El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Luis Alvise Pérez, se presentó de incógnito la noche del pasado martes en el pabellón de la Universitat Politècnica de València (UPV), donde se alojan unos 300 efectivos de los cuerpos de seguridad desplazados a la Comunitat Valenciana por la DANA, para acceder al edificio sin autorización.

Alvise llegó al recinto vestido de militar y haciéndose pasar por un mando del operativo. El dirigente ultra aseguró a su llegada que su intención era visitar el pabellón para revisar el estado de las instalaciones y repartir comida.

Tras ser reconocido, el personal de la UPV le impidió el acceso y le comunicó que los efectivos estaban descansando y ya habían comido, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del suceso.

A este recinto solo puede acceder el personal autorizado, han recordado estas fuentes, y ese fue el único motivo por el que se le denegó la entrada.

En cambio, el eurodiputado ha dado otra versión de los hechos a través de su canal de Telegram y ha cargado contra el personal de la UPV porque entre los trabajadores se encontraba una mujer que es concejal del PSOE en su pueblo.

Alvise incluso asegura en su canal que los afectados por la DANA y voluntarios policiales le habían pedido ayuda, una versión que desmienten los testigos presenciales a este periódico.

"La concejal socialista expulsa a Alvise Pérez de la Universidad de Valencia -en realidad es la Universitat Politècnica- cuando se disponía a planificar la entrega de alimentos calientes. Los afectados por la DANA y voluntarios policiales habían pedido ayuda y comida caliente al equipo del eurodiputado.

"La versión no tiene nada que ver con lo pasó", han insistido estas fuentes. 

"Inaceptable"

El vicerrector de Comunicación e Internacionalización de la Universitat Politècnica de València, José Francisco Monserrat, ha publicado un extenso mensaje en sus redes sociales contra la "campaña de acoso dirigida contra una compañera funcionaria de nuestra universidad".

"En el pabellón se encontraban descansando trabajadores que, tras largas jornadas de servicio, requieren tranquilidad y privacidad. Como responsables de su acogida, debemos asegurar que esa privacidad se respete y evitar la grabación de imágenes sin su consentimiento. Intentar acceder sin permiso y grabando a un espacio de descanso es inaceptable", aclaró.

Pero "más inaceptable aun me parece que se inicie una campaña de acoso contra una funcionaria pública por su afiliación política, así como la difusión de datos personales".

"Cada persona tiene derecho a sus creencias y a su afiliación, y estas no interfieren en el cumplimiento de sus funciones", recordó.

"Cierro este mensaje reiterando que cualquier ayuda es más que bienvenida, incluyendo la del eurodiputado, el señor Luís Pérez, siempre que se realice de manera ordenada y con respeto a las normas y personas involucradas. Mi intención con este comunicado es aportar claridad y apoyar a nuestra compañera", concluyó. 

Denuncias

Pérez acumula ya siete investigaciones en juzgados y tribunales de al menos cuatro comunidades autónomas por delitos que van desde financiación irregular de partidos y desórdenes públicos hasta revelación de secretos, calumnias o amenazas.

El pasado 29 de octubre se dio a conocer la decisión del Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid de enviar al Tribunal Supremo una denuncia presentada contra Alvise por un presunto delito de desórdenes públicos enmarcado en las manifestaciones que se llevaron a cabo en la calle madrileña de Ferraz contra la ley de amnistía.

Esta investigación se suma a otras seis que están pendientes: una en el Supremo, una en la Audiencia Nacional, dos en Sevilla, una en Barcelona y una en Castilla y León.

Se prevé, sin embargo, que todos los casos queden en manos del TS, toda vez que goza de la condición de aforado ante el alto tribunal por ser eurodiputado.

En concreto, consta que el Supremo registró el pasado 1 de octubre una querella de Vox contra el eurodiputado por sugerir que Santiago Abascal también pudo recibir dinero de la empresa de criptomonedas dirigida por Álvaro Romillo, que se investiga en la Audiencia Nacional por una presunta estafa de más de 300 millones de euros cometida por Madeira Invest Club.

Es precisamente en la causa que se investiga en dicho tribunal especial, en el Juzgado Central de Instrucción Número 5, donde el pasado 25 de octubre se admitió la denuncia que presentó el propio Romillo contra el dirigente ultra por un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos.

Se investiga si recibió supuestamente 100.000 euros en metálico para su formación, Se Acabó la Fiesta, durante la campaña para las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

Por su parte, la titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Sevilla ha librado testimonio a la Fiscalía del Supremo para que se haga cargo igualmente de la causa contra Alvise por la difusión de contenidos que podrían constituir delito de amenazas contra una juez.