Las cinco medias verdades con las que Sánchez ha defendido la actuación del Gobierno ante la devastadora DANA de Valencia

1 - La competencia

En primer lugar, Pedro Sánchez subrayó que las competencias en materia de Emergencias son autonómicas y, en consecuencia, el Gobierno no podía tomar el control de la gestión de la catástrofe. Subrayó que así es cuando se trata de una "situación 2" de emergencia.

En efecto, la titularidad de las competencias de Emergencias es de la Comunitat Valenciana. Pero su afirmación es inexacta, porque el Gobierno de España tenía plena capacidad para elevar a situación 3 la emergencia, la mayor de todas, la considerada "emergencia nacional".

Según la guía del Ministerio de Interior, esta situación la decreta el Gobierno "por propia iniciativa o a instancias de las CCAA afectadas o de los delegados del Gobierno en las mismas". Además, se trataba de una emergencia que afectaba a varias autonomías y que causó 7 muertos en Castilla-La Mancha.

La gravedad del fenómeno meteorológico ha generado un profundo debate sobre si debió declararse la mencionada emergencia nacional para que el Estado interviniera desde el primer momento con todos sus medios en la tragedia, tal y como hizo durante la pandemia de la Covid-19. Pero ni el Estado ni la Generalitat Valenciana solicitaron la situación 3.

2 - El papel de la CHJ

El relato más falaz ofrecido por Sánchez fue el empleado para defender la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El presidente del Gobierno dijo que "no hubo apagón informativo" por parte de este organismo la tarde de la riada en el barranco del Poyo. También que hubo "comunicación constante" por parte de la CHJ.

Fue muy contundente en su defensa. Dijo que los organismos estatales actuaron con "rigor, rapidez y transparencia". "Los datos se elaboraron, los avisos se emitieron, la información llegó a todas las administraciones competentes", aseveró al terminar su intervención inicial.

Sánchez, con estas palabras, ocultó el error más grave del Estado el día de la tragedia. La CHJ informó puntualmente la tarde del 29 de octubre sobre el grave riesgo de rotura en la presa de Forata, que, de haberse producido, habría generado una avenida de agua colosal. Pero no informó con precisión sobre el fatídico barranco del Poyo, cuyo desbordamiento fue el que causó el grueso de las muertes.

La propia CHJ envió un comunicado el pasado 4 de noviembre en el que aireó su escasa comunicación a Emergencias. Según su propio escrito, no informó por correo electrónico de lo que ocurría en el barranco desde las 15.50 horas, cuando indicó que el caudal había bajado a 28,7 metros cúbicos por segundo, hasta las 18.43 horas, cuando ya era de 1.686 y el agua ya llegaba a las poblaciones.

Todo a pesar de que el protocolo de la CHJ exige a la entidad comunicar a la Generalitat por mail siempre que sus medidores detecten más de 150 metros cúbicos por segundo. Fueron 15 los avisos obligatorios no realizados en los momentos más críticos de la emergencia.

3 - La reacción tardía

Pedro Sánchez, para afear la falta de reacción de la Generalitat Valenciana, que no envió la alarma ES-Alert vía radio a todos los móviles hasta las 20.11 horas, afirmó que la gravedad del escenario meteorológico era pública y notoria.

Realizó un desglose de los organismos e instituciones que sí reaccionaron de forma preventiva tras la alerta roja que decretó AEMET por la mañana, como los 68 municipios que suspendieron las clases o determinados departamentos de la propia Generalitat Valenciana que, por su cuenta, también hicieron lo propio.

Es cierto que hubo muchas entidades más precavidas que la Generalitat Valenciana, pero Sánchez obvió en su desglose los organismos Estatales que tampoco interrumpieron su actividad, tales como Renfe.

Hubo trenes de AVE que se expusieron a graves peligros y tuvieron que regresar a la estación Joaquín Sorolla al encontrarse con túneles inundados por el agua, de modo que, si la Generalitat pecó de inacción ante una emergencia notoria, lo mismo le ocurrió a determinadas entidades estatales.

4 - Los medios desplegados

El presidente del Gobierno se reafirmó este miércoles en la que tal vez es su declaración más polémica desde la DANA. "Si necesitan ayuda, que la pidan", reiteró, en alusión a la Generalitat, una afirmación que fue criticada por condescendiente y distante en un momento de extrema necesidad para los valencianos.

"Aun a riesgo de que vuelvan a manipular mis palabras, nuestro deber es dar todos los recursos que soliciten", dijo este miércoles Sánchez, que subrayó que Mazón solo pidió medio millar de militares en un primer momento.

En efecto, la Generalitat "pasó de pedir 500 militares a más de 5.000 militares en unas pocas horas", como bien recordó Sánchez. Pero nada impedía al Gobierno incrementar el número de efectivos.

La Conselleria de Justicia e Interior solicitó a las 15.00 horas del martes 29 la a la Delegación del Gobierno la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y la Generalitat Valenciana subraya que, desde ese preciso momento, debieron ser los cuerpos estatales quienes, con criterio técnico y no político, decidieran los efectivos necesarios ante la catástrofe.

"La administración central está obligada a poner todos los medios y recursos porque en situación 2 de emergencia. De hecho, la norma establece que en la situación 2 los medios y recursos estatales ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma afectada, entre ellos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la red nacional de radio de emergencia, serán movilizados por el delegado del Gobierno", sostiene la autonomía.

5 - "Tramas de corrupción"

Por último, en el debate parlamentario posterior a su intervención inicial, Pedro Sánchez acusó a la Generalitat Valenciana de destinar fondos públicos que deberían ir a la población a beneficiar a empresas condenadas por corrupción.

Sánchez acusó a Mazón de adjudicar "a dedo" más de "76 millones de euros en contratos públicos para la reconstrucción". "De los cuales, 54,7 millones han ido a parar a empresas involucradas en tramas de corrupción, de financiación irregular del Partido Popular", agregó.

Se trata, según dijo, de "un dinero que tendría que ir a la gente y que hoy corre el riesgo, el peligro de acabar en las manos de los de siempre".

Esta argumentación es inexacta y demagógica. Si bien es cierto que algunas de las adjudicatarias son empresas que han sido condenadas por beneficiar al PP, se trata de grandes compañías proveedoras de servicios que han sido contratadas por gobiernos de toda índole, también con ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez y con la Generalitat Valenciana cuando la presidía Xímo Puig.

De hecho, los primeros 30 millones de euros adjudicados por el Estado para reparar carreteras destruidas por la DANA han sido a tres de las referidas firmas: CHM, Bertolín y Pavasal.

Como es obvio, los montantes, más allá del margen empresarial que puedan tener estas empresas, se destinarán a sufragar los servicios de urgencia que están prestando a la Generalitat Valenciana. Su elección se ha debido, fundamentalmente, a la disponibilidad inmediata de los medios para responder a las necesidades, en especial las de limpieza y reconstrucción de las zonas afectadas.