Susana Camarero en una visita reciente a un centro de Villena con programa migratorio.
Un informe revela "reiteradas incidencias" en la gestión de menores tutelados de la Generalitat Valenciana
- El defensor del Pueblo valenciano alerta de que "se están vulnerando" derechos de los niños con los retrasos en los pagos para asegurar su manutención.
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Un informe elaborado por la Sindicatura de Greuges -defensor del Pueblo valenciano- ha alertado de las "reiteradas incidencias" en la gestión de la protección de menores tutelados y ha instado a la Generalitat Valenciana a poner orden en los pagos que reciben las familias de acogida para asegurar su manutención.
El informe, del pasado 10 de octubre y consultado por EL ESPAÑOL, advierte de que "se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes acogidos, así como los de las familias acogedoras" con los retrasos injustificados que sufren las familias de acogida.
Este superior interés implica, según el informe, "la prioridad presupuestaria, en el ámbito de las competencias de las distintas administraciones" para hacer frente a los gastos del día a día.
La legislación reconoce esta prestación como un derecho porque las familias asumen unas competencias de la Administración autonómica para favorecer la integración familiar de estos niños, muchos de ellos en una situación de gran vulnerabilidad.
Pero se han registrado importantes retrasos en los pagos, en algunos casos de hasta cuatro meses, tanto con el anterior gobierno de Ximo Puig (PSOE) como con el actual de Carlos Mazón (PP), una situación que deja historias dramáticas y no garantiza la atención adecuada a los niños.
Investigación
La institución abrió una investigación tras constatar que, con el inicio del ejercicio presupuestario correspondiente a 2024, volvían a producirse incidencias en el pago de la prestación para el sostén a la crianza de menores de edad en acogimiento familiar.
Son muchas las familias que denunciaron "seguían sin percibir las mensualidades
correspondientes a los primeros meses del año".
"Esta prestación no debería interrumpirse porque las personas menores de edad acogidas generan gastos de alimentación, vestido, etc... de forma continuada durante el tiempo de permanencia con la familia acogedora y esta interrupción puede repercutir en la adecuada atención a estos menores de edad", consideró la Sindicatura de Greuges
Sin embargo, constataron que, "tanto en 2022 como en 2023, se han producido incidencias en el abono de las ayudas correspondientes a los meses de final y comienzo del ejercicio presupuestario".
En la tramitación de las quejas presentadas ante el Síndic de Greuges, las familias señalaban que era "un problema que se venía produciendo año tras año y que, desde la Conselleria competente, les indicaban que cobrarían todos los atrasos en marzo y, excepcionalmente, en abril, normalizando así la situación".
A la vista de todo ello, la institución solicitó el pasado mes de marzo a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que emitiera informe al respecto.
Problemas contables
La Generalitat Valenciana "sigue atribuyendo la demora en los pagos de la prestación para el sostén de la crianza de los menores de edad en acogimiento familiar a los trámites contables previos que requiere el cierre del ejercicio económico ejecutado en diciembre y la apertura del ejercicio
económico nuevo".
Por tanto, "se trata de un problema generalizado en todas las familias acogedoras" y "habitualmente se viene produciendo una demora de dos o tres meses, a veces incluso más".
Así fue en 2022, 2023 y, "por lo que venimos observando, también en 2024", advirtió el síndic.
La conselleria que dirige la vicepresidenta valenciana Susana Camarero manifestó "haber realizado modificaciones y desarrollos de los aplicativos informáticos, aunque no especifica cuáles son las medidas concretas adoptadas para evitar que se produzcan estas demoras en el abono de la prestación cada cambio de ejercicio
presupuestario".
A pesar de que el problema no se ha resuelto, "la entidad pública considera que no será necesario adoptar nuevas medidas".
Para el defensor del Pueblo valenciano, "da la impresión, en definitiva, de que estas demoras no son percibidas como una anomalía por parte de la Conselleria cuando se trata de un problema reiterado y generalizado".
La consellera Susana Camarero, en el centro de la imagen, junto al resto de conselleras del Gobierno valenciano.
Por otra parte, "la falta de precisión de la Conselleria en informar sobre las medidas adoptadas está impidiendo a esta institución conocer las causas concretas de las demoras y en qué consisten los cambios que se están llevando a cabo por parte de todas las administraciones implicadas".
En cualquier caso, "resulta evidente la necesidad de establecer un mecanismo o una aplicación contable específica para estos pagos que atienda su especialidad y que permita el pago de prestaciones periódicas regularmente, dentro del plazo establecido".
Además, señala el síndic, "resulta ineludible que la Conselleria resuelva las incidencias en la gestión de estas prestaciones y que los trámites contables propios de cada principio de ejercicio no supongan una demora en su abono".
"Dando por hecho que las familias acogedoras, además de su tiempo y dedicación a los niños y niñas acogidos, tienen que disponer de una provisión de fondos para poder hacer frente a los gastos de la crianza cada final de año y principio del siguiente", subrayó.
Del mismo modo, "echamos de menos que, como buena praxis, se informe a las familias acogedoras del derecho de reclamar, llegado el caso, el abono de los intereses de demora por el retraso en el pago de una obligación reconocida".
Derechos vulnerados
"Lo cierto es que, con estas reiteradas incidencias, se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes acogidos, así como los de las familias acogedoras", recordó la Sindicatura.
Este superior interés implica, según este informe, "la prioridad presupuestaria, en el ámbito de las competencias de las distintas administraciones".
Por ello, insistió en la "necesidad de establecer un procedimiento de abono de la prestación más ágil y que no se viera interrumpido por los trámites contables que requiere el cierre de un ejercicio económico y la apertura del ejercicio económico nuevo".
De igual modo, propone que se realice "un seguimiento exhaustivo de las modificaciones y desarrollos de los aplicativos informáticos que se vienen implementando para garantizar el adecuado funcionamiento del abono de las prestaciones".
Además, pide que se informe "a las familias acogedoras, llegado el caso, del procedimiento a seguir para reclamar el cobro de intereses de demora por el retraso en el pago de una obligación reconocida".
Según la Sindicatura, la Generalitat Valenciana trasladó que "aceptaba nuestros recordatorios legales y nuestras recomendaciones dirigidas a solventar la problemática surgida".
