Los Ayuntamientos de Granada, Córdoba y Jaén se han sumado al "frente local" liderado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para llevar el cupo catalán al Tribunal Constitucional.
Catalá se ha reunido este miércoles en la capital del Turia con sus homólogos de estas ciudades: los populares María Francisca Carazo (Granada), Agustín González (Jaén) y José María Bellido (Córdoba).
Durante su intervención en el III Observatorio de los ODS, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia en Valencia, la primera edil avanzó que el objetivo de este encuentro es reclamar la reforma de la financiación local y oponerse al "despropósito" del cupo catalán.
Al respecto, afirmó que el acuerdo fiscal entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC "supondrá una merma" en la financiación de las autonomías, pero también en los recursos que reciben los municipios.
Por ello, insistió en que cuando se lleve a cabo este cupo, un grupo de ciudades, entre las que también se encuentra Madrid y Sevilla, planteará un conflicto ante el Tribunal Constitucional por vulneración de la autonomía local, ya que se ataca el principio constitucional de suficiencia financiera de los Ayuntamientos.
Según los cálculos del equipo económico del Ayuntamiento de Valencia, la caja de la solidaridad sufriría un agujero de unos 23.000 millones de euros con las concesiones a Cataluña, lo que supondría, según afirmó, un 10% de pérdida de ingresos para los municipios.
Conflicto ante el TC
La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril permite a las entidades locales presentar un conflicto en defensa de la autonomía local por la vulneración de los principios de suficiencia financiera.
En el artículo 75, establece que están legitimados para plantear estos conflictos "un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente".
Para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la autonomía local, según la normativa, será necesario el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta.
Además de este recurso ante el Constitucional, la estrategia pasa por solicitar al Consejo de Europa y, en concreto, al Congreso de Poderes Locales y regionales del Consejo de Europa que investigue al Gobierno de España por vulnerar los artículos 4.6 y 9.6 de la Carta Europea de la Autonomía Local.
Este documento exige que las corporaciones sean consultadas en tiempo y de forma apropiada de todas las cuestiones que les afecta. Sobre todo, la relativa a los recursos económicos.
La alcaldesa de Valencia la liderado en las últimas semanas la reivindicación ante el Gobierno central de reformar la financiación de los municipios. Catalá propone que la financiación local se calcule sobre los ingresos brutos de la recaudación del Estado.
Reunión en Valencia
"Debemos parar el cupo catalán", subrayó Catalá tras el encuentro. "Iremos donde haga falta porque los municipios nos vamos a quedar con las migajas de la financiación. Es un despropósito y un ataque al municipalismo", consideró.
Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, defendió la necesidad "de tener una financiación digna para estar en igualdad de condiciones que las comunidades autónomas". Aseguró que "los ayuntamiento y los vecinos no pueden ser los que paguen ese cupo catalán que saca de la caja única lo que es de todos".
Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, aseguró que le preocupa "profundamente" el cupo catalán "porque supone un problema añadido a la dificultad que tenemos los ayuntamientos a la hora de prestar los servicios en igualdad de condiciones que el resto de ayuntamientos de todo el país".
Finalmente, el alcalde de Jaén, Agustín González, manifestó que "la calidad de vida de la ciudadanía pasa por una financiación justa, y que ha de ser equiparable para todos los ciudadanos".
Los cuatro exigieron al Ejecutivo central que aborde "de una vez por todas" la reforma del sistema de la financiación local, "porque los municipios somos la primera puerta a la que llaman los vecinos, y necesitamos recursos suficientes para atenderlos".