El Gobierno valenciano aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, la norma con la que pretende regular por primera vez desde la Generalitat los usos y prohibiciones del litoral.
Esta nueva ley, que tendrá que ser aprobada por las Cortes Valencianas, pondrá fin al Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana), aprobado en 2018 por el gobierno de Ximo Puig.
El primer borrador que se publicó en el Diario Oficial de la Generaltiat Valenciana (DOGV) el pasado mes de julio permitía la construcción de establecimientos hoteleros en la franja litoral fuera de los primeros 200 metros y no 500 como establecía el Pativel.
Además, prohibía con carácter general los usos residenciales en los primeros 500 metros y autorizaba los campings y similares dura de los 100 metros.
Estas condiciones, sin embargo, no aparecen en el anteproyecto actual, que habla de tres zonas: de protección ambiental, de mejora medioambiental y de reordenación. La distancia en metros se regulará en la ley de simplificación que está debatiéndose en el Parlamento valenciano.
La ley valenciana de costas, una vez aprobada, establecerá un periodo transitorio para que el Pativel se reformule y se convierta en el Plan de Ordenación Costera.
Equilibrio
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, explicó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que el objetivo de esta ley es conseguir un "equilibrio" entre la protección del litoral y las actividades económicas.
En este sentido, avanzó que se creará una nueva figura de protección para los poblados marítimos típicos de la Comunitat Valenciana y que están amenazados por los deslindes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Tendrán que ser los Ayuntamientos quienes soliciten esa protección para evitar su derribo. En caso de que no se pueda evitar el deslinde en alguna de las casas, el Gobierno autonómico compensará a los afectados con suelo público.
Respecto a un posible conflicto competencial con el Ejecutivo central, el conseller del ramo afirmó que el artículo 49 del Estatuto de Autonomía permite a la Comunitat Valenciana la ordenación de todo el territorio.
Cabe recordar que recientemente el Tribunal Constitucional avaló la ley de costas gallega que el Gobierno había recurrido, al entender que se habían excedido en sus competencias.
Qué dice la ley
La propuesta normativa se fundamenta en principios de protección y mejora ambientales, así como en la reordenación paisajística.
Su finalidad es regular de manera efectiva el uso y la conservación del litoral garantizando la compatibilidad entre las actividades económicas y la preservación del medioambiente.
Con un total de 59 artículos, además de siete disposiciones adicionales y tres transitorias, la futura ley establece directrices para la ordenación del litoral, abarcando desde principios de distribución de competencias entre administraciones hasta la regulación específica de playas y un sistema de catalogación que clasifica estas en función de su grado de urbanización.
Este anteproyecto también busca reformular el Pativel al elevar a rango de ley las normas básicas de zonificación del litoral, estableciendo los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez, este martes
El objetivo es aportar una planificación "más clara y con mayor seguridad jurídica", dado que las normas generales tendrán carácter legal, y será la norma reglamentaria la encargada de clasificar y catalogar cada zona del litoral, lo que pretende aumentar tanto la seguridad jurídica como la flexibilidad en la gestión del territorio.
Asimismo, la futura ley se centrará en la protección de los valores naturales esenciales y de la biodiversidad evitando acciones que puedan dañarlos.
Por primera vez, una ley valenciana protegerá específicamente la posidonia, con la prohibición, con carácter general, del fondeo de embarcaciones sobre esta especie.
La parte final de la ley establece un régimen de inspección y sanciones orientado a mantener el equilibrio entre los valores naturales y las actividades humanas.
Además, las disposiciones adicionales abordan la vigilancia de resoluciones estatales que puedan afectar negativamente a la costa valenciana, la elaboración de un inventario de terrenos costeros degradados y la creación de áreas de suelo para reordenar espacios que no sean recuperables.