La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de Valencia que Eduardo Zaplana ingrese en "prisión provisional comunicada y sin fianza", una vez que se ha notificado a las partes la sentencia dictada en la que el político valenciano resultó condenado a más de 10 años de prisión y una multa de más de 25 millones de euros.
Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, el Tribunal ha aceptado la petición del fiscal y ha fijado para el próximo 7 de noviembre la vista para valorar si encarcela al exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana aunque la sentencia no es firme.
La petición de la Fiscalía Anticorrupción se justifica en que "los delitos por los que resulta condenado son todos ellos graves, asociados a la corrupción en el ejercicio de las más altas funciones públicas tanto en la Comunitat Valenciana, como en el Gobierno de la nación".
Ello determina, según Anticorrupción, "un evidente interés social en que la sentencia sea cumplida, habiendo acreditado la sentencia la existencia de un patrimonio oculto en el extranjero con evidente posibilidad económica para eludir la acción de la justicia", según consta en el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso este periódico.
El documento razona que Zaplana cuenta con "entramados societarios complejos, teniendo acceso por sus relaciones y por su nivel económico a países, fiduciarios y entidades bancarias extranjeras que no son accesibles al ciudadano medio".
Por ello, solicita ya su ingreso en prisión, al margen del recurso que el exministro presentará ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal condenó la semana pasada al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo del PP por el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones en su etapa al frente del Consell.
Además, también fue condenado al pago de 25 millones de euros de multa. La sentencia da por acreditado que el expresidente cobró mordidas tras la adjudicación de los contratos de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), privatizadas por él y rescatadas por la izquierda valenciana.
Zaplana fue considerado autor de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.
"Ostentaba un cargo de gran relevancia, al ser presidente de la Generalitat Valenciana y por ello, máximo responsable en el Gobierno valenciano, lo que hace que su conducta sea especialmente reprobable", recoge la sentencia
Por ello, la Sala también le impuso 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros 3 para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros.
En cambio, el Tribunal le absolvió del delito de organización criminal, pero decretó el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa.
La Sala también condenó a otros cinco acusados a penas de entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Entre ellos destacan los hermanos Cotino, sobrinos del exdirigente del PP Juan Cotino, fallecido en 2020.
En cambio, la Audiencia absolvió al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, al no quedar acreditada su participación en la trama.