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El Gobierno de Carlos Mazón aprobó este martes la supresión del tope salarial que impedía a los miembros del Consell que fueran funcionarios cobrar un 15% más que el presidente, que percibe 80.173,92 euros

Una disposición del decreto de movilidad de los funcionarios que no estaba en el borrador negociado con los sindicatos permite a las personas que se incorporen como conseller o secretario autonómico procedentes de alguna responsabilidad pública mantener el sueldo de su anterior puesto.

Este artículo afecta al nuevo vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, teniente general del Ejército de Tierra retirado por haber cumplido la edad reglamentaria, que podrá mantener sus retribuciones anteriores a aceptar el cargo. También a su secretario autonómico de gabinete, el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado.

Hasta la fecha, la ley limitaba los sueldos públicos de los miembros del Consell en un 15% sobre el sueldo de Carlos Mazón. Este tope sí se mantiene en el caso de los directores generales y subsecretarios.

Fuentes de la Generalitat aseguraron que se trata de una "medida excepcional" para afrontar "una situación excepcional" como la que vive la Comunitat Valenciana tras la DANA del pasado 29 de octubre que arrasó parte de la provincia y se ha cobrado la vida de 222 personas.

En este sentido, subrayaron que el Ejecutivo necesita "incorporar talento y capacidad" para abordar la reconstrucción, "con personas que hayan actuado en escenarios de la envergadura como el que nos encontramos actualmente en Valencia".

Además, recuerdan que los sueldos de los miembros del Gobierno valenciano están entre los más bajos de España, "muy por debajo de autonomías como Cataluña, Andalucía, Madrid o País Vasco".

Esta disposición no estaba en el borrador del decreto de medidas extraordinarias para la gestión, organización y movilidad del personal empleado público como consecuencia de las graves inundaciones de la DANA negociado con los sindicatos. Según las fuentes consultadas, el sueldo de los altos cargos no se negocia en la mesa porque no cabe en la negociación colectiva.

Movilidad funcionarios

Este decreto aprobado el día de la toma de posesión del nuevo Consell, el tercero de Mazón desde que es presidente, pretende reforzar áreas clave de la Administración.

Plantea la agilización y reducción de los plazos para facilitar la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo del personal empleado público que opte por no jubilarse llegada la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa.

También establece un procedimiento de gestión de selección de personal temporal a través de las bolsas constituidas en todos los sectores de la Generalitat, sus entidades y organismos dependientes que incluya también el sanitario, el educativo y el de justicia, y que establezca la posibilidad de acudir, en su caso, a las personas demandantes de empleo inscritas en Labora.

Con ello se pretende garantizar la selección y reclutamiento rápidos del personal temporal adecuado que se requiera en cada momento para atender al incremento del volumen de trabajo.

Foto de familia este martes del nuevo Consell. EE

La tercera medida permite asignar temporalmente al personal empleado público tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes a los puestos de trabajo que desempeñan habitualmente o realizar adscripciones temporales con un procedimiento más ágil que el actual, que tendrá en cuenta preferentemente la voluntariedad.

Por otro lado, y con carácter excepcional, se podrán establecer horarios de mañana o de tarde para el personal empleado público mediante la organización de los turnos que se consideren necesarios.

Asimismo, permite habilitar a los órganos competentes para adecuar los programas de carácter temporal vigentes, de manera que puedan contemplar actuaciones específicas orientadas a la atención de las necesidades derivadas de la emergencia y la gestión de los daños causados.

El decreto establece que se podrá diferir el cese del personal funcionario interino hasta un máximo de dos años siempre que desempeñe estas funciones.