Los tres altos cargos a los que Antifraude pide devolver el plus de vivienda son de Compromís: cobraron juntos 140.000 euros

Como informó este periódico, Antifraude, finalizada la fase de indagación, urgió a la conselleria a "iniciar los procedimientos de reintegro que en derecho procedan de lo percibido por indemnización por causa de cambio de residencia sin haberse justificado dicho cambio ni los gastos en los que se incurrió". 

Reclamó, a su vez, que se acredite "documentalmente el inicio del procedimiento de reintegro".

El informe realizado por Antifraude señaló que percibieron el complemento salarial por residir fuera de sus municipios, como si hubieran cambiado de domicilio habitual de forma temporal para atender sus funciones.

Pero, en realidad, según Antifraude, nunca quedó acreditado que cambiaran de vivienda. De hecho, tras recabar documentación del parque móvil -donde se aparcan los coches oficiales del Gobierno-, la Agencia cotejó que tres de los cuatro investigados utilizaron estos servicios para "ir y volver del domicilio habitual".

Los tres lo niegan

Preguntados al respecto, los tres rechazaron este último extremo. Rafael Climent, como informó este periódico, explicó que sí residió en Valencia y negó por completo haber utilizado el coche oficial para regresar a Muro de Alcoi de forma habitual.

"Estoy muy tranquilo porque puedo acreditar el alquiler del piso durante todo ese tiempo y que realicé un uso racional del coche oficial, que es un instrumento necesario", manifestó el dirigente.

El dirigente agregó que su piso costaba "el triple del neto recibido por el plus de residencia", que él cifra en unos 300 euros al mes.

Enric Nomdedéu, en una imagen de archivo. EE

Por lo que respecta a Enric Nomdedéu y a Rosana Seguí, ambos expusieron un escenario distinto al de Climent. Explicaron a EL ESPAÑOL que mantuvieron su residencia en sus localidades de procedencia, a la que iban y volvían con su coche particular.

No obstante, subrayaron que dicha práctica fue avalada por Intervención cuando accedieron a sus cargos, al considerarlo el complemento adecuado a cobrar por residentes de fuera de Valencia a la distancia que ellos acreditaron.

La investigación de Antifraude afectó inicialmente a cuatro miembros del anterior Ejecutivo, pero la publicación oficial no indicó sus nombres ni el partido de los dirigentes, contrastados después por EL ESPAÑOL. El caso de uno de ellos, también de Compromís, fue finalmente descartado.

El órgano de fiscalización y lucha contra el fraude y la corrupción, que desde julio dirige Eduardo Beut, decidió cambiar el criterio de publicación de los expedientes de investigación para anonimizar todos los datos que pudieran revelar quiénes eran los infractores en cada causa. 

Así, en la resolución mencionada, los investigadores expusieron que tuvieron conocimiento de la "presunta percepción indebida del plus de residencia por altos cargos" el pasado 16 de febrero de 2023. Es decir, cuando todavía gobernaba el tripartito formado por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.

Norma de 1995

La legislación establece que los miembros del Ejecutivo "que se vean obligados a cambiar su residencia habitual como consecuencia del mencionado nombramiento, tendrán derecho a disfrutar de una indemnización mientras dure dicha situación".  

En esta norma, que en realidad fue un acuerdo del Consell firmado en 1995, tan solo se establece que este complemento no puede superar en ningún caso el 14% de las retribuciones anuales que tengan asignadas. 

Esta paga, en definitiva, se puso en marcha para que los miembros del Gobierno que vivieran lejos de su lugar de trabajo -hay miembros del Ejecutivo de Castellón o Alicante, mientras las sedes de las consellerias se encuentran, la mayoría, en Valencia- pudieran hacer frente a los gastos extra que tuviera aparejado el desempeño del cargo. Como, por ejemplo, el pago del alquiler de una vivienda.  

Pero desde que entró en vigor, su aplicación no ha sido homogénea en los distintos departamentos del Ejecutivo, según ha reconocido en diferentes ocasiones la Intervención de la Generalitat (la última en septiembre de 2023) y recoge ahora la Agencia Valenciana Antifraude.

Rafael Ciment, en Alcoi. EE

Antifraude interpreta sobre los tres exdirigentes "que no se incurrió en gasto extraordinario alguno pese a haberse estado percibiendo" el mencionado complemento. 

"Carece de justificación percibir el complemento salarial citado y utilizar los servicios del parque móvil para ir y volver del domicilio, simultáneamente", concluyó el expediente de investigación que, acto seguido, instó a "valorar el inicio de los procedimientos de reintegro que procedan en su caso".

De lo contrario, indicó, "supone un mal uso de los recursos públicos".

"Que se dicten instrucciones precisas sobre la incompatibilidad de la percepción de la indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia y la utilización de vehículos del parque móvil para ir y volver del lugar donde se tiene la residencia habitual", recogió el escrito. 

Eduardo Beut también reclamó a las consellerias que remitieran un "cronograma de actuaciones" puestas en marcha y modifiquen la normativa actual "a la mayor brevedad para no mantener situaciones de reconocimiento de indemnizaciones por razón de cambio de residencia de forma indebida".