La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia celebró este jueves una vistilla para valorar el ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana tras ser condenado a 10 años y cinco meses por la trama de las ITV en el caso Erial.
El tribunal convocó esta vista después de que la Fiscalía Anticorrupción, una vez dictada la sentencia de Erial, que no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, pidiera el ingreso inmediato en prisión de Zaplana al apreciar riesgo de fuga.
En la vista, los magistrados han escuchado tanto los argumentos del fiscal como de la defensa y finalmente, tomará una decisión, que no se conocerá este jueves, sino en los próximos días, según fuentes judiciales.
Anticorrupción pidió el ingreso en prisión de Zaplana una semana después de conocerse la sentencia dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que le condenaba.
Este jueves, la Fiscalía Anticorrupción solicitó formalmente la medida al apreciar "riesgo de fuga" por su elevada fortuna en el extranjero y recordó al Tribunal un alto cargo de su Gobierno en Valencia se fugó a Japón, país que no tiene convenio de extradición con España, tras ser condenado por corrupción. Se trata de José María Tabares, condenado en el caso Ivex.
En cambio, la defensa del político valenciano aportó un informe médico elaborado por los forenses del juzgado, del año 2019, para descartar esta medida.
En este sentido, reiteró que todos estos años "ha estado a disposición de la Justicia y no ha aprovechado ningún momento para huir de la justicia".
"No hay ni el más mínimo indicio de riesgo. Tiene su casa, su familia, y todo lo tiene en España", añadió la defensa.
Al finaliza la vista, que ha sido pública, Zaplana intervenido para reiterar que "no está en mi ánimo fugarme". En este sentido, matizó a la Sala que su Gobierno fue el que interpuso la querella contra Tabares y que no tiene ninguna relación con el fugitivo.
Condena
La sentencia da por probado que percibió comisiones por la adjudicación entre 1997 y 2003 de estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana y las canalizó a través de una compleja estructura societaria tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo y con cuentas en Andorra.
El tribunal le declara autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales y le impone también, junto a la prisión, un total de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y multas que en total superan los 25 millones de euros.
Le absuelve, en cambio, del delito de grupo criminal.