Isabel García, exdirectora del Instituto de la Mujer.

Isabel García, exdirectora del Instituto de la Mujer.

Valencia TRIBUNALES

Investigan a la exdirectora del Instituto de la Mujer por los contratos que obtuvo de municipios del PSOE

Valencia
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El juez responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata ha aceptado la inhibición cursada por el Juzgado de Instrucción 7 de Valencia, tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra la exdirectora del Instituto de las Mujeres, la socialista Isabel García.

La dirigente valenciana del PSOE fue denunciada junto a una segunda persona por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público, en relación con supuestas irregularidades en más de 60 contratos públicos de Ayuntamientos entre los años 2022 y 2024.

El juez ha acordado abrir diligencias previas por esta denuncia y ha encargado una investigación sobre los hechos a la Guardia Civil.

Asimismo, ha ordenado que se comunique la existencia de la denuncia a las denunciadas para informarles de los derechos que les asisten, entre ellos el de personación en la causa para tomar conocimiento de la misma, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El instructor considera, no obstante, que "no ha lugar en este momento a citarlas a declarar". Además, rechaza la participación de los denunciantes en las actuaciones de instrucción por "no estar debidamente constituidos como parte procesal".

Por último, el juez ha pedido un informe a la Fiscalía sobre la competencia territorial del juzgado para continuar la investigación, ya que los hechos denunciados se habrían producido no solo en la Comunitat Valenciana, sino también, al menos, en Madrid o Guipúzcoa.

El Gobierno cesó en julio a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres, días después de que EL ESPAÑOL publicase que la empresa que comparte con su mujer recibió al menos 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE, por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros.

El cese de Isabel García se produjo tras las críticas del socio de Gobierno Sumar, que reclamó su dimisión. 

La política valenciana se defendió en todo momento de las acusaciones al asegurar haber cumplido "escrupulosamente" la ley.