La delegada del Gobierno premiada por Sánchez reconoce la retirada 'ilegal' de coches de la DANA en Catarroja
- Pilar Bernabé concede que el trabajo realizado con los vehículos por la alcaldesa socialista "no atendía a la legalidad vigente"
- Más información: Generalitat denuncia que el Gobierno de Sánchez deja sin ayudas a 80.000 afectados de la riada de Valencia
A los dos meses de que la riada de Valencia arrasara con 120.000 coches, la gestión de su retirada se ha convertido en un grave problema de seguridad para vecinos y entorno. La delegada del Gobierno premiada por Pedro Sánchez en la Ejecutiva del PSOE reconoce ahora que lo hecho en Catarroja "no atendía a la legalidad vigente".
La revelación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se ha producido este sábado en la habitual reunión del Cecopi. En ella ha desvelado que la alcaldesa socialista de Catarroja, Lorena Silvent, compactó los vehículos que están en las campas antes de que el Gobierno de España lo autorizase.
Según las fuentes conocedoras de la reunión consultadas por EL ESPAÑOL, Bernabé indicó que "esa compactación que se hizo in situ en las campas en Catarroja no atendía a la legalidad vigente". Es decir, la que determina el Real Decreto-ley 8/2024 de 28 de noviembre.
En esa norma se presentan dos formas de afrontar el problema. La primera es el traslado a centros autorizados de tratamiento al final de su vida útil, los CAT, para los vehículos afectados que hayan sido peritados y que sean declarados como pérdida total.
Los que no tengan esa consideración podrán ser retirados en el plazo de dos meses desde la comunicación del peritaje a su titular por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.
Esta semana está siendo especialmente polémica después de que se hayan declarado dos incendios en sendas campas en los que permanecen apilados los coches que han sido retirados tras la DANA. En el caso de Alberic fue necesario desalojar tres residencias de ancianos y pedir que los vecinos no salieran de sus casas, debido al riesgo generado por el humo.
El Cecopi está abordando este asunto durante los últimos días en medio de las quejas de los ayuntamientos que no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo unas tareas de retirada que son de su competencia, y para las que necesitaban la mencionada cobertura legal del Gobierno central.
El objetivo es poder retirar los vehículos de las campas cercanas a pueblos o centros educativos. Y para ello hacen falta esos recursos especializados, que la Generalitat ha ofrecido este mismo sábado a los ayuntamientos en forma de más centros CAT que permiten descontaminar y fragmentar los coches, para su tratamiento.
Las palabras de Pilar Bernabé señalando que la labor del Ayuntamiento dirigido por su compañera de partido "no atendía a la legalidad vigente" llega después de que ella misma criticara al Consell por la retirada de vehículos de las campas.
Según la Generalitat, las palabras de Bernabé demuestran que cada Administración tiene su parcela de responsabilidad. Si los coches siniestrados se encuentran en los cauces, la retirada corresponde al Gobierno. Si están en vías autonómicas, es competencia de la Generalitat, mientras que los ayuntamientos se encargan de los vehículos en parcelas municipales.
La retirada es un proceso complejo porque hay una cantidad ingente de vehículos pendientes de la baja definitiva, y porque es vital que se pueda garantizar la trazabilidad para proteger los derechos de los propietarios. Aquellos vehículos que no son declarados siniestro total pueden ser reclamados por los propietarios para recuperarlos y es necesario ofrecerles esa posibilidad.
Desde la Generalitat se viene reclamando nuevas unidades móviles de peritaje en las campas, que permitan acelerar las bajas definitivas, y que el Gobierno haga un llamamiento masivo a otros CAT de España para avanzar en la retirada a puntos de tratamiento definitivo.