La Audiencia de Valencia ha condenado al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo del PP Eduardo Zaplana a más de 10 años de prisión por el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en su etapa al frente del Consell.

Además, también ha sido condenado al pago de 25 millones de euros de multa. La sentencia ha sido notificada este martes y considera que el expresidente cobró mordidas tras la adjudicación de los contratos de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), privatizadas por él y rescatadas por la izquierda valenciana, y del Plan Eólico.

Zaplana ha sido considerado autor de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.

"Ostentaba un cargo de gran relevancia, al ser presidente de la Generalitat Valenciana y por ello, máximo responsable en el Gobierno valenciano, lo que hace que su conducta sea especialmente reprobable", recuerda la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Por ello, la Sala también le impone 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros 3 para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros.

En cambio, el Tribunal le absuelve del delito de organización criminal, pero decreta el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa.

La Sala también ha condenado a otros cinco acusados a penas de entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Entre ellos destacan los hermanos Cotino, sobrinos del exdirigente del PP Juan Cotino, fallecido en 2020.

En cambio, la Audiencia ha absuelto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, al no quedar acreditada su participación en la trama.

Sociedades

Según consta en la resolución, en paralelo a la estructura societaria diseñada en Luxemburgo para esconder el dinero, "la organización de Eduardo Zaplana constituyó un entramado societario en Panamá con cuentas bancarias en Andorra, para recibir dinero también de procedencia ilícita".

"En el reparto de funciones diseñado por Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro, colocó de nuevo como financiero para la gestión de los fondos a Francisco Grau, de su círculo de amistad más estrecho y que poseía los necesarios conocimientos financieros", relata la Sala.

Por su parte, "era su amigo Joaquín Barceló, la persona que ostentaba la titularidad y poderes de las sociedades y de las cuentas bancarias, permitiendo que Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro se mantuviese oculto en todas las operaciones, sin la que no hubiera sido posible ocultar todo su patrimonio ilícito".

Tanto Grau como Barceló "conocían la procedencia ilícita de los fondos que ingresaron en las cuentas de Andorra tituladas por las sociedades panameñas".

Según la sentencia, el exministro del PP era el "verdadero titular de los fondos de Imison Internacional SA, en este entramado societario era el titular real o último beneficiario de Medlevante SL (participada en un 99,98% por Imison Internacional SA)".

"Utilizó la sociedad Costera del Glorio SL, para efectuar disposiciones de dinero e inversiones inmobiliarias y en Gesdesarrollos Integrales SL, participó no de forma directa sino a través de Medlevante SL (titular de un 42,33%)".

Testaferro uruguayo

La sentencia detalla que a mediados del año 2009, Zaplana conoció a Washington Fernando Belhot, su testaferro de nacionalidad uruguaya.

"El que ambos se conocieron aproximadamente en estas fechas fue reconocido por el acusado Eduardo Zaplana Hernández-Soro, afirmado por el testigo Washington Fernando Belhot Fierro y resulta además del análisis de las agendas personales" del exministro.

Ambos llegaron a un acuerdo de que "por él se iba a asumir la administración fiduciaria y gestión del patrimonio de Eduardo Zaplana Hernández-Soro, mediante el traspaso de los fondos de Imison Internacional SA a Uruguay, por la confidencialidad, por el secreto bancario y por el convenio de protección de inversiones, así como por el principio de territorialidad".

Se trató "de una relación de confianza" y "no se firmó ningún tipo de encargo cuando se le pidió que administrase los activos". "En eso consistía la fiducia", recuerda el Tribunal. 

"Era útil para Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro, al no resultar así desvelado ni la identidad real del propietario de los fondos ni el origen de los mismos", añade.

La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El presidente del Tribunal ha sido Pedro Castellano, expresidente de la Audiencia de Valencia y el magistrado que archivó varias causas que afectaban al PP.

Además, recientemente ordenó llevar a juicio a la exdirigente de Compromís Mónica Oltra por presuntamente ocultar los abusos de su exmarido a una niña tutelada.

Reacciones

Tras conocer la sentencia, la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, ha mostrado el "absoluto respeto" del Ejecutivo autonómico por "los procedimientos judiciales y más en este caso que se trata de una sentencia que aún no es firme".

"La valoración del Consell, pues como en cualquier otro caso, es el más absoluto respeto por las sentencias y justamente una sentencia que todavía no es firme, pues respeto". "Creo que es lo más adecuado, lo más democrático que podemos hacer, pues respetar las decisiones y el trabajo de la Justicia", ha recalcado.

También se ha pronunciado sobre la sentencia Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que a Zaplana se le vulneró "la presunción de inocencia" y no ha recibido "el trato mediático ni político" de otros dirigentes.

"Yo no soy quien para juzgar a los jueces. Yo no soy como el Partido Socialista ni como la izquierda, que ha decidido ser juez, ley y Gobierno. Sí sé que Zaplana es una persona a la que le vulneraron la presunción de inocencia durante todo este tiempo", ha señalado la jefa del Ejecutivo madrileño.