La Generalitat alega que si el Gobierno percibía que el riesgo era muy alto debió declarar la "emergencia nacional"

La Generalitat Valenciana se defiende de los ataques de Moncloa contra su gestión de la DANA. "El Gobierno podía haber asumido perfectamente y legalmente el mando, decretando la situación 3 de emergencia, y no lo hizo", alega el Ejecutivo autonómico.

El equipo del presidente Carlos Mazón (PP) replica a las acusaciones vertidas por parte de fuentes del Ejecutivo central, que responsabilizan a la Generalitat de las graves consecuencias del descomunal temporal.

Las inundaciones sorprendieron a los ciudadanos el pasado martes por la tarde y causaron cientos de muertes en la provincia de Valencia.

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Uno de los reproches es que la Administración autonómica no solicitara la "situación 3" de emergencia, la mayor de todas, la considerada "emergencia nacional".

Según la guía del Ministerio de Interior, esta situación la decreta el Gobierno "por propia iniciativa o a instancias de las CCAA afectadas o de los delegados del Gobierno en las mismas", según subraya la Generalitat, que destaca que el fenómeno afectó a varias autonomías, circunstancia que habilitaba al Gobierno para liderar una operativa conjunta.

"En ella se considera que está en juego el interés nacional", reza el manual. "El director de la emergencia es el propio ministro del Interior y la UME asume la dirección operativa de la emergencia bajo su dirección", precisa.

Al respecto, la Generalitat Valenciana subraya que "el Gobierno podía haber asumido perfectamente y legalmente el mando, decretando la situación 3 de emergencia, y no lo hizo porque se estaba actuando correctamente y en el seno del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada)".

"Si el Gobierno valoró declarar emergencia nacional y no lo hizo, es porque no consideró la situación lo suficientemente grave como para tomar los mandos. De hecho, dos días después, mandó dos ministros y al Ejército, que de facto es reconocer que estamos ante una situación 3, pero sin admitirlo oficialmente", argumentan las fuentes consultadas de la Generalitat Valenciana.

"La Generalitat no pidió pasar a situación 3, es cierto, pero el Gobierno puede tomar esa decisión por sí mismo, sin necesidad de que se lo pida la comunidad autónoma afectada. El paso a situación 3 lo puede pedir hasta la Delegación del Gobierno si quiere", concluyen al respecto.

La UME

Otro de los reproches a la Generalitat es la lentitud en la solicitud de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). "Es falso", aseveran de forma tajante.

"A las 15.00 horas del martes, la Conselleria de Justicia e Interior solicita a la Delegación del Gobierno la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME)", manifiestan, y agregan que así lo reconoció inmediatamente el Gobierno central.

En efecto, según la Generalitat, "la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, lanza un tuit, que es de las 15.21 horas del 29 de octubre, donde afirma que ha recibido la solicitud de la GVA [Generalitat Valenciana] para activar la UME y apoyar los medios de la GVA ante la situación provocada por la DANA en Utiel", destacan.

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"Desde el Gobierno de España atendemos la petición y colaboramos con ellos ante la emergencia provocada por la DANA en Utiel", dijo la mandataria.

Por tanto, agregan, "no es verdad lo que relata el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuando afirmó en rueda de prensa el miércoles por la tarde que, a las 20.36, la Generalitat Valenciana solicitó la intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencias)". "La solicitud, confirmada por la delegada del Gobierno, es de cinco horas y media antes, de las 15 horas", insisten.

La ES-Alert

Otro foco de críticas hacia el Gobierno de Mazón es que la alerta masiva a los teléfonos móviles vía radio, que se ha utilizado por primera vez en la Comunitat Valenciana con esta catástrofe, no se utilizara hasta pasadas las 20.00 horas, cuando las inundaciones ya se estaban produciendo.

Ese mensaje "se manda en el seno del CECOPI [Centro de Coordinación Operativa Integrada], previo consenso y acuerdo de todos los agentes y administraciones implicadas, que consideran que se daban las condiciones para mandar un mensaje de este tipo a la población", argumentan. Y subrayan que en ese organismo, que se reunió a las 17.00 horas, "estaba la delegada del Gobierno".

La decisión de activar ES-Alert, según subrayan, "recae en las autoridades de Protección Civil, que evalúan la gravedad de la situación y el riesgo para la población". "Los criterios para su activación incluyen: magnitud de la amenaza, área geográfica afectada, tiempo disponible para la respuesta y posibles consecuencias para la seguridad pública", precisan.

Se trata, según la Generalitat, de la decisión de un organismo técnico en el que participan todas las Administraciones públicas. "Se acuerda con Delegación del Gobierno, bomberos, emergencias, y todo el resto de entidades y organismos cuando se tiene toda la información disponible y cierta", recalcan.

Resulta obvio que llegó tarde, cuando la catástrofe no era una amenaza, sino una realidad. Pero la Generalitat se escuda en que la decisión la toma un organismo en el que también participa el Gobierno, y en el que "los técnicos de Emergencias y del Consorcio Provincial de Bomberos aseguran que se cumplieron los protocolos de alerta y avisos a la población".

Cronología de avisos

La Generalitat subraya que este nuevo sistema no es, en absoluto, la única vía de comunicación con la población, y ofrece una cronología de los avisos realizados antes de la catástrofe.

Recuerda que las advertencias se produjeron desde el domingo, y que el lunes, a las 12.00, la Generalitat ya había emitido una alerta sobre la posibilidad de lluvias, inundaciones con atención a ríos y barrancos. A las 15.00 la elevó a nivel naranja.

A las 7.45 del martes, día en el que se produjeron las inundaciones, la Generalitat decretó y comunicó la alerta roja en la provincia de Valencia "conforme a los protocolos que marca el Gobierno y según las informaciones de AEMET y la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar)".

A las 11.30 decretó y comunicó emergencia en barranco del Poyo, en el río Magro, en Utiel y en la Ribera Alta. A partir de mediodía fue cuando se desbordaron ríos y barrancos. El agua destrozó a su paso multitud de localidades valencianas.

"Se envió un mensaje por la tarde a las 20.00 horas, pero no como inicio de la alerta, sino únicamente como un único elemento de comunicación más. Fue cuando lo recomendaron las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia", alegan sobre el controvertido mensaje vía móvil.

"Se comunicó por todos los canales disponibles desde el domingo y se decretó alerta roja el lunes por la tarde", insisten, y subrayan que "no se podían restringir derechos fundamentales (movilidad, trabajo…) al no existir un estado de alarma decretado, que le correspondería al Gobierno".