![Carlos Mazón en una zona afectada, en una imagen de archivo. EE](https://s1.elespanol.com/2025/01/29/valencia/920168612_252699028_1024x576.png)
Carlos Mazón en una zona afectada, en una imagen de archivo. EE
Un centenar de afectados por la dana se querella contra cinco miembros de la Generalitat y el presidente de la CHJ
La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia buscan atribuir responsabilidades por la "inacción" de los querellados.
Más información: Tres meses después de la dana la Generalitat Valenciana ha entregado el 33% de las ayudas y el Gobierno sólo el 11%
La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia ha presentado una querella contra cinco miembros del Consell de la Generalitat y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Un centenar de personas que forma la asociación busca así atribuir responsabilidades en cuanto a la gestión realizada tras la riada, así como señalar "la inacción" de algunas funciones.
Además, la asociación afirma que pedirá la declaración del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como testigo.
En concreto, la querella se presenta contra la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que fue la responsable de Emergencias durante la dana, y el entonces el secretario autonómico de Seguridad y emergencias, Emilio Argüeso.
También contra el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE); la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo.
A estas cinco personas se les acusa, desde la Asociación de Damnificados Horta Sud, de los presuntos delitos de homicidio imprudente, delito de lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro.
Argumentan que hubo "inacción" de sus funciones en cuanto a la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos durante la catástrofe.
El presidente de la asociación, Cristian Lesaec, recalca: "No podemos dejar que los responsables no respondan ante la justicia por esta gestión tan nefasta". "Esto no puede quedar así, los responsables deben pagar por ello", añade.
Junto a la querella, de 67 páginas, se incluye una investigación cronológica en la que se detalla que "de haberse activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia".
Según esta investigación, "demostraría que a las 15 horas los querellados ya contaban con datos suficientes para haberlo activado". Sin embargo, la alerta no se envió hasta las 20.11 horas, cuando el caudal del barranco del Poyo y el río Magro estaban "completamente desbordados".
Asimismo, se hace un recorrido individual sobre las funciones y obligaciones que los querellados tenían y sobre "las decisiones que no tomaron".
Esta querella, interpuesta ante los juzgados de instrucción de Valencia, llega justo cuando se cumplen tres meses de la dana del 29 de octubre, que dejó un total de 224 fallecidos y tres personas desparecidas.