Diana Morant, en una imagen de archivo. Efe / Ana Escobar
El juez archiva el caso contra Diana Morant: descarta su prevaricación al impedir un desahucio en Gandía
- El instructor decreta en un auto el sobreseimiento provisional de las actuaciones y considera prescritos otros posibles delitos de la ministra.
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"No se aprecia que concurran, en las actuaciones de los denunciados, los elementos necesarios para poder subsumir los hechos al delito de prevaricación administrativa".
Este ha sido el pronunciamiento en un auto del titular del juzgado de instrucción número 1 de Gandía para disponer el sobreseimiento provisional de la investigación abierta contra el equipo de gobierno de la ciudad.
El caso amenazaba a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, por su intervención como alcaldesa al impedir el desahucio en la vivienda de un edificio de protección oficial, propiedad del ayuntamiento, que terminó después siendo okupado.
El instructor, además de descartar prevaricación, considera "ya prescritos" otros posibles delitos que se le atribuían a Morant "en los tipos penales de los artículos 410, 412 y 508". Se trata de los delitos de desobediencia, de denegación de auxilio, y de impedimento de la ejecución de resoluciones judiciales.
La instrucción investigaba tanto la actuación de Morant como la de su sucesor en el cargo en la Alcaldía de Gandía, José Manuel Prieto.
Tras la denuncia se encontraba el exalcalde de Gandía del PP, Arturo Torró, que estaba personado en la causa como acusación popular. La apoyó la Fiscalía de Valencia.
Los hechos se remontan al mes de junio de 2015, año en el que la actual secretaria general del PSOE valenciano ocupó por primera vez el cargo de alcaldesa de Gandía.
Morant, recién nombrada, se presentó a las puertas de un bloque de viviendas propiedad del Ayuntamiento junto a otros concejales para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social.
A partir de ahí, se produjeron más impagos y otras familias se vieron obligadas a abandonar el bloque de viviendas de propiedad municipal después de que varios clanes relacionados con el narcotráfico ocuparan los pisos vacíos.
Vía contenciosa
El asunto acabó en la vía contenciosa, y los tribunales dictaron dos sentencias, publicadas por este periódico en 2022, cuyos hechos probados concluyeron que la actuación de Diana Morant y el resto de los concejales que participaron en este desahucio provocó impagos y daños en el edificio público.
El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito", impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección", según concluyeron los tribunales.
La actuación causó un perjuicio económico de 700.000 euros por los desperfectos causados por la posterior ocupación de las viviendas, según las sentencias, al existir "una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión".
"Relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio, que tenía reflejo no solo en el aludido testimonio sino también en todos los informes emitidos por la policía local y los distintos servicios municipales".
Estas sentencias instaron al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta".
Pero no se abrió ningún expediente en estos términos y en un principio se imputó la partida de coste a la empresa concesionaria, Inmobles Reunits de Catarroja SL. El Ayuntamiento de Gandía explicó que era la concesionaria del edificio la que debía hacerse cargo de la rehabilitación de las viviendas, y la promotora afectada se opuso en los tribunales.
Abandonado y okupado
Desde ese momento, el edificio está abandonado y okupado por clanes familiares vinculados al tráfico de drogas. Según un informe municipal, su estado actual "imposibilita el uso residencial previsto para el mismo".
Junto a Morant y el actual alcalde de Gandía, también fue denunciada María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales.
La investigación versaba sobre si la oposición al desahucio y las posteriores actuaciones del ayuntamiento merecían algún reproche penal. El actual alcalde, además de subrayar que Morant "se encuentra aforada, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", argumentó la inocencia de los investigados.
"La denuncia rectora de las presentes actuaciones, no imputa ningún tipo delictivo a los denunciados, limitándose a señalar los posibles delitos de prevaricación, malversación o cualquier otro delito contra la Administración", dijo.
A juicio del alcalde de Gandía, la denuncia buscaba una "criminalización" del Derecho. "Hoy resulta desgraciadamente habitual el recurso a la jurisdicción penal para la resolución de conflictos que, en principio, tiene atribuido el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal cual es el control de su legalidad", lamentó.
"La tendencia a criminalizar cuestiones inicialmente ajenas al Derecho Penal ha adquirido en los últimos tiempos especial importancia respecto del ejercicio de la función pública ostentada por alcaldes y concejales, especialmente en el Ayuntamiento de Gandía", agregó la defensa de Prieto en su escrito.
El juzgado les da la razón con el actual sobreseimiento provisional, al considerar que "no se aprecia que concurran, en las actuaciones de los denunciados, los elementos necesarios para poder subsumir los hechos al delito de prevaricación administrativa.
