El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llevará a cabo una remodelación profunda de su Ejecutivo para reorientarlo a la reconstrucción tras la peor DANA del siglo que ha arrasado la provincia de Valencia.

Entre los cambios, el jefe del Consell apuesta por la creación de un departamento con rango de vicepresidencia que se dedique exclusivamente a la reparación de los daños y la puesta en marcha de ayudas para todos los afectados, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

La idea es llevar a cabo la reestructuración del Gobierno autonómico este fin de semana, después de que el jefe del Consell comparezca este viernes ante las Cortes Valencianas para explicar detalladamente la gestión de esta emergencia. Estaba previsto que esta comparecencia se celebrara el jueves, pero se ha aplazado por la alerta roja por lluvias.

Mazón, que descarta dimitir, pretende sortear las críticas de la oposición y del Gobierno central con un nuevo equipo y una nueva estructura administrativa acorde para hacer frente a la nueva realidad, marcada por una tragedia que cuenta con 215 víctimas mortales.

Entre los cambios, se espera la salida de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable directa de la gestión de la catástrofe, y de su número dos, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. 

Ambos han sido señalados directamente por su "inacción" durante las primeras horas de la DANA y la falta de toma de decisiones en la primera reunión del Cecopi, convocada a las cinco de la tarde del 29 de octubre, cuando la zona de Utiel ya había sufrido fuertes inundaciones. 

Mazón delegó en la consellera la representación de la Generalitat, que no envió hasta pasadas las 20:00 horas la alerta a los móviles vía radio ES-Alert para desaconsejar la movilidad a la población. La advertencia llegó cuando el agua ya inundaba el área metropolitana de Valencia.

En los últimos días, personas cercanas al presidente, como el portavoz popular, Juanfran Pérez Llorca, han deslizado el descontento hacia Pradas. Llorca, en una entrevista reciente en À Punt, afirmaba que "cuando se organiza un gobierno y se reparten competencias, quedan muy establecidas en todos los ámbitos".

"El presidente no es miembro del Cecopi y no tiene por qué estar. Se trasladó cuando se le comunicaron determinadas cuestiones. Pero en Cecopi hay personal técnico cualificado. Porque él no esté no significa que no se tomen decisiones", añadió.

Más cambios

La remodelación del Consell también afectará a la titular de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, muy criticada tras unas declaraciones en las que afirmaba que "no iba a permitir" que los familiares de las víctimas accedieran al pabellón de Feria Valencia donde se estaban trasladando los cuerpos de los fallecidos.

Otro de los cambios que el presidente está barajando es el de la portavocía, en manos hasta la fecha de la consellera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Ruth Merino.

De hecho, la responsable de dar cuenta ante los medios de comunicación diariamente las decisiones adoptadas por el Ejecutivo valenciano es la actual vicepresidenta, Susana Camarero, que podría ser una de las figuras que gane peso en el nuevo Consell enfocado a la reconstrucción.

Este miércoles, Camarero, en rueda de prensa, afirmó que "todos y cada uno de los consellers están a disposición del presidente para lo que estime oportuno". "Teníamos preparada una legislatura normal y, evidentemente, hay que adaptarla" afirmó.

Mazón comparece este jueves en las Cortes Valencianas sin límite de tiempo para dar cuenta a la ciudadanía de las decisiones adoptadas durante la tarde del 29 de octubre. Estará obligado a responder a las críticas sobre su gestión.

El jefe del Consell tendrá la oportunidad de explicar si hubo o no coordinación con el Gobierno central y otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que ha responsabilizado de no avisar a tiempo de la crecida en el barranco del Poyo, una rambla sobre la que había previstas unas actuaciones que nunca se han llevado a cabo por razones medioambientales.

La desinformación y las diferentes versiones sobre lo sucedido ese 29-O han marcado los primeros días de esta tragedia.

Mazón tendrá que responder a los fallos en su gestión. Se le achaca que durante las primeras horas de la reunión del Cecopi, al que llegó sobre las siete de la tarde, estuviera manteniendo una comida de trabajo con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerla la dirección de À Punt.

También tendrá que responder sobre el retraso para activar la alerta masiva a la población y la ausencia de toma de decisiones durante las primeras horas de la emergencia, cuando, según fuentes presentes en la reunión del Cecopi, la titular de Interior estaba "desbordada".

Ayudas

Finalmente, recordará las medidas adoptadas como los beneficios fiscales y ayudas de hasta 800 euros al mes para alquiler para los afectados por la DANA. 

Mazón planteará al Gobierno de España 136 medidas en las que reclama la participación del Ejecutivo "para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la DANA".

Otra de las medidas es la solicitud de una ayuda complementaria a la de 6.000 euros anunciada de la Generalitat, "que complete y llegue hasta los 15.000 euros en total para los afectados".

Además, plantea otra "ayuda de 15.000 euros para rehabilitación o reconstrucción de la vivienda, complementarios a los dispuestos por la Generalitat Valenciana", así como una ayuda "para la compra de vehículos por un importe total de 1.464 millones para completar las prestaciones del Consorcio de Seguros".

Mazón también ha solicitado el pago de las prestaciones por dependencia y Renta Valenciana de Inclusión "para ayudar a los más vulnerables, así como una paga extra doble para los más afectados, un total de 65 millones de euros".

El Consell también ha pedido una línea de ayudas para la "reconstrucción e inmediata de las infraestructuras públicas de 2.687,45 millones de euros" y otra línea para la reconstrucción de las áreas industriales y polígonos de 7.000 millones de euros.

Igualmente, pedirá la ejecución de todas las obras de adecuación de los cauces para evitar prevenir y anticipar posibles guiadas futuras por importe de 2.200 millones de euros.