacción de actas que no se ajustaban a la realidad, actitud amenazante..." son algunas de las irregularidades, señalan.

Además, según denuncian, "se han hallado pagos sin justificación, irregularidades contables" o la cobertura supuestamente ilegal de dos de los vocales de la junta.

La tensión ha ido creciendo con el paso de los días y la Policía tuvo que personarse en el residencial hace un par de semanas para obligar a salir al administrador en la reunión en la que se votaba su cese. Pero "se atrincheró e impidió que se celebrase con normalidad, cogiendo el ordenador de la urbanización".

"Solo queremos que se vaya y nos deje en paz", solicitan los afectados.

A preguntas de este periódico, el administrador negó las acusaciones y declinó realizar valoraciones sobre la denuncia, remitiéndose a un comunicado que hará público a través de sus abogados. 

Reuniones

El pasado día 19 de septiembre, los afectados explican que la comunidad de vecinos de Masía de Traver convocó una asamblea general para decidir su cese. En la misma, según las fuentes consultadas, se presentó un informe donde se detallaron "una relación de incumplimientos y negligencias".

La junta le comunicó que su presencia no era requerida. Sin embargo, el administrador se presentó, "haciendo caso omiso a las indicaciones con una abogada y un notario y se atrincheró en el despacho".

"Se apoderó del ordenador de la comunidad e impidió que se celebrara la legal y democrática votación vecinal. Ni la Policía pudo disuadirlo", según narran los vecinos presentes en la reunión.

"Previamente al día 19, el administrador empleó el correo para intimidar a los vecinos. Venía a decir que si le cesábamos nos denunciaba. Luego, posteriormente a ese fatídico día, volvió a emplear el correo de los vecinos para recordarnos que nos iba a denunciar y que iba a pedir 100.000 euros. Y el colmo ha sido cuando la semana pasada se dedicó a repartir octavillas por la urbanización amenazando a la presidenta".

El acceso indiscriminado a los datos personales de los propietarios es lo que ha empujado a los afectados a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para pedir amparo.

Los problemas continuaron. En la última asamblea celebrada el pasado jueves 3 de octubre, también tuvo que acudir la Policía Local de Riba-roja por la presencia del actual y el anterior administrador. "Ha sido solicitar una auditoría de los últimos 5 años, y activar la puesta en común de acciones de los dos anteriores administradores". 

En ese encuentro se vivieron momentos de tensión, según los afectados. Tanto es así, que la propia presidenta "tuvo que abandonar la sesión asistida por una ambulancia por la ansiedad generada".

Pese a los altercados, finalmente, se pudo proceder a la votación sobre su continuidad con un resultado de 171 votos a favor del cese, frente los 38 en contra. El administrador mantiene que esa votación fue "ilegal"

"A pesar de ello, reitera su amenaza de demandarnos con 100.000 euros cuando los perjudicados somos nosotros", aseguran las mismas fuentes.

Los vecinos han planteado crear una plataforma de afectados tras descubrir que "lo que nos ha ocurrido a nosotros, les ha ocurrido a otros vecinos", según detallan.

Cecryon

Este administrador estaba relacionado con la empresa Cecryon. Esta sociedad se presentó en 2018 y aseguró que los muertos, en el futuro, se levantarán y volverán a la vida.

La empresa se instaló sobre unas instalaciones a 22 kilómetros del centro de Valencia, en la localidad de Riba-roja del Túria, la misma población en la que se encuentra la urbanización.

La empresa decía que iba a contar con unas cápsulas que criogenizarían los cuerpos por un período de cien años.

El proyecto contemplaba decenas y decenas de estos recipientes futuristas, piscinas del sueño ultra tecnológico en las que los cuerpos serían conservados en nitrógeno líquido enfriado a 196 grados bajo cero. Los cadáveres permanecerían adormecidos durante décadas. Y alguien, no se sabía quién, en algún momento les despertaría.

Cada persona interesada tenía que pagar 200.000 euros. Una vez realizado el pago, se firmaría un contrato de 100 años de duración. Cecryon se comprometía a conservar todos los cuerpos durante todo ese período de tiempo. Incluso menos, si alguien los reclamaba antes.

Albert Estrada ejercía de jefe del servicio médico del centro y este administrador, cuya experiencia se reducía a administrador de fincas y a trabajador de una compañía de seguros, se encargó de dar la cobertura del seguro. Javier Tapa era otro de los impulsores.

"Nosotros somos la última línea de defensa de la vida del ser humano. Cuando la medicina falla, cuando la persona ya va a fallecer, su única opción es enterrarse o quemarse y con nosotros tiene una tercera, que es criopreservarse", aseguraban.

En 2019, la Generalitat abrió un expediente informativo a la empresa Cecryon para "evitar que acabe en un fraude al consumidor".

Según confirmaron fuentes conocedoras de este expediente, la empresa desapareció tras la orden de la Generalitat.

La actuación de la Administración valenciana pretendía proteger a posibles inversores, que eran los que estaban vivos, porque los clientes eran las personas fallecidas y difícilmente podían reclamar.